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Debate sobre gobernanza de Internet en América Latina

Se realizó en Buenos Aires el LACIGF 11, un foro de discusión regional donde múltiples partes interesadas se reunieron para debatir el futuro de la gobernanza de Internet.

Debate sobre gobernanza de Internet en América Latina

09/08/2018 16:47

 

Tratamiento de datos personales, neutralidad de red y “fake news” fueron algunos de los temas que se trataron la semana pasada en Buenos Aires en el Foro de Gobernanza de Internet de América Latina y Caribe (LACIGF 11, según su sigla en inglés), un espacio donde múltiples actores de América Latina se reunieron para debatir sobre la gobernanza de Internet.

Las discusiones sobre datos personales oscilaron entre los principios básicos para orientar su tratamiento, la contribución a los modelos de negocio y a la innovación, así como también, desde una perspectiva regulatoria, cómo lograr que esos principios se apliquen concretamente.

“Para los modelos de negocio de esta economía digital, un pilar fundamental es que las personas tengan confianza en el tratamiento que se hace de sus datos … Los pilares básicos tienen que ver con la transparencia, con la seguridad que le damos a los datos, así como dar la posibilidad a las personas de empoderarse en el uso de sus datos y que tengan capacidad de elección”, aseguró Juan Manuel Haddad, Gerente de Legales y Asuntos Regulatorios de Telefónica Argentina.

También el Director de Asuntos Gubernamentales y Política Pública de Google América Latina, Pedro Less, puso el acento en el rol del tratamiento de los datos para el modelo de negocio digital y el fomento de la competencia. “Quienes protejan mejor los datos de los usuarios van a atraer más usuarios”, afirmó. En este esquema destacó la importancia de prestar atención a los mecanismos de seguridad a través de “autorregulación vinculante” para poder dar solución rápida a los problemas. En este sentido, planteó las dificultades para implementar aspectos de seguridad indicados en las regulaciones ya que se corre el riesgo de fomentar la concentración. “Desde la ley algunas veces no se pueden implementar obligaciones o solo lo pueden implementar cinco empresas y eso fomenta la concentración, que pocas empresas puedan cumplirlo”, explicó. Además dijo que, desde su perspectiva, el enfoque sobre la seguridad de los datos no debe ser territorial -dónde está ubicada la información- porque representa “un obstáculo para poder escalar si se tiene que invertir en almacenamiento local”. En cambio enfatizó en que la seguridad de los datos debe ser abordada en base a las distintas herramientas para procesar la información más que en el lugar dónde eso sucede.

 

 

Desde el sector gubernamental, Eduardo Bertoni, Director de la Agencia de Acceso a la Información Pública de Argentina, también planteó las dificultades de aplicación de principios como el consentimiento para el uso de datos, el derecho a la información, portabilidad de datos y principios de seguridad ante modelos tecnológicos cambiantes. “Creo que tenemos que ser creativos y pensar cada vez que avanzamos sobre regulaciones cuál es la posibilidad de que se haga efectiva y podamos los reguladores llevar algún tipo de enforcement sin que eso impida la innovación”, aseguró.

Desde la sociedad civil, Iria Puyosa de la organización Global Voices planteó que la legislación en materia de datos personales requiere el involucramiento de las organizaciones sociales y de la comunidad técnica y no sólo quedar restringida al debate entre el Estado y las empresas. Además enfatizó en que dado que los flujos de datos son transfronterizos, las regulaciones no pueden ser procesos locales sino que es importante armonizar las regulaciones nacionales para que tomen alcance regional. También enfatizó en garantizar la independencia del Ejecutivo de la autoridad regulatoria y la consideración de un modelo multistakeholder dentro de cada agencia.

En el mismo sentido, Raquel Gatto, asesora de Política de Internet Society, indicó que “para mantener una Internet abierta lo importante es el empoderamiento de los usuarios pero también el aspecto humano en todas las etapas desde desarrollo, implementación y desarrollo de regulaciones … En cualquier marco regulatorio de protección de datos hay que pensar que todas las partes interesadas tienen que tener voz”.

Otro de los paneles del LACIGF estuvo dedicado al debate en torno a la regulación sobre neutralidad de red. En este caso fue posible identificar dos posturas bien marcadas. Por un lado, la de las telefónicas que a través de representantes de organizaciones como ASIET y GSMA demandaron marcos amplios y regulaciones ex post. “Neutralidad no es sinónimo de rigidez”, sintetizó Pablo Bello, Director Ejecutivo de ASIET, mientras que la Gerente de Política de GSMA, Lucrecia Corvalán planteó que “el marco regulatorio debe ser flexible, amplio y contemplar flexibilidad comercial para que los operadores de red puedan hacer ofertas que respondan a  los usuarios”.

 

 

Por el contrario, desde la sociedad civil destacaron la importancia de regulaciones ex ante para mitigar el impacto de la concentración para el acceso a los contenidos. Flávia Lefèvre Guimarães, Consejera del Comité Gestor de Internet de Brasil (CGI.br) sostuvo que “donde existe una importante demanda de infraestructura es  igualmente importante  la regulación ex ante”. También señaló que cuando hay una aplicación dominante como Facebook, el espacio para quien quiere innovar es limitado y el consumidor no tiene posibilidad real de escoger.

Teniendo en cuenta que distintos países de América Latina se encuentran realizando procesos electorales, el tema de campañas de desinformación y “fake news” también formó parte de los temas del LACIGF.

“Quiero desmitificar que Facebook censura, Facebook no remueve ni elimina perfiles … Disminuimos el alcance de esa noticia [falsa] en la plataforma, no la quitamos, sino que reducimos su alcance, el usuario recibe la notificación de que la información fue notificada como falsa y el usuario decide si lo quiere compartir o no”, aseguró Mónica Guise Rosina, Public Policy Manager de Facebook Brasil. Además señaló que de acuerdo con el último informe de transparencia de la compañía, en el último trimestre se eliminaron 600 millones de cuentas falsas. “Vamos a continuar sacando todo lo que hiera nuestras políticas”, concluyó.

También desde la perspectiva de las plataformas, Gonzalo Navarro, CEO de la Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI) planteó que soluciones no regulatorias como las de Facebook “crean ese balance entre acceso a información y libertad de expresión y el rol de plataformas que no determinan qué es correcto y que no”.

A diferencia de la neutralidad de red, la perspectiva de la sociedad civil en el caso de las campañas de desinformación fue más escéptica sobre la aplicación de soluciones regulatorias por parte de los Estados que ponen en riesgo el derecho a la libertad de expresión. En este sentido, Agustina del Campo, Directora del Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información (CELE), señaló que “uno de los principales temas es cómo la definimos [a la desinformación] ya que de ahí se van a desprender líneas de análisis distintas, tipos de soluciones y tipos de problemas específicos”. Explicó que, desde su perspectiva, “las respuestas que están dando los gobiernos tienen problemas de definición”. Se refirió a la normativa francesa, malaya y alemana e indicó que lo que tienen en común es “la censura” por la desproporcionalidad de medidas planteadas en cada caso, que incluyen multas a los usuarios, y responsabilización a las plataformas, entre otras cuestiones.

Sobre lo que sí hubo consenso en el panel entre plataformas y sociedad civil fue en la necesidad de generar políticas públicas de educación para los usuarios para la verificación de fuentes.

Más allá de la diversidad de temas, el común denominador entre los debates sobre datos personales, neutralidad y noticias falsas es que en general, las plataformas piden autorregularse; las telefónicas, marcos flexibles y la imposición o extensión de obligaciones a los demás operadores del ecosistema (léase plataformas). Por su parte, las soluciones regulatorias de los Estados enfrentan dificultades de implementación, algunas veces por el propio avance de la tecnología, en otros por dificultades de comprensión en la definición del problema y en otros por cooptación de algunos de los actores empresariales, entre otras cuestiones. En tanto la sociedad civil continúa planteando la importancia de rendición de cuentas ante las autoridades públicas por parte de las plataformas como garantía de un acceso plural a contenidos diversos para el libre ejercicio de la libertad de expresión.

Debate sobre gobernanza de Internet en América Latina

Miembro del Programa de Industrias Culturales y Espacio Público (UNQ).

Se realizó en Buenos Aires el LACIGF 11, un foro de discusión regional donde múltiples partes interesadas se reunieron para debatir el futuro de la gobernanza de Internet.

 

Tratamiento de datos personales, neutralidad de red y “fake news” fueron algunos de los temas que se trataron la semana pasada en Buenos Aires en el Foro de Gobernanza de Internet de América Latina y Caribe (LACIGF 11, según su sigla en inglés), un espacio donde múltiples actores de América Latina se reunieron para debatir sobre la gobernanza de Internet.

Las discusiones sobre datos personales oscilaron entre los principios básicos para orientar su tratamiento, la contribución a los modelos de negocio y a la innovación, así como también, desde una perspectiva regulatoria, cómo lograr que esos principios se apliquen concretamente.

“Para los modelos de negocio de esta economía digital, un pilar fundamental es que las personas tengan confianza en el tratamiento que se hace de sus datos … Los pilares básicos tienen que ver con la transparencia, con la seguridad que le damos a los datos, así como dar la posibilidad a las personas de empoderarse en el uso de sus datos y que tengan capacidad de elección”, aseguró Juan Manuel Haddad, Gerente de Legales y Asuntos Regulatorios de Telefónica Argentina.

También el Director de Asuntos Gubernamentales y Política Pública de Google América Latina, Pedro Less, puso el acento en el rol del tratamiento de los datos para el modelo de negocio digital y el fomento de la competencia. “Quienes protejan mejor los datos de los usuarios van a atraer más usuarios”, afirmó. En este esquema destacó la importancia de prestar atención a los mecanismos de seguridad a través de “autorregulación vinculante” para poder dar solución rápida a los problemas. En este sentido, planteó las dificultades para implementar aspectos de seguridad indicados en las regulaciones ya que se corre el riesgo de fomentar la concentración. “Desde la ley algunas veces no se pueden implementar obligaciones o solo lo pueden implementar cinco empresas y eso fomenta la concentración, que pocas empresas puedan cumplirlo”, explicó. Además dijo que, desde su perspectiva, el enfoque sobre la seguridad de los datos no debe ser territorial -dónde está ubicada la información- porque representa “un obstáculo para poder escalar si se tiene que invertir en almacenamiento local”. En cambio enfatizó en que la seguridad de los datos debe ser abordada en base a las distintas herramientas para procesar la información más que en el lugar dónde eso sucede.

 

 

Desde el sector gubernamental, Eduardo Bertoni, Director de la Agencia de Acceso a la Información Pública de Argentina, también planteó las dificultades de aplicación de principios como el consentimiento para el uso de datos, el derecho a la información, portabilidad de datos y principios de seguridad ante modelos tecnológicos cambiantes. “Creo que tenemos que ser creativos y pensar cada vez que avanzamos sobre regulaciones cuál es la posibilidad de que se haga efectiva y podamos los reguladores llevar algún tipo de enforcement sin que eso impida la innovación”, aseguró.

Desde la sociedad civil, Iria Puyosa de la organización Global Voices planteó que la legislación en materia de datos personales requiere el involucramiento de las organizaciones sociales y de la comunidad técnica y no sólo quedar restringida al debate entre el Estado y las empresas. Además enfatizó en que dado que los flujos de datos son transfronterizos, las regulaciones no pueden ser procesos locales sino que es importante armonizar las regulaciones nacionales para que tomen alcance regional. También enfatizó en garantizar la independencia del Ejecutivo de la autoridad regulatoria y la consideración de un modelo multistakeholder dentro de cada agencia.

En el mismo sentido, Raquel Gatto, asesora de Política de Internet Society, indicó que “para mantener una Internet abierta lo importante es el empoderamiento de los usuarios pero también el aspecto humano en todas las etapas desde desarrollo, implementación y desarrollo de regulaciones … En cualquier marco regulatorio de protección de datos hay que pensar que todas las partes interesadas tienen que tener voz”.

Otro de los paneles del LACIGF estuvo dedicado al debate en torno a la regulación sobre neutralidad de red. En este caso fue posible identificar dos posturas bien marcadas. Por un lado, la de las telefónicas que a través de representantes de organizaciones como ASIET y GSMA demandaron marcos amplios y regulaciones ex post. “Neutralidad no es sinónimo de rigidez”, sintetizó Pablo Bello, Director Ejecutivo de ASIET, mientras que la Gerente de Política de GSMA, Lucrecia Corvalán planteó que “el marco regulatorio debe ser flexible, amplio y contemplar flexibilidad comercial para que los operadores de red puedan hacer ofertas que respondan a  los usuarios”.

 

 

Por el contrario, desde la sociedad civil destacaron la importancia de regulaciones ex ante para mitigar el impacto de la concentración para el acceso a los contenidos. Flávia Lefèvre Guimarães, Consejera del Comité Gestor de Internet de Brasil (CGI.br) sostuvo que “donde existe una importante demanda de infraestructura es  igualmente importante  la regulación ex ante”. También señaló que cuando hay una aplicación dominante como Facebook, el espacio para quien quiere innovar es limitado y el consumidor no tiene posibilidad real de escoger.

Teniendo en cuenta que distintos países de América Latina se encuentran realizando procesos electorales, el tema de campañas de desinformación y “fake news” también formó parte de los temas del LACIGF.

“Quiero desmitificar que Facebook censura, Facebook no remueve ni elimina perfiles … Disminuimos el alcance de esa noticia [falsa] en la plataforma, no la quitamos, sino que reducimos su alcance, el usuario recibe la notificación de que la información fue notificada como falsa y el usuario decide si lo quiere compartir o no”, aseguró Mónica Guise Rosina, Public Policy Manager de Facebook Brasil. Además señaló que de acuerdo con el último informe de transparencia de la compañía, en el último trimestre se eliminaron 600 millones de cuentas falsas. “Vamos a continuar sacando todo lo que hiera nuestras políticas”, concluyó.

También desde la perspectiva de las plataformas, Gonzalo Navarro, CEO de la Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI) planteó que soluciones no regulatorias como las de Facebook “crean ese balance entre acceso a información y libertad de expresión y el rol de plataformas que no determinan qué es correcto y que no”.

A diferencia de la neutralidad de red, la perspectiva de la sociedad civil en el caso de las campañas de desinformación fue más escéptica sobre la aplicación de soluciones regulatorias por parte de los Estados que ponen en riesgo el derecho a la libertad de expresión. En este sentido, Agustina del Campo, Directora del Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información (CELE), señaló que “uno de los principales temas es cómo la definimos [a la desinformación] ya que de ahí se van a desprender líneas de análisis distintas, tipos de soluciones y tipos de problemas específicos”. Explicó que, desde su perspectiva, “las respuestas que están dando los gobiernos tienen problemas de definición”. Se refirió a la normativa francesa, malaya y alemana e indicó que lo que tienen en común es “la censura” por la desproporcionalidad de medidas planteadas en cada caso, que incluyen multas a los usuarios, y responsabilización a las plataformas, entre otras cuestiones.

Sobre lo que sí hubo consenso en el panel entre plataformas y sociedad civil fue en la necesidad de generar políticas públicas de educación para los usuarios para la verificación de fuentes.

Más allá de la diversidad de temas, el común denominador entre los debates sobre datos personales, neutralidad y noticias falsas es que en general, las plataformas piden autorregularse; las telefónicas, marcos flexibles y la imposición o extensión de obligaciones a los demás operadores del ecosistema (léase plataformas). Por su parte, las soluciones regulatorias de los Estados enfrentan dificultades de implementación, algunas veces por el propio avance de la tecnología, en otros por dificultades de comprensión en la definición del problema y en otros por cooptación de algunos de los actores empresariales, entre otras cuestiones. En tanto la sociedad civil continúa planteando la importancia de rendición de cuentas ante las autoridades públicas por parte de las plataformas como garantía de un acceso plural a contenidos diversos para el libre ejercicio de la libertad de expresión.