"Pocas veces he visto un gobierno tan corrupto como el de la gobernadora Vidal" aseguró el juez en lo Contencioso Administrativo, Luis Arias, en relación a la causa por aportantes truchos donde se investiga al frente electoral Cambiemos. La definición del suspendido magistrado sirvió además para marcar el arranque del juicio político en su contra, acusado de 21 cargos, y que tuvo en la lista de testigos a la fiscal de La Plata, Betina Lacki. Una jornada marcada por la extrema tensión.
Arias es sin duda el magistrado que más dolores de cabeza ocasionó al gobierno de María Eugenia Vidal: dictaminó en contra de los tarifazos, consideró inconstitucional la municipalización de los comedores escolares e hizo lugar a una serie de presentaciones de los gremios en medio del conflicto docente, entre otras cuestiones.
La fiscal Lacki, titular de la Unidad Fiscal de Investigación y Juicio 2 de La Plata, fue la que abrió la grilla de testigos. Lo hizo en el marco de una denuncia realizada por el juez de Garantías platense, Pablo Raele, quien lo acusa de dictar una medida cautelar para frenar una desalojo de tierras en la localidad de Abasto.
En su calidad de testigo, la magistrada dio detalles de todo lo actuado en el marco de la causa penal que derivó en el desalojo de las personas que pugnaban por un lote. La orden de desalojo se consumó luego de haber sido confirmada por la Sala IV de la Cámara de Apelaciones y Garantías de La Plata.
El proceso de desalojo se ejecutó en mayo de 2015. La fiscal contó que lo vio llegar al juez Arias “acompañado de personas con las caras tapadas” y aclaró que se trataba de “gente con palos en una situación belicosa”.
Lacki es la fiscal que se encuentra investigando a una megabanda de policías y ladrones que actuaba en La Plata con presunta connivencia o ampara judicial para procurar la impunidad. Su relato fue seguido atentamente por el titular del jurado de enjuiciamiento, el presidente de la Suprema Corte, Julio Pettigiani, quien en todo momento asentía con su cabeza los dichos de la funcionaria judicial.
Tras su relato, se retiró de la sala de audiencias y fue afectuosamente saludada por el fiscal del juicio, el vidalista Procurador General bonaerense, Julio Marcelo Conte Grand. Quienes conocen al funcionario, aseguran que ese cálido saludo es una demostración de apoyo a la funcionaria que tiene a su cargo uno de los expedientes más calientes de la historia criminal de La Plata que se encuentra cruzado por nombres de magistrados y políticos en la picota judicial.
Luego declararon dos policías en el contexto de la denuncia por haber dictado una medida cautelar para impedir otro desalojo, esta vez, en la localidad de Gorina, que había sido dispuesto por el ex juez de Garantías César Melazo a pedido del ex fiscal Fernando Cartasegna.
Tanto Melazo como Cartasegna renunciaron ante el avance de los juicios políticos en su contra. Con esa jugada evitaron perder los derechos jubilatorios. Cartasegna es investigado en distintas causas penales por varios delitos. Melazo es uno de los ex magistrados que aparecen en las escuchas telefónicas de la megabanda criminal que investiga la fiscal Lacki. Todo tiene que ver con todo.
En sus testimonios, los policías Luis Alberto Neiver (ya jubilado) y Gabriel Herrera, confirmaron que Arias intentó impedir el desalojo de un asentamiento en Gorina, frente al barrio privado Grand Bell, donde vive parte de lo más granado de la sociedad de La Plata. Allí conviven jueces, políticos y empresarios de comunicación.
A preguntas de la defensa, ambos policías no pudieron explicar por qué hicieron caso a la orden de un juez penal para que desalojen y desoyeron una manda de otro juez, del mismo grado pero distinto fuero, que ordenaba frenar el desalojo.
El jurado está integrado por el senador Roberto Costa (Cambiemos), una de las espadas de la gobernadora Vidal en la cámara alta y en el Consejo de la Magistratura bonaerense. El otro oficialista que integra el jurado es el diputado Walter Carusso, también integrante del Consejo de la Magistratura provincial.
La oposición esta representada por los diputados Jorge D’Onofrio y Pablo Garate (Frente Renovador) y Santiago Révora (Unidad Ciudadana).
Los representantes de los abogados son Fabián Ramón Gonzalez (Morón); Diego Alejandro Molea (Lomas de Zamora); Osvaldo Enrique Pisani (San Isidro); Ambrosio Luis Bottarini (Pergamino) y José Alberto Apaz (San Martín).
Antes del inicio del juicio, Arias brindó una conferencia de prensa en la que expresó que ·”las verdaderas razones del jury no están dichas, y tienen que ver con las decisiones que tomé que, no tengo dudas, molestaron a ciertos poderes fácticos”.
En ese sentido recordó que suspendió "el decreto de necesidad y urgencia de 2015, por el cual se creaba el Enacom, también molestó mi actuación en las tarifas de servicios públicos en la provincia de Buenos Aires frente al monopolio de Rogelio Pagano, y mi intervención en el conflicto docente que protagonizó la Gobernadora con los gremios", reiterando los argumentos que esgrimió en ese sentido en la conferencia de prensa del 28 de junio pasado.
Según la grilla previa, está previsto que el juicio político se extienda durante diez jornadas.
