No fue una decisión fácil para Héctor Alberto Pro cuando, el 13 de abril de 2009, presentó una demanda penal contra el partido para el que había militado desde su surgimiento, del que había sido fiscal en una elección y que, por lo demás, llevaba por nombre su propio apellido.
Transcurrió casi una década. Una historia de lealtad no correspondida, transformada en expediente judicial, está a punto de ser archivada.
El reclamo de Pro contra el PRO por el uso del nombre sin autorización buscó carriles menos agrios que las acusaciones ancladas en códigos y registros de la propiedad, firmadas por abogados que prescinden de los sentimientos en juego y acumulan papeles en casilleros metálicos de Tribunales.
Al fin y al cabo, Pro -hoy de 88 años- y el fundador del PRO se conocían y hasta habían intercambiado diálogos amables.
Juntos caminaron las calles de Flores en la campaña que llevó a Mauricio Macri a la Jefatura de Gobierno en 2007. En esa ocasión, que marcaría el despegue definitivo del político Macri, Pro recuerda que actuó como fiscal general del PRO en su barrio de siempre, emblema del voto medio porteño.
Cuando notó que su apellido comenzaba a ser desvirtuado, Pro primero apeló a llamadas telefónicas a la oficina de Mauricio, y nada. Gabriela Michetti, tan amable siempre, tampoco atendió. Hubo que pasar a la acción: trámites ante el Registro de la Propiedad y cartas documento que ni siquiera fueron respondidas. No faltó una advertencia hiriente de un abogado en nombre del PRO de que recibiría una contrademanda.
Pro tenía antecedentes para intuir que pisaba en firme. Fue público el caso de Elsa Bor de Lencuentro, compensada por la cervecería Quilmes con cerveza libre en una fiesta por haber utilizado su nombre como eslogan durante años. Si Bor acordó con una fría multinacional, por qué no Pro con un político al que estimaba.
“El nombre registrado en debida forma por mi parte no es caprichoso ni tendencioso sino porque es mi APELLIDO. Que el partido Propuesta Republicana sabe a través de las comunicaciones cursadas por mi parte que no podía hacer uso del nombre denominativo ‘Pro’”, argumentó Pro, con toda lógica, en su demanda patrocinada por el abogado Rodolfo Ramírez Díaz.
"PRO, el poder de una idea", era el slogan de la campaña de Macri en 2007.
El juicio al PRO y a su “fundador e ideólogo Mauricio Macri” tuvo un capítulo en el fuero criminal federal (Julián Ercolini). Otra rama de la demanda pasó por contencioso administrativo federal (María José Sarmiento), para recalar finalmente en el fuero civil y comercial federal (Francisco de Asís Soto).
Pro expuso el perjuicio del que fue parte: “Se ha bastardeado tanto el uso que se llega a identificar mi apellido y mi registro con una persona; así tenemos, por ejemplo: ‘PRO informa’, ‘declaraciones de Pro’… Hoy en día decir Pro es decir Macri, y vemos graffitis en la ciudad en los que inclusive se insulta a mi nombre y registro, desplazando de tal forma cualquier expectativa al respecto”.
Pro, nieto de inmigrantes italianos, fue empleado administrativo hasta su jubilación. No tenía intenciones de fundar una marca, sino que inscribió su apellido en el Registro de la Propiedad para comercializarlo, admitió en el expediente.
La decisión de acudir a los Tribunales en defensa de sus derechos tuvo un costo para Pro. Debió abonar una tasa de Justicia de setenta pesos, con la expectativa de que la indemnización reclamada superara con creces esa suma.
Macri ignoró a Pro. Como gesto de buena voluntad, el demandante solicitó una mediación, a la que el entonces jefe de Gobierno no asistió pero mandó a sus abogados.
“Durmió la causa”, se queja todavía hoy con amargura Pro, desde su departamento en Flores.
En 2012, cuando el 54% de Cristina Fernández de Kirchner comenzaba a desinflarse y Macri retomaba su sueño presidencial, el demandado contestó a través de su apoderado José Torello.
En su presentación, Torello citó notas periodísticas en las que el publicista Ernesto Savaglio narraba que Macri lo había llamado en 2005, para que se hiciera cargo de la publicidad de Propuesta Republicana. La estrategia del creativo fue crear el apócope “PRO” y un signo que es “como la flecha play de los equipos de audio”.
En 200 páginas, intervinieron fiscales, jueces, mediadores y distintas oficinas públicas, pero el caso comenzó a languidecer. Bien mirado, el expediente muestra que quien lo durmió no fue Macri.
En noviembre de 2013, ya era hora de cerrar acusaciones federales contra Mauricio Macri. La causa de las escuchas ilegales que instruía Sebastián Casanello requeriría de una ofensiva nada sutil, que dio resultado dos años después. Pero el expediente iniciado por Pro seguía abierto, aunque sin movimiento.
Los abogados de Macri solicitaron ante el juzgado de Asís Soto la “caducidad de la instancia”. El patrocinante de la parte actora, Díaz Ramírez, ni contestó el pedido. El 25 de febrero de 2014, el martillo de la Justicia dio su veredicto y declaró el fin del reclamo, con costas a cargo de Pro.
Los abogados de Macri trataron de cobrar los honorarios fijados por el juez (12.000 pesos en 2014). Pro no está al tanto de que perdió y de su abogado, ni noticias. En marzo pasado, el juzgado puso la causa en prearchivo.
Pasó mucha agua debajo del puente de la relación Pro-PRO.
Hace tiempo, ya jubilado, Héctor Alberto Pro se sintió convocado a militar en política por primera vez en su vida, gracias a la propuesta republicana de Macri. Recuerda con entusiasmo las caminatas por Flores en frías mañanas de 2007. “Ganamos”, todavía celebra.
La incomprensión posterior de Macri, la indiferencia del partido e, incluso, la hostilidad de los abogados no menguaron un ápice la lealtad de Pro. “Tengo total afinidad con el Gobierno; he estado y sigo estando a favor de Macri”, dice.
