15|9|2022

Las razones del juez para intervenir los medios de Cristóbal López

06 de junio de 2018

06 de junio de 2018

Los veedores controlarán las cuentas, evitarán fraudes y valuarán los activos. Se acelera el proceso de venta o quiebra. Surgen llamativas transferencias de dinero.

El juez comercial Javier Cosentino dispuso este miércoles la intervención de los medios de comunicación y otras empresas del Grupo Indalo, semanas después de haber decretado la quiebra de Oil Combustibles, nave insignia del conglomerado propiedad de Cristóbal López y Fabián de Sousa. La medida, anticipada por Letra P, alcanza a C5N, radios 10 y Pop y al diario Ámbito Financiero, entre otras unidades periodísticas y de entretenimiento, y a sociedades vinculadas a Oil como Alcalis de la Pagonia, Oil M&S, Argentina Corre, Desarrollos Electrónicos Informáticos y Paraná Metal.

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El objetivo de la veeduría, a cargo de los mismos interventores que están tramitando la venta de los activos de Oil, es controlar las cuentas, valuar los activos y evitar fraudes, para luego proceder a la transferencia de las unidades de negocios o a su liquidación por quiebra. Por lo pronto, los síndicos elevaron informes que revelan honorarios elevados, transferencias de montos millonarios a dilucidar y designaciones en apariencia injustificadas que tuvieron lugar en los últimos dos años.

 

De la resolución del juez Cosentino surge que están comprobados entrecruzamientos societarios y vínculos económicos, con un número inequívoco: una veintena de empresas le deben a Oil Combustibles $3.440 millones, según los registros aportados por el holding. A su vez, casi todas ellas constituyen sociedades controladas por la petrolera. Es por ello que las convocatorias de acreedores de estas firmas recayeron en el mismo juzgado.

 

Si Cosentino sigue el criterio aplicado en Oil, procurará la continuidad operativa de las empresas y la preservación de los puestos de trabajo. En cuanto a los medios, varios empresarios se interesaron por el estado de los concursos de acreedores, pero dos fueron los más persistentes: la empresa médica Galeno demostró interés por C5N y el grupo Vila-Manzano, por radios.

 

Entre las razones sociales en juego se encuentran Telepiú (C5N), Votionis (Radio 10 y FM Mega), DH Com (Pop), Radio Productora 2000 (FM Vale), Imagen Radial (FM One), Editorial Amfin (Ámbito Financiero y el cerrado Buenos Aires Herald), Nefir (Ámbito.com), Time Solutions (DiarioRegistrado.com), IGD SA (Diario Patagónico) y la productora Ideas el Sur.

 

Empresas intervenidas de diferentes rubros, además de las mencionadas, son Promet, Iverco del Cono Sur, Magenta, Oil Construcciones, Esuvial, Paqari, Inversiones Indalo y Establecimiento Santa Elena.

 

Los veedores a cargo serán Carlos Bianchi, Francisco Cárrega y Liuba Lencova Besheva.

 

 

DATOS BAJO LA LUPA. Desde el vamos, los expedientes de los medios aportan indicios que capturaron la atención de quienes los vieron. Por ejemplo, se registró un egreso de fondos extraordinario de Editorial Amfin en noviembre pasado por 63 millones de pesos, en coincidencia temporal con el turbio proceso de venta -finalmente frustrado- a OP Investment, un sello comandado por el ex Clarín y ex Socma Ignacio Rosner y el ex abogado del grupo Mindlin Santiago Dellatorre. Visto esto, el síndico requirió más datos.

 

En junio de 2017, poco tiempo antes del ensayo con OP Investment, Fabián de Sousa, segundo accionista detrás de Cristóbal López, se otorgó honorarios como miembro del directorio de C5N por 2,3 millones de pesos. De Sousa, López, Rosner y Dellatorre fueron imputados por el fiscal federal Ramiro González por haber realizado una aparente venta simulada.

 

 

 

Un modelo detectado en Oil se repite en los medios. De Sousa y algunos de sus delegados cobraron honorarios mensuales o periódicos como directores de varias sociedades, lo que sumó (y en algunos casos, sigue sumando) montos suculentos pagados por empresas que se encuentran en situación crítica.

 

Uno de los ejecutivos designados por Indalo en una de sus principales empresas de medios, que gozaba de un sueldo excepcional, fue despedido horas antes de presentado el concurso, el 15 de diciembre pasado. En el acto, la empresa le reconoció una indemnización significativa, indicó un informe del síndico Franco Brindisi. Es decir, el ejecutivo se aseguró un crédito a su favor tras trabajar algunos meses en la empresa. Su partida no implicó la de su hijo, que había ingresado con él y hoy cobra el segundo salario más alto de toda la empresa, muy superior al de periodistas y gerentes de carrera, según datos asentados en expediente.

 

ACREEDORES PRIVILEGIADOS. La contracara es que varias decenas de periodistas, diagramadores, técnicos y empleados administrativos pactaron indemnizaciones ante el Ministerio de Trabajo que no les fueron pagadas, por lo que serán acreedores privilegiados en caso de venta o quiebra. Esas deudas se suman incumplimientos por decenas de millones de pesos a la Seguridad Social, afirman escritos presentados en el juzgado.

 

A su vez, hay demandas laborales pendientes de resolución. De lo informado hasta ahora, sobresalen tres reclamos a C5N (dos por 22 millones de pesos y uno por 12 millones) y uno a Radio 10 (por 18 millones de pesos).

 

Al momento de solicitar el concurso, las empresas de Indalo expusieron la “discriminación en la pauta oficial” como una de las razones preponderantes. La facturación de C5N llegó a 19,5 millones de pesos en marzo, con una marcada recuperación con respecto al verano, y la de Editorial Amfin, a 10,5 millones. Ambas unidades muestran balances mensuales negativos, pero es más acentuado en el caso del canal de noticias.

 

C5N tiene 405 empleados, mientras que Ámbito Financiero y su puntocom, que en marzo estuvieron cerca del equilibrio, suman 113.