Durante las últimas horas se reavivaron las versiones sobre el inicio de una ajuste brutal en la agencia Télam, una maniobra oficial que coincide con el conflicto por el despido de dos periodistas que paralizó el servicio informativo durante ocho días de las últimas tres semanas. Según fuentes cercanas al titular del sistema de medios públicos, Hernán Lombardi, el operativo de ajuste ya está en marcha e implicaría el despido durante la semana que viene de entre 300 y 400 trabajadores de la agencia. En rigor, la versión más consistente habla de 380 cesanteados entre periodistas y administrativos.
El primer movimiento que anunció el cambio de juego en este medio público fue la designación de Pablo Ciarliero como nuevo integrante del Directorio, como condición para ratificar a Rodolfo Pousá y Ricardo Carpena como presidente y vice, respectivamente. La llegada del ex funcionario de Radio Nacional, declarado persona no grata por los periodistas y trabajadores de la emisora, se transformó de hecho en una intervención política y causó malestar en las segundas líneas de la agencia de bandera.
La decisión oficial provocó una crisis dentro del Directorio de Télam, ya que que Pousá y Carpena vacilan entre negarse a ser las caras visibles de semejante ajuste y poner condiciones para concretarlo. Los dos ex periodistas le exigieron a Lombardi que, para dar la orden de ejecutar los despidos masivos, primero tenían que girar los recursos para el pago de indemnizaciones, algo que cayó muy mal en el Centro Cultural Kirchner, sede operativa del ex funcionario de la Alianza.
En el edificio de Corrientes y Alem creen que la resistencia de los funcionarios a cargo de Télam tiene que ver con las fallidas jubilaciones anticipadas y retiros voluntarios anunciados en todos los medios bajo la órbita de Lombardi. Entre noviembre y abril de este año, la Televisión Pública, Radio Nacional y Télam anunciaron esos procedimientos, en los que se inscribieron unos 300 trabajadores de todo el sistema de medios, pero a la hora de concretarse no aparecieron los recursos, algo que debilitó a las conducciones periodísticas de todos los medios públicos.
Se da por descontando que una medida de estas características va a sumergir a la agencia pública en un conflicto de magnitud con un gran impacto político, incluso con ribetes internacionales, dado los convenios y acuerdos que mantiene en vigencia la agencia oficial. En 2011, Télam fue impulsora de la Unión de Agencias de Noticias Latinoamericana (ULAM), con la que trabó acuerdos de colaboración aún vigentes con medios públicos de ocho países de la región. A eso se suman acuerdos comerciales y de intercambio con la china Xinhua, la alemana DPA y la Agencia Nazionale Stampa Asociatta de Italia.
Hoy en la agencia de noticias del Estado trabajan cerca de 900 personas, de las cuales más de 600 están sindicalizadas en alguna de las tres organizaciones gremiales que conviven dentro del organismo, lo que asegura un conflicto.
Por eso, las fuentes aseguran que el plan de contingencia oficial frente al conflicto prevé montar una redacción paralela que permita mantener en funcionamiento un servicio periodístico de emergencia con los periodistas que ingresaron durante la gestión de Pousá, que sin embargo se plegaron a todas las medidas de fuerza dispuestas por los gremios. La discusión durante este fin de semana en el CCK fue dónde pondrían a funcionar a los rompe huelgas: si en el propio edificio donde tiene su oficina el titular del Sistema de Medios y Contenidos Públicos o si los trasladarían a Tecnópolis.
Esta última alternativa sonaba como la más firme, dado que es un lugar alejado del centro porteño, donde funciona Télam, y es donde Lombardi había planificado al inicio de su gestión trasladar todos los medios públicos.
Ante estas versiones, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBa) y el Sindicato de Trabajadores de Prensa (Sitrapren) evaluaban por estas horas convocar a una asamblea general para este lunes a fin de para analizar un plan de lucha ante el inminente ajuste.
