Respira la Ola Naranja en Tribunales

Fiscalía de Estado no acompañó el pedido de embargo para Scioli y Collia

En este planteo, el magistrado que investiga al ex Gobernador quedó sin apoyo institucional y político. El fiscal Gómez también está salpicado por la causa.

No fue una jornada más para las defensas del ex Gobernador bonaerense Daniel Scioli, su ex ministro de Salud, Alejandro Collia y el empresario Ricardo Estanislao Miller. En la audiencia previa a definir el millonario embargo y la prohibición para salir del país solicitado por el fiscal Álvaro Garganta a la jueza de Garantías Marcela Garmendia, el abogado de fiscalía de Estado, Martín Lazarte,  no acompañó el planteo de la acusación oficial por considerar que “en esta instancia” no existe daño patrimonial contra la Provincia, explicó ante la consulta de Letra P.

 

La actitud de la fiscalía de Estado tomó por sorpresa a los presentes en la audiencia, menos para los defensores, quienes consideran que esa medida robustece el planteo de inocencia de los ex funcionarios y el empresario procesados por presuntas irregularidades en la construcción de Unidades de Pronta Atención (UPA) en varios distritos bonaerenses.

 

Tal como anticipó este medio, el abogado Flavio Gliemmo (defensor de Collia) abrió la estrategia basando la inocencia de su asistido en que no existieron irregularidades  en las licitaciones, ya que habían sido auditadas y avaladas por los organismos de controles oficiales: Asesoría General de Gobierno, Fiscalía de Estado y Tribunal de Cuentas.

 

Esa línea de defensa fue acompañada por la defensa de Scioli, en cabeza de los letrados Alfredo Gascón y Miguel Molina, y asesores legales del empresario Miller, conocido en el mundo político como “El Lázaro Báez de Scioli” y, en su ámbito personal, como “El Petiso”.

 

Este planteo de la defensa apunta al corazón del poder político de la provincia de Buenos Aires ya que, si existió delito, del mismo habrían participado el fiscal de Estado (Hernán Gómez), el entonces asesor general de Gobierno (Gustavo Ferrari, hoy ministro de Justicia de María Eugenia Vidal) y el titular del Tribunal de Cuentas, Eduardo Grinberg. Esta hipótesis es una de las aristas que se pone en juego en el expediente iniciado por una denuncia de la diputada nacional sojera de Cambiemos, Elisa Carrió.

 

El planteo de las defensas es una granada a punto de estallar. Si en la investigación se demuestra que Scioli, Collia, otros funcionarios del ministerio de Salud y el empresario Miller, se pusieron de acuerdo para sobrefacturar obras públicas, significa que también fallaron los mecanismos de control y el largo brazo de la Ley debería ir por los actuales funcionarios que hoy gozan de buena salud política y procesal.

 

Tras la audiencia desarrollada en la sede del fuero Penal de La Plata, la jueza Garmendia tiene un plazo de hasta cinco días corridos para definir la solicitud de embargo por 189 millones de pesos y la prohibición de salir del país para los procesados.

 

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