En el marco de la causa de los cuadernos k, los fiscales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo pidieron detener al empresario Paolo Rocca por asociación ilícita y pago de sobornos durante los gobiernos kirchneristas.
De esta manera, los fiscales apelaron la decisión del juez Claudio Bonadio de procesar sin prisión preventiva al CEO del Grupo Techint.
El pedido alcanza al ex Jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina, su ex secretario privado Martín Larraburu y los empresarios Alberto Padoán (Vicentín) y Rubén Aranda (Proalsa-Chimen Aike).
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Según la apelación a la que accedió el portal Infobae, los fiscales sostienen que los imputados “convergieron junto a funcionarios públicos del más alto nivel en la perpetración de un emprendimiento criminal complejo, ideado, planificado y ejecutado, como señaló el juez, con el objeto de recaudar dinero ilegal con el fin de enriquecerse ilegalmente y de utilizar parte de esos fondos en la comisión de otros delitos”.
"Se ha probado(…) que los hechos juzgados ostentan las notas distintivas de las prácticas organizadas de corrupción estatal y empresarial ideadas, planificadas y perpetradas desde las altas esferas del poder público. Se trató por tanto de un emprendimiento criminal, concebido, proyectado y sostenido en el tiempo con un nivel de sofisticación y profesionalismo que permitió una extensión temporal prolongada", agregan.
En tanto, los fiscales no expresaron objeciones sobre la falta de mérito dictada Marcelo Mindlin, dueño de Pampa Energía y de la ex IECSA
Ahora, la Sala I de la Cámara Federal, integrada por los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, deberá decidir si acepta o rechaza la apelación de los fiscales que investigan el presunto pago de coimas en la obra pública durante los gobiernos kirchneristas.