El empresario detenido Lázaro Báez comenzó a ser juzgado este martes en debate oral y público junto otras 24 personas por lavado de dinero en la causa conocida como “La ruta del dinero K”.
Entre los involucrados están Báez, sus cuatro hijos, el mediático Leonardo Fariña y el financista Federico Elaskar, en el marco de la causa que analiza las maniobras realizadas a través de la financiera SGI, conocida como "La Rosadita".
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El Tribunal Oral Federal 4 emprenderá el primer juicio contra Báez, que está detenido desde abril de 2016 con prisión preventiva por orden de Sebastián Casanello, y otras 24 personas.
El debate tendrá lugar en la denominada Sala AMIA, donde este martes se dará lectura al requerimiento de elevación a juicio hecho por la Fiscalía a cargo de Guillermo Marijuan y las querellas de la UIF y la OA.
En el banquillo de los acusados, además de Báez, están sus hijos Martín, Leandro, Luciana y Melina; el arrepentido Leonardo Fariña; el financista Elaskar; el abogado Jorge Chueco; el contador Daniel Pérez Gadín y su hijo Sebastián; el empresario Juan Carlos Molinari; el presidente de Austral Construcciones, Julio Mendoza; y Fabián Rossi, este último el ex marido de la vedete Iliana Calabró .
Los únicos que llegan detenidos al juicio son Báez, Chueco y Pérez Gadín, quienes cumplen prisión preventiva por peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación.
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Según las fuentes consultadas, se prevé que durante el debate declaren más de 90 testigos, por lo que la duración del proceso se estima en unos ocho a nueve meses.
Se investiga a Báez y el resto por "haber conformado una estructura jurídica, societaria y bancaria en la Argentina y en el extranjero, con el fin de canalizar, convertir, transferir, administrar, vender, disimular y/o poner en circulación en el mercado fondos de procedencia ilícita" para "convertirlos e integrarlos al circuito económico formal bajo apariencia de licitud, al menos durante el período comprendido entre los años 2010 y 2013".
Además, el empresario está acusado por múltiples hechos de lavado de dinero así como por utilización de facturas truchas para justificar gastos millonarios.