Una trama por ahora subterránea

Lobby de laboratorios y alimenticias para frenar proyecto anti monopolios de Carrió

La iniciativa establece penas de hasta ocho años de prisión por abuso de posición dominante. En la Rosada la miran de reojo. Los gigantes del mercado, en guardia.

El rol de líbero de la diputada nacional por Cambiemos Elisa Carrió en el frente gobernante ya resulta molesto para funcionarios de distintas áreas de la administración que encabeza el presidente Mauricio Macri. Por ahora, las quejas van por caminos subterráneos, pero la fundadora del ARI no parece intimidarse ante las recomendaciones de levantar el pie del acelerador. Luego de la reciente colisión con el titular de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, la última osadía de la dirigente fue la filtración, antes de su presentación, de un proyecto de ley para poner en funciones los Tribunales de Defensa de la Competencia y recrudecer las sanciones por abuso de posición dominante y en los precios, una iniciativa que los empresarios del consumo ya analizan con mucha desconfianza.

 

Desde la perspectiva de los hombres de negocios, la preocupación por la ley es lógica: el texto se asemeja a una proclama heredada del ex secretario de Comercio Guillermo Moreno, pero aún más férrea. Y le pone crudeza sancionatoria a proyectos anteriores de algunos radicales y del propio embajador en Estados Unidos, Martín Lousteau.

 

La iniciativa de la dirigente chaqueña introduce que el delito de crear posición dominante debe ser penado con prisión de hasta ocho años y multas en dinero, según la situación. Lo mismo cabe para aquellos empresarios o directores de empresas que fijen o manipulen precios de venta o fusionen compañías por fuera de las regulaciones.

 

Lilita entiende que el Ministerio de Economía y Comercio les dio ya demasiada vía libre a los empresarios para la remarcación y que la posición de diálogo ofrecida por el Gobierno fue devuelta con una cachetada en las góndolas. La dirigente explicó que la idea es fomentar la libre competencia, pero que ésa es una meta imposible de alcanzar si sigue habiendo altos niveles de concentración económica.

 

El texto empezará a discutirse en comisiones de la Cámara de Diputados desde los primeros días de junio. Deberá salir indemne de Defensa del Consumidor, Comercio, Petición de Poderes y Reglamentos y, como último escollo, Presupuesto y Hacienda. La expectativa es que iniciativas más blandas, como la impulsada por el radical Mario Negri, se unan en una sola posición. De hecho, los que adhirieron al plan Negri adelantaron que en pocos días mostrarán acciones concretas contra la concentración: notificarán a grandes laboratorios por distorsionar precios de monodrogas y generar, con esa maniobra, un impacto injustificado en el valor final de los medicamentos. Y los citarán a dar explicaciones ante el Parlamento.

 

En esta pelea contra formadores de precios, Carrió parece estar más sola que en otras aventuras. El ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, un viejo aliado de la jefa de la Coalición Cívica, afirma que esa posición sobre la concentración y la cartelización va en contra del discurso público de Cambiemos respecto de las razones que generan la inflación. El golden boy y su equipo insisten en apuntarle casi exclusivamente a la emisión monetaria, lo que les ha traído enfrentamientos conceptuales con otros “propios” que no son Carrió. De hecho, la semana pasada, la consultora Analytica, fundada por Ricardo Delgado, hoy mano derecha del ministro de Interior, Rogelio Frigerio, le marcó la cancha al Ejecutivo al mencionar que para bajar los precios hay que ver más allá de los efectos de “la maquinita” y trabajar otros frentes, distintos a la política monetaria.

 

En la Secretaría de Comercio y Defensa del Consumidor, en tanto, también se ven en un brete ante la iniciativa de Carrió. Es que la normativa caracteriza qué es la posición dominante: un 40% del mercado o más, como indican los parámetros internacionales. Estos estándares, si se aplicaran, supondrían que las carteras antes mencionadas desbarataran el esquema actual de producción de la mayoría de los alimentos y otros bienes que se venden en todo el país. El inconveniente radica en que todos estos conglomerados estuvieron hace unos días en Casa de Gobierno, donde firmaron con el presidente Macri un acuerdo voluntario para evitar despidos por 90 días. “Nos hicieron firmar un papel por el tema de los despidos, pusimos la cara y ahora nos vienen con esto”, se quejó uno de los hombres de negocios de más peso de la Argentina.

 

Las firmas de alimentos, en su mayoría nucleadas en la cámara Copal, ya voltearon proyectos e iniciativas de este tipo: en el horizonte más reciente aparecen las multas a productores por incumplimientos de provisión y precios y los embates contra la aplicación de la Ley de Abastecimiento, que, nobleza obliga, también fue rechazada por la propia Carrió.

 

La entidad que conduce el abogado Daniel Funes de Rioja quiere precios libres y manejo de renta, casi como condiciones centrales para sentarse hablar de cualquier negocio. Incluso en los años del kirchnerismo, las alimenticias obtuvieron -más allá de los fuegos de artificio y confrontaciones verbales- márgenes récord de ganancia en algunos productos de la canasta básica, posición que tampoco hoy están dispuestos a ceder.

 

A pesar de que fueron nombrados por la legisladora (concretamente Cencosud, grupo cuyo emblema es la cadena Jumbo), los súper e hipermercados nucleados en la Asociación de Supermercados Unidos (ASU) se desmarcaron: “Nosotros en ningún caso pasamos el porcentaje del mercado que se menciona, ninguna de nuestras empresas”, explicaron voceros de una mega cadena de capitales extranjeros. Ya le comunicaron esta posición a gente del Gobierno, abriendo el paraguas en un momento extraño para el rubro, con caídas en el consumo estimadas en 3% para el año, según cifras de la consultora Kantar Worldpanel.

 

Para el lobby de los súper, además, son tiempos difíciles. La semana pasada, Alfredo Coto, dueño de la cadena que lleva su apellido, recibió la renuncia de Alejandro Walter Vivanco por cuestiones de salud. Era su mano derecha y hombre clave en el crecimiento de la empresa en los últimos años. Vivanco representaba, además, una de las caras visibles del supermercadismo en diálogo con el Gobierno. Para las grandes superficies, de todas maneras, la aplicación de esta iniciativa supondría un ruido extra en una actualidad compleja, lo que los obliga a mover piezas con rapidez.

 

Los que sí están en problemas de aplicarse esta ley son los fabricantes, que conocen su estatus de mercado. Hoy, Carrió parece ir por ese botín, con el inconveniente de que se está enfrentando a buena parte del poder económico de la Argentina.

 

GIGANTES. Para dimensionar la problemática alcanza con ver algunos números que hoy manejan en el sector. Arcor, la firma cordobesa de los Pagani, produce el 80% de las mermeladas, los tomates y las conservas que se venden en el país. Carrió la menciona entre las compañías a seguir de cerca. Techint, en tanto, fabrica todo lo que es chapa para lata de productos y Tetrapack hace lo propio con los envases tetrabrick. Todo esto influye de manera importante en el precio final de los productos. Y hay otro caso emblemático pero menos conocido: el de Cattorini Hermanos, una planta de vidrios radicada en San Juan. Produce el 80% de los envases de vino. Eso, junto al corcho de calidad, significa más de la mitad del precio del fermentado de la uva. Por esta razón hoy, para reducir costos, muchas de las bodegas empezaron a utilizar corchos sintéticos o tapones a rosca. Si bien existen pequeñas producciones de todos estos bienes, o derivados de economías regionales, el dominio de los grandes es total.

 

Víctor Fera, el dueño del mayorista Maxiconsumo y de importantes marcas como Marolio y Menoyo, fue dejado en stand by por el secretario de Comercio, Miguel Braun, de su lista de invitados a reuniones. Es que el empresario se cansó de decir que las grandes marcas les compran góndolas enteras a los hipermercados y que el problema de la inflación responde, en buena medida, a especulación con los márgenes de rentabilidad. “Se las pagan un poquito más y venden sólo esos productos”, relata.

 

Fera mantiene una pelea fuerte y desigual con las grandes cadenas, que en su mayoría -salvo WalMart- no venden sus productos por considerar que le están abriendo la puerta a un jugador que, además de producir, compite con su súper mayorista. El empresario ofrece los mismos productos, de primera calidad, pero a casi la mitad de los valores que manejan los grandes. Asegura que lo logra con márgenes lógicos de rentabilidad y denuncia un pacto entre supermercados y productores para remarcar sin controles. Fera tiene ganas de hablar con Carrió, para acercarle estos datos, cansado ya de que en encuentros previos que supo mantener con el Ejecutivo de Macri le cuestionen su falta de formación y sus maneras, y le espeten –un poco en broma y un poco en serio- que no sea un hombre que se educó en el Newman: “No puede ser que quieran controlar los precios ahí, sentaditos en el escritorio”, se enoja el empresario.

 

La discusión por los márgenes de rentabilidad también fue planteada en informes recientes la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Federación Agraria Argentina (FAA). Los dos mostraron que el precio al productor es hasta 1.900% inferior, según el caso, al valor que paga el consumidor en góndola. Y advirtieron sobre el plus que carga la intermediación: según cifras de la Unión Industrial Argentina (UIA) y antes de los aumentos de tarifas en las naftas y el GNC, la logística llegaba a representar hasta 20% del precio final de cualquier mercancía. En paralelo, las consultoras que miden precios grafican que en junio la inflación bajará por la decantación de los ajustes en tarifas, pero los precios de los alimentos seguirán al mismo nivel.

 

PERO EL REMEDIO... Los más osados afirman que hay un doble juego intencional de Macri para establecer a los policías buenos y a los policías malos en el tema precios, como una herramienta para volver a avisarles a los empresarios que no es bueno que sigan remarcando. Pero fuentes cercanas a Carrió aseguran que ella jamás se prestaría a una movida similar y que realmente cree que buena parte de los sectores que apoyaron en campaña –con dinero o manifestaciones públicas- hoy están pidiendo más de lo acordado.

 

El asunto es que “monopolio” es una palabra maldita puertas adentro del Ministerio de Hacienda y es un tema que suma un nuevo frente de tormenta. En el gabinete múltiple que encabeza el ex JP Morgan, ya tienen suficiente con las rencillas generadas por planes paralelos pero diferentes de créditos para la vivienda,  la pelea por el manejo de las tasas que hace Federico Sturzenegger en el Banco Central y la madre de todas las batallas de la ética económica: el incipiente blanqueo de capitales para repatriar dólares negros.

 

El diputado entrerriano Jorge D´Agostino, quien trabajó en la iniciativa que presentó hace dos años Martín Lousteau y que actualizó Negri, aclaró a Letra P que “la defensa de la competencia no es control de precios. Pero sí hay que evitar la cartelización, porque los empresarios no han sido leales. Si ellos hubiesen cumplido sus promesas, hoy tendríamos menos problemas”. Y adelantó: “Vamos a empezar con el sector laboratorios; les estamos enviando un documento firmado por todos los legisladores de Cambiemos que contiene un reproche a una lista de remedios en la que se modificaron los precios naturales influyendo en el precio de la monodroga”.

 

Según D´Agostino, luego llegarán La Serenísima y Arcor, que “también son formadores de precios”.

 

Respecto de las disputas con el Gobierno por la normativa, el legislador aseguró que “a veces son sensibles los contadores y los economistas. Pero hay que entender que cuando se incumplen normas tendremos que hacerles denuncias a los sectores”.

 

No es casualidad que el proyecto de Carrió surja ahora ni que todos aquellos que alguna vez plantearon algo similar busquen plegarse a su movida. Por su contacto con sectores populares, a través de intermediarios, Lilita empezó, además, a leer la realidad desde una perspectiva diferente a la de las cabezas del Ejecutivo. Cuando habla con Héctor “Toty” Flores, su ex candidato a vice y sus ojos en los barrios más humildes, la perspectiva le cambia radicalmente. El resto lo hacen punteros de jefes comunales con los que tiene diálogo. Le cuentan, sobre todo, los movimientos en las sombras que empiezan a aparecer en algunos partidos del conurbano profundo. Al menos cinco intendentes, entre los que conviven peronistas y macristas, ya cuentan que las clases más bajas empezaron a exigirles bolsones de alimentos. Y que ese tema está preocupando sobremanera al sector supermercadista, que no quiere ni oír hablar de saqueos o manifestaciones frente a los comercios.

 

Otro de los que sumó datos fue Daniel Arroyo, el massista ex ministro de Desarrollo Social de la provincia que camina el territorio bonaerense armando nuevos proyectos y diagnosticó una caída importante en el poder de compra de los sectores medios y bajos. Hace unos días, el también ex viceministro de Desarrollo Social de Alicia Kirchner puso otra nota negra: el inicio de la caída en el consumo de leche.

 

Todos estos detalles, para la gran mayoría, son un esquema, en parte, heredado de la insuficiente distribución del ingreso del kirchnerismo y de los ajustes en tarifas y precios del macrismo. Pero todos coinciden en que son cuellos de botella peligrosos, porque dejan libradas al azar las posibilidades de parte de la población históricamente desplazada. Carrió se enfrenta a este escenario con un proyecto con claras fortalezas argumentativas pero ante una encrucijada política difícil de sortear en la lógica actual de las medidas aplicadas por el macrismo.

 

En Twitter @leandrorenou

 

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