La emergencia ocupacional

La interna y la disputa a tres bandas por las leyes de empleo

Cómo se gestó la ruptura de Massa que desactivó el plan anti despidos que impulsaba la oposición. La negociación con el oficialismo para lanzar incentivos a pymes y la revancha peronista en el Senado.

“Massa nos cagó”. En los bloques Justicialista y del Frente para la Victoria (FPV) no apelan a eufemismos para calificar la decisión del líder del Frente Renovador (FR) de bajar a su fuerza del amplio consenso que se había construido en la Cámara de Diputados para impulsar la prohibición de despidos y la instalación de la doble indemnización como estrategia legal para combatir la ola de despidos disparada desde la llegada de Mauricio Macri a la Presidencia. Fiel a su propia táctica de asomar la cabeza justo en medio del kirchnerismo y el macrismo, el ex jefe de Gabinete lanzó una “propuesta superadora” que desde esta semana negocia con el oficialismo: un plan de incentivos fiscales a las pymes que no echen personal. Con eso, apuesta a instalarse de nuevo como el opositor friendly que negocia políticas de Estado, mientras neutraliza cualquier intento de las fuerzas políticas opositoras que el año que viene deberá enfrentar en las elecciones legislativas.

 

La jugada de Massa abrió, puertas adentro del Congreso, un tironeo a tres bandas para controlar la agenda contra el desempleo. Por un lado, el Gobierno nacional busca borrar del discurso público la problemática laboral con un proyecto de empleo joven, con beneficios impositivos a pymes que contraten jóvenes de entre 18 y 24 años; enfrente está el peronismo más o menos unificado, que, tras ver frustrado su intento de declarar la emergencia ocupacional en Diputados, este miércoles irá por la aprobación de un proyecto muy parecido en el Senado; y por último llega Massa, el aliado estratégico del oficialismo que quiere imponer su propia propuesta, diseñada por el diputado Marco Lavagna (FR), que tiene puntos de contacto con el plan macrista aunque es más amplio y con agregados clave, como la regulación por ley del Programa de Recuperación Productiva (Repro).

 

En Diputados todo parecía avanzar con buen empuje. La comisión de Legislación del Trabajo había alcanzado un dictamen con amplios consensos, firmado por legisladores del FpV, del Justicialista, del FR, del socialismo, de diputados de origen sindical y otras fuerzas menores –contaba con respaldo hasta de la izquierda- y lo desplazó a la comisión de Presupuesto, que preside Luciano Laspina (PRO). Sabían que el oficialismo planeaba cajonear la iniciativa allí, pero confiaban en que, con el respaldo de más de 150 diputados, que estaban dispuestos a votar la ley anti despidos cuando llegara al recinto, el macrismo no tendría otra alternativa que darle curso. En el Senado todo era más sencillo: el FpV no sólo tiene mayoría propia sino la presidencia de las dos comisiones que debían discutirlo, la de Presupuesto y la de Trabajo.

 

Este escenario era tan probable que por algo Macri ya había dejado trascender que tenía la decisión tomada de vetar la ley, en caso de que finalmente fuese sancionada. Lo había acordado el lunes 18, cuando recibió a las principales cabezas del empresariado. El Ejecutivo evaluó que, anunciando previamente el veto, minimizaba el costo político de, efectivamente, tener que hacerlo.

 

EL BLOQUEO. El dictamen en la comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados se firmó el miércoles 20, en una reunión que arrancó temprano. Fue el resultado de varias semanas de negociación entre los principales referentes sindicales de casi todos los bloques: el metalúrgico Abel Furlán (FpV), Edgardo Depetri (FpV), ligado a la CTA de Hugo Yasky; los gremialistas Facundo Moyano (FR) y Héctor Daer (FR), el petrolero Alberto Roberti (Justicialista) y el representante de SMATA, Oscar Romero (Justicialista), entre otros. Lo que nadie preveía era que, apenas unas horas más tarde, y en una reunión que mantuvieron en secreto por un par de horas, Massa y el presidente de la Cámara, Emilio Monzó, desactivarían esa ley que llegaba con fuerte impulso.

 

Fue en el despacho de la presidenta del bloque del FR, Graciela Camaño. Allí recibió a Massa, Monzó y el presidente del bloque de PRO, Nicolás Massot. Acordaron que el massismo se bajaba del proyecto de prohibición de despidos y doble indemnización que movía la oposición para negociar con el oficialismo un plan alternativo. La decisión fue que Laspina y Lavagna serían los responsables de llegar a un texto que unificara el plan de empleo joven de Macri y el de incentivos a pymes que había presentado, días antes, el hijo del ex ministro de Economía de Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner.

 

Un día después, el jueves 21, Massa le dio el OK a otro de sus diputados, José Ignacio de Mendiguren, para que reuniera de urgencia a una gruesa comitiva del sector pyme en la comisión de Industria para que despotricaran a piacere contra la doble indemnización. Lavagna estuvo presente en esa cita. Y fue todo ganancia para Massa: los voceros de las empresas más pequeñas no sólo cuestionaron el plan anti despidos de la oposición, sino que, además, dieron detalles de cómo las principales medidas económicas del Gobierno, como la devaluación, el tarifazo, la apertura de importaciones y la suba en las tasas de interés, que los deja afuera del acceso a crédito, empujaron a muchas pymes a un cuadro crítico.

 

Facundo Moyano no escondía su decepción. Massa lo llevó a encabezar una asamblea en una empresa para instalarse como el jefe de la oposición que promovía la prohibición de despidos mientras que, instantes después, le daba la derecha al ex titular de la Unión Industrial Argentina (UIA) y lo declaraba ganador de la interna en el seno del massismo.

 

Con todo eso, el expediente que ya tenía las firmas en una comisión y sólo le restaba el dictamen en otra quedó completamente fuera de juego. Sin los votos del massismo, la emergencia ocupacional no sólo no tendría el número para ser aprobada, en el caso hipotético de llegar al recinto, sino que tampoco obtendría el despacho de mayoría en la comisión de Presupuesto.

 

“Sergio lo hizo otra vez”, resumió resignado un legislador kirchnerista de buen trato con el ex jefe de Gabinete. Y la bronca se basaba en varios aspectos. El más grande es que varios legisladores coincidieron en que Massa no sólo se había comprometido a ser el “intermediario” con el oficialismo para intentar convencerlo de que convoque a una sesión y baje a discutir el proyecto anti despidos, sino que se fue de boca y garantizó que, en caso de no poder convencer al frente Cambiemos, garantizaba que el massismo encabezaría la autoconvocatoria opositora para aprobar la prohibición de despidos.

 

Massa dijo este martes que “hay que frenar los despidos y proteger a las pymes” y que “la prohibición de despidos a las grandes empresas pretende ser un límite pero también una señal clara de protección, de que estamos dispuestos a cuidar a los que tienen trabajo”. Con esto, el jefe de los renovadores queda ensalsado en su propia contradicción: Si las pymes concentran cerca del 80% de los empleos, ¿qué puestos de trabajo se protegen prohibiendo sólo los despidos a las grandes firmas?

 

NEGOCIACIÓN. Asesores de Lavagna y Laspina ya están buscando puntos de acuerdo para transformar en una sola ley el plan de empleo joven anunciado por Macri y el proyecto para pymes diseñado por el economista del bloque del FR. Lavagna así explica su proyecto: “Cuando una pyme pueda acreditar la misma dotación de personal que en noviembre de 2015, hasta cinco  trabajadores, descuentan un salario mínimo, vital y móvil; entre seis y 25 trabajadores, descuentan dos; y más de 25 trabajadores, tres; quien incremente su planta de personal podrá descontar un salario mínimo adicional por cada trabajador nuevo”. A su vez, si el nuevo trabajador contratado tiene entre 18 y 25 años o más de 45 años, el descuento impositivo será de un salario y medio, siempre hablando del mínimo, vital y móvil, hoy de 6.060 pesos.

 

El proyecto de Lavagna es atendible incluso para diputados del FpV, que reconocen aspectos destacables detrás de ese plan de incentivos a pequeños y medianos empresarios. También en la idea de diseñar un sistema para que los Repro –un programa mediante el cual el Estado cubre parte del salario de los trabajadores de empresas que demuestren un estado de crisis- sean de mayor accesibilidad para pymes: los empresarios que fueron recibidos el jueves pasado por De Mendiguren afirmaron que 9 de cada 10 pesos que eroga el Estado por planes Repro se los llevan las empresas más grandes con operaciones en el país.

 

El macrismo se mueve en un complicado equilibrio: necesita de Massa para que sus leyes salgan victoriosas de Diputados, pero está harto de que el ex intendente de Tigre se cuelgue solito las cucardas de los éxitos. Por eso intentará que, en el mix de las dos iniciativas, prevalezca la propuesta que elaboró el ministro de Trabajo, Jorge Triaca.

 

Mientras tanto, los ejecutores de la línea comunicacional del Gobierno trabajan porque todos sus voceros formen una fila detrás de un mismo discurso: negar a rajatabla el escenario de crisis de empleo. Ni siquiera cuando los números muestran que se destruyeron mil puestos de trabajo por día desde la llegada de Macri a la Casa Rosada, siendo el propio Gobierno el principal impulsor de despidos en casi todos los organismos estatales.

 

ALTERNATIVA. Contra los pronósticos, fue en el Senado donde la declaración de la emergencia ocupacional, la prohibición de despidos y la instalación del régimen de doble indemnización tuvo mayor holgura para avanzar. Será este miércoles, en una sesión solicitada por el FpV y otros bloques, como el Peronismo Federal, para debatir y aprobar la iniciativa que consiguió dictamen sin trabas en comisiones.

 

Aunque el futuro de esta norma tampoco goza de brillantes augurios: si Massa mantiene su acuerdo con el Gobierno de bloquear cualquier intento de avanzar con una ley anti despidos de amplio alcance, el destino de este expediente en la Cámara de Diputados es el mismo que, hasta ahora, parece tener el proyecto que las cinco centrales obreras fueron a reclamarles a los legisladores: dormir el sueño de los justos.

 

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