Presionado por los bloques del Frente Renovador y Justicialista, el Gobierno aceptó este martes la introducción de cambios al proyecto de ley de "Normalización de la deuda pública", aunque no logró llevar el tema al recinto el próximo jueves y deberá esperar hasta la semana que viene.
Si bien el oficialismo logró el apoyo de los bloques no kirchneristas del peronismo para sacar dictamen de mayoría, debió introducir cambios al proyecto original a pedido del massismo y del espacio que lidera Diego Bossio.
Los cambios que aceptó el oficialismo tienen que ver principalmente con el límite al endeudamiento y la condición de que la emisión de bonos esté únicamente destinada al pago del acuerdo. "En caso de que monto de emisión supere el monto de pago requerido bajo la presente ley, el excedente será imputado a la autorización existente de deuda publica prevista en el Presupuesto General", dice el texto que se introdujo en el artículo 6. De esta manera, el Congreso se asegura que, cualquier endeudamiento en el que quiera embarcarse en Poder Ejecutivo en el futuro, deberá pasar por la discusión legislativa.
Además, se le exige al Poder Ejecutivo que informe de manera trimestral al Congreso "el avance de las tratativas y los acuerdos a los que se arribe durante el proceso de negociación" - en el proyecto original estaba establecido en seis meses - y se establece un tope para las ofertas futuras.
A pedido de la UCR, se dejó establecido que ell pago de comisiones "a los bancos que colocarán los títulos de deuda en ningún caso podrán superar el 0,20 por ciento del monto de emisión".
Los cambios fueron aceptados por el Poder Ejecutivo tras mantener intensas negociaciones con el massismo y el bloque Justicialista. El lunes por la noche, Sergio Massa recibió en su casa al ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y al presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, para cerrar los detalles.
Antes, Massa se había reunido con el diputado Marco Lavagna - su espada económica en el Congreso - y con Felipe Solá, un duro crítico del acuerdo. "Me preocupa la liviandad del oficialismo para tratar ese tema, que dicen que vamos a celebrar el acuerdo. ¿Vamos a tomar champagne para celebrar esto? Avisenme si hay una fiesta, así no voy. ¿Qué carajo celeramos?", disparó el ex gobernador bonaerense, quien también aprovechó para criticar al Gobierno. "Tienen derecho a equivocarse. Pero a nosotros no nos gusta cómo encaran las cosas, no nos gusta que hayan pensado primero en solucionar los problemas de los ricos", dijo.
Tras la reunión con Massa, Lavagna mantuvo un áspero encuentro con el presidente de la Comisión de Presupuesto, Luciano Laspina, a quien le planteó los cambios que pretendía el espacio para acompañar el dictamen. Lo mismo hizo Bossio, quien presentó varias objeciones.
Una vez cerrada las negociaciones, el oficialismo se garantizó la firma del dictamen de mayoría - con disidencias parciales-, aunque no pudo evitar que la sesión de postergara casi una semana. "Vamos a cumplir con los siete días que indica el reglamento de la Cámara que deben pasar tras la firma del dictamen", explicó Lavagna. Para entonces, el oficialismo buscará sumar el apoyo de las diputadas socialistas Alicia Ciciliani y Gabriela Troiano, quienes todavía no firmaron el dictamen y se retiraron de la comisión antes del final de la reunión. El socialismo terminará de definir su postura el miécoles.
Pero lo cierto es que, más allá de las formalidades, los diputados quieren, antes de llegar al recinto, escuchar la opinión de la Procuración del Tesoro de la Nación sobre el acuerdo, algo que se demora más de la cuenta. El informe de los abogados del Estado fue pedido por Bossio y también por los diputados del Frente para la Victoria, encabezados por Axel Kicillof, quien anunció que el kirchnerismo presentaría un dictamen propio.
Frente a la presión, el oficialismo prometió enviar antes del viernes un informe de los abogados que representaron al país en el litigio en Estados Unidos, mientras presiona a la Procuración para que elabore un dictamen urgente. La bancada que conduce Nicolás Massot necesita que el informe esté en manos de la oposición antes del próximo martes, cuando habrá sesión. Las bancadas que acompañarán el proyecto quieren que los abogados den certezas de que, luego de cerrado este conflicto, no habrá futuros juicios contra la Argentina por parte de los bonistas que entraron en los canjes de 2005 y 2010.
Aunque ya logró varias de las modificaciones que pedía, el massismo dejó trascender este martes que buscará introducir nuevos cambios durante la discusión en el recinto. El espacio que lidera el ex intendente de Tigre sabe que el oficialismo necesita de sus votos para lograr la aprobación de una ley que considera vital para el Gobierno. El mismo jefe de Gabinete, Marcos Peña, dejó al descubierto la situación el lunes por la noche cuando declaró en el programa Animales Sueltos que el proyecto "tiene que salir" porque "no hay pan B".
