Congreso Nacional

Diputados aprobó el régimen de contratos de participación público privada

Con apoyo del masssismo y el bloque Justicialista, Cambiemos consiguió los votos para la ley de inversiones. Se elevó a 33% la participación nacional. El FPV denunció “entrega” al capital extranjero.

En sociedad con el massismo y el bloque Justicialista, el oficialismo logró este miércoles la aprobación del proyecto que regula las contrataciones con Participación Pública Privada (PPP) cuya sanción impulsa el Poder Ejecutivo y que regresará al Senado para su revisión.

 

La propuesta, que recibió varias modificaciones en su tratamiento en comisión, fue sancionada con 151 votos positivos, 78 negativos y 6 abstenciones que correspondieron a los diputados sindicales Héctor Daer y Facundo Moyano (ambos por el Frente Renovador), el moyanista Omar Plaini, los sanjuaninos Sandra Castro y Héctor Tomas (FpV) y Jorge Taboada (Chubut somos todos). El oficialista Daniel Lipovetzky defendió la propuesta enviada por el gobierno con el argumento de que "es una contribución a resolver los problemas de infraestructura que tiene nuestro país".

 

En su calidad de miembro informante de la iniciativa Lipovetzky apuntó que "Brasil, Chile y Colombia han utilizado este régimen y han avanzado mucho" y remarcó que la propuesta tuvo sustanciales cambios con el fin de "cuidar al trabajo argentino, a las PYMES y al medio ambiente".

 

Entre esas modificaciones, Lipovetzky marcó la aplicación de la ley de Compre Nacional en las contrataciones PPP como así también "la obligación de que en la provisión de bienes y servicios al menos el 33% debe ser nacional", por lo que estimó que además de impulsar la obra pública "va a generar un impulso sobre la industria nacional y la pequeña y mediana empresa".

 

Sin embargo, Axel Kicillof afirmó en nombre del bloque del Frente para la Victoria-PJ que "esta ley no sirve, privatiza los servicios, mata la mano de obra, mata a las PYMES".

 

Para el ex ministro de Economía la propuesta significa "tercerizar o privatizar el proceso de contratación de obra pública en el país", está diseñada "para eludir el derecho administrativo argentino" y advirtió que "vamos a tener que discutir en el juzgado del juez (de Nueva York, Thomas) Griesa cuánto cuesta el servicio de agua".

 

"Es un cocoliche guiado por el interés privado", manifestó Kicillof, quien insistió en que el proyecto que volverá al Senado antes de tener sanción definitiva "como está planteado casi cualquier otro servicio que naturalmente realizaría el Estado va a aparecer como iniciativa privada".

 

La diputada Myriam Bregman (Frente de Izquierda) aseguró que "el nivel de entrega de esta ley" es "comparable a la ley que autorizó el pago a los fondos buitres", en tanto que Graciela Cousinet (Libres del Sur) coincidió con Margarita Stolbizer al estimar que la prórroga de jurisdicción "sin la menor duda es una entrega de la soberanía nacional a tribunales extranjeros".

 

A favor de la iniciativa se pronunciaron el justicialista pampeano Sergio Ziliotto, quien apuntó que "con los acuerdos con China también se cede soberanía", en alusión al anterior gestión kirchnerista, y Darío Giustozzi (Juntos por Argentina), que defendió el proyecto con ahínco.

 

En el cierre del debate, el oficialista Eduardo Amadeo aseguró que "este proyecto tiene los controles necesarios para no vuelvan a repetirse los festivales corruptos que hemos visto en el pasado".

 

La propuesta iba a ser aprobada la semana pasada pero en un sorpresivo acuerdo entre el Frente Renovador y el kirchnerismo, la iniciativa fracasó y fue reenviada a comisión para un nuevo dictamen.

 

Finalmente, Cambiemos llegó a un acuerdo con el Frente Renovador y el bloque Justicialista para sancionar la norma pedida desde el Ministerio del Interior.

 

DYN

 

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