A pesar del impacto internacional que tuvo el pedido de un organismo de la ONU para que sea liberada la dirigente social Milagro Sala, la Cancillería remarcó este martes que la resolución "no es vinculante: no es que tenemos que hacer algo por lo que diga el CELS, o Amnistía Internacional o ese organismo de Naciones Unidas", contestó un alto funcionario del Palacio San Martín para rechazar el pedido de informes que presentó este martes el Centro de Estudios Legales y Sociales, junto con Amnistía Internacional y al grupo de abogados y abogadas de derechos humanos del noroeste argentino (ANDHES).
La nota fue dirigida a la canciller Malcorra, a su representante especial para los Derechos Humanos Leandro Despouy y al secretario de Derechos Humanos de la Nación, que en diálogo con Letra P, detalló que "hasta ahora nos hemos ajustado a la instancia que corresponde en este caso: trasladarle al Tribunal Superior de Justicia de Jujuy la resolución del Grupo de Trabajo".
Desde la Cancillería, con el texto en la mano, rechazaron el documento con dureza: "Ni la canciller Susana Malcorra ni el Gobierno metió preso a nadie, por lo tanto nos ocuparemos de los derechos humanos y garantizaremos que tenga un proceso legal con todas las garantías: no tenemos nada que opinar al respecto, sí garantizar que el proceso sea como corresponde", espetó un colaborador directo de Malcorra.A pesar de la virulencia para contestarle a los organismos de derechos humanos que pidieron la intervención, una fuente de la Casa Rosada confió que el caso es analizado "al más alto nivel" y anticipó que las "próximas semanas serán determinantes", sin precisar cuáles serían las gestiones que se realizan dentro del Gobierno
Por su parte Avruj confirmó que el 8 de noviembre, dentro de una semana, encabezará una audiencia donde recibirá a los abogados defensores de la líder de la Tupac Amaru y a los letrados del CELS y de Amnistía Internacional. Este martes los organismos explicaron en el pedido de informes a la Cancillería, que el Grupo de Trabajo de la ONU le envió la resolución al Gobierno Nacional, luego de evaluar "la información sobre todas las causas judiciales contra Milagro Sala, aportada tanto por las organizaciones que realizamos la denuncia internacional como por el propio Estado".
En su conclusión, el organismo que depende del Consejo de Derechos Humanos, con sede en Ginebra, concluyó que “la privación de libertad de la señora Milagro Sala es arbitraria” y le recomendó "al Estado informar sobre las medidas de seguimiento de la resolución, entre las que se incluyen: a) la fecha de su liberación, b) si ha tenido lugar algún tipo de reparación, c) si se ha “llevado a cabo una investigación sobre la violación de los derechos de la Sra. Sala” y d) qué medidas se tomaron para evitar la repetición de los hechos que originaron la intervención del mecanismo internacional". Basados en esos puntos, los organismos reclamaron un informe que, tanto en la secretaría de Derechos Humanos como en la cancillería, se negarán a entregar, aunque todas las fuentes consultadas, salvo Avruj, reconocieron que "existe una animadversión personal de (el gobernador de Jujuy Gerardo) Morales con Sala", un elemento que se puede advertir en la sucesión de querellas penales iniciadas contra la dirigente social, y el mismo argumento que utilizó la Fiscalía de Estado provincial para rechazar la resolución del organismo de Naciones Unidas.
