En el marco de la IV Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), que se desarrolla en Ecuador, la vicepresidenta Gabriela Michetti tuvo un cruce con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a quien le imputó responsabilidad sobre "prácticas contrarias a la defensa de los derechos humanos".
El cuestionamiento de la representante del gobierno argentino se daba casi en simultáneo con una tensa reunión que el jefe de Gabinete, Marcos Peña, mantenía en la Casa Rosada con organismos de derechos humanos que le transmitían al coordinador de los ministros el repudio por la detención de la dirigente social jujeña Milagro Sala, que está presa desde el 16 de enero por liderar un acampe frente a la gobernación de su provincia, una situación que fue legitimada por el presidente Mauricio Macri, quien celebró el hecho de que hay “jueces que se animen a defender la ley”.
La semana pasada, Macri se enojó –y dio por terminada la conferencia de prensa que estaba ofreciendo- cuando el periodista Alejandro Bercovich trazó un paralelismo entre la situación de Sala y la del dirigente opositor venezolano Leopoldo López, a quien el gobierno del PRO considera un preso político, y le recordó que pidió sanciones para Venezuela en el Mercosur justamente por –siempre a juicio de la Casa Rosada- perseguir a la dirigencia disidente.
Este miércoles, en Ecuador, Maduro volvió a recoger el guante de la embestida de Macri en la cumbre del bloque regional de diciembre pasado y pidió a la Argentina "no involucrarse en los asuntos internos del Estado venezolano". Michetti, a su turno, cuestionó las "prácticas de gobierno contrarias a la defensa de los derechos humanos" que la administración PRO le adjudica al chavismo.
Casi seis mil kilómetros al sur, en Buenos Aires, Peña, Peña escuchaba las quejas de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, y otros referentes de organismos de derechos humanos (participaron HIJOS, CELS, APDH, Buena Memoria y Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas) que le reclamaban la liberación de Sala, además de manifestarle su "preocupación" por "despidos masivos" y "achicamiento en lugares de trabajo".
El jefe de Gabinete estaba flanqueado por el secretario general de la Presidencia, Fernando de Andreis, y el ministro de Justicia, Germán Garavano.
En diálogo con los periodistas acreditados en Casa Rosada, Garavano aseguró, después del encuentro, que el Gobierno "ratifica la política del Estado en materia de memoria y justicia". Lo hizo un día después de decir que desconocía si fueron efectivamente 30 mil los desaparecidos por la dictadura y de excusarse de ratificar esa cifra porque “hay un montón de versiones” sobre ese asunto.
Carlotto, por su parte, manifestó su molestia por no haber sido recibida por el presidente y señaló que "hubo momentos de discrepancia, donde nosotros nos sentimos muy preocupadas por los despidos masivos, por la detención de Milagro Sala y la estructura de achicamiento en lugares de trabajo de derechos humanos".
Las organizaciones entregaron un documento a las autoridades nacionales, en el que solicitaron la continuidad de los juicios por delitos de lesa humanidad; de la búsqueda de personas nacidas en cautiverio; de la búsqueda e identificación de los cuerpos de miles de desaparecidos y de los sitios y espacios de memoria.