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El revés de Maria Eugenia Martini es una muestra más de que en la provincia de Río Negro, siempre que la Justicia tenga que resolver, lo hará a favor del oficialismo.
Ana Bruna 02/09/2015 11:08

Esta medida es el resultado de un tejido complejo y minucioso que el mismo Alberto Weretilneck comenzó a prever desde el momento en que asumió como gobernador. Fue él quien se encargó no sólo de colocar a sus alfiles en puestos claves, sino además conseguir las simpatías necesarias de todos los actores del Poder Judicial.

Los indicios de estas jugadas estratégicas se pueden distinguir en acciones concretas que lleva adelante el Poder Judicial, algunas de ellas, son resoluciones pequeñas e individuales, otras grandes escándalos políticos y sociales. Aquí va solo una reseña de las piezas que conforman el puzle de la impunidad.

El monje negro

Daniel Sartor ha sido demonizado como el peor de los ejemplos de la política rionegrina. Verdad o mentira sobre los actos de corrupción y capacidad estratega para generar poder a cualquier costo, es casi imposible de determinar, considerando la cantidad de investigaciones y causas judiciales en su contra de las que ha salido completamente ileso.

En el año 2010, el juez Juan Bernardi lo desvinculó de la causa penal en la que se le imputaba haber usado con fines personales pasajes aéreos pagados por el Ministerio de Familia. En el año 2012, el Superior Tribunal de Justicia lo desvinculó de la causa por administración fraudulenta en presuntos desvíos de subsidios y módulos alimentarios para la campaña radical entre 1999 y 2001; una escandalosa causa en donde también se investigaba presunto lavado de dinero, uso de testaferros y supuestos favorecimientos con licitaciones, precios y pagos a la empresa Rocafé.

Pasaron los años, los gobiernos radicales, el gobierno de De la Rua (del que Sartor fue Ministro de Desarrollo Social) pero el Monje negro rionegrino no perdió las habilidades para hacer politica, cultivar poder y lograr que hasta -incluso- operadores peronistas giraran a su alrededor retransmitiendole información.

Esa capacidad Innata del hombre fue habilmente aprovechada por el mismo Weretilneck, quien estrategicamente y siempre en las sombras comenzó a tomar los consejos del astuto Sartor para tender más de una estrategia electoral y hasta legislativa (en más de una oportunidad se lo ha visto a Sartor en compañía del oficialista Facundo López en la Legislatura provincial, en momentos políticos claves).

Por recompensa o por casualidad, en marzo de este año, Sartor fue sobreseido por el juez Fabio Igoldi en otra causa más, esta vez por enriquecimiento ilícito. "...el imputado Sartor lejos ha estado de justificar mínimamente el desproporcionado aumento de su patrimonio al momento de ejercer la función pública (lo que condujo a su procesamiento, ratificado por la Cámara en lo Criminal de Viedma), considerando que se realiza de parte de la acusación una interpretación de los hechos y derechos que no comparto", afirmaba en su resolucón el juez Igoldi, sin embargo luego justificaba el sobreseimiento diciendo que “ siendo el Ministerio Público Fiscal -en cabeza de la señora Agente Fiscal, Dra. Itziar Soly-, el titular de la acción penal, su dictamen desincriminante hacia el imputado aparece como obligatorio el sobreseimiento”.

La resolución absolutoria le representó al juez Fabio Igoldi una denuncia penal en su contra que lleva adelante la diputada nacional Maria Emilia Soria, quien asegura que el magistrado no siguió los pasos debidos en el proceso, favoreciendo a Sartor.

Entre bomberos.......

La corporación judicial es férrea. La apertura hacia la comunidad o la búsqueda de equidad no son precisamente sus cualidades, pero a veces pueden sorprender algunas medidas propias.

Recientemente, el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro rechazó una demanda presentada por jueces de la Primera circunscripción Judicial (Viedma) contra el Estado provincial. Los magistrados reclamaban el dinero perdido durante la emergencia económica provincial que rigió por ley entre el 1 de noviembre de 1998 y el 31 de diciembre de 2004.

Aquella ley, que fue solicitada por el entonces gobernador Pablo Verani, congeló los aumentos en concepto de antigüedad de los tres poderes del Estado, lo que representaba el 2 porciento de aumento anual para los jueces.

Esta demanda había logrado sentencia favorable en una primera instancia y significaba para el Estado provincial, no sólo una pérdida millonaria, sino que además sentaba un antencedente peligroso, a través del cual, todos los agentes estatales que fueron perjudicados podrían realizar el mismo reclamo y entonces sería para el Estado una cifra sideral la que tendria que desembolsar en conceptos resarcitorios.

Que mejor abogada defensora que la misma acusadora

Sobre la figura de la Procuradora General de la Provincia recae la obligación acusatoria del sistema judicial. De ella dependen los fiscales, que son los encargados de aportar las pruebas y llevar adelante las investigaciones.

El simbronazo mayor de los últimos tiempos para la familia judicial fue el escandalo que se desató en Viedma por la denuncia por abuso de menores que tuvo como principal protagonista a un juez penal, Juan Beranardi (el mismo que sobreseyó a Sartor por mal desempeño en sus funciones) y que como una peste se extendió hacia diferentes ámbitos.

Las niñas abusadas estaban bajo protección del Ministerio de Desarrollo Social por diversas situaciones de vulnerabilida. Estas habrían sido inducidas a ejercer la prostitución por algunas personas que tenían la obligación de cuidarlas.

Inmediatamente las voces de la política se alzaron para pedir la cabeza del entonces ministro Ricardo Arroyo, ex legislador y armador político incuestionable de Weretilneck. El argumento estaba en que este era el máximo responsable de la guarda de las niñas abusadas.

Al pedido de informes y de comparecencia ante la Legislatura provincial pedido por la oposición, se respondió con una medida concreta. Arroyo salió por la ventana del Ministerio hacia la lista sábana de la boleta de Juntos Somos Río Negro y el 10 de diciembre jurará por cuatro años más de fueros constitucionales.

En en el medio de la tormenta que llenaba las páginas de los diarios locales y alcanzaba titulares en los principales medios informativos de Capital Federal, se realizó una reunión entre legisladores del Frente para la Victoria (FpV), abogados, la procuradora Silvia Baquero Lazcano y Arroyo.

Cuentan testigos del encuentro que durante la ríspida conversación y ante los cuestionamientos al Ministro, fue la misma Procuradora quien se encargó de defenderlo sin que Arroyo pronunciara prácticamente una palabra.

Justicia electoral

–¿Decime Alberto, es verdad que tu jefe de Policía es del ARI?- dicen que preguntó Cristina Fernandez de Kirchner a Weretilneck mientras le soltaba una mirada furibunda.

–No, Ariel es mio- (dicen que) respondió el nervioso gobernador ante el reto de la presidenta.

La charla se desarrollaba en el despacho de la Presidencia, a finales del mes de diciembre de 2012. Cristina Fernandez había mandado a llamar a los dos referentes rioneginos, Weretilneck y Miguel Pichetto, estaba muy enojada y no lo disimulaba.

La crisis política y social en la provincia había llegado a su púnto máximo cuando se produjeron los saqueos en San Carlos de Bariloche y luego se extendieron como reguero de pólvora por otros puntos del país, dejando como saldo varios muertos y un miedo constante en cada fin de año.

Por ese entonces, Ariel Gallinger era el jefe de la policía de Río Negro. Había sido designado seis meses antes por el Gobernador en un intento por lograr democratizar la institución con un gesto fuerte: que el máximo responsable de la Fuerza fuera un civil.

Entonces se eligió al abogado, respetado y reconocido en la capital provincial, quien venía incursionando en la política desde hacía varios años y había logrado una banca en el Concejo Deliberante con el sello del ARI para luego saltar hacias las filas de funcionarios del (entonces) Frente para la Victoria.

Tres meses después de esa conversación hubo un enroque. Gallinger salió de la Policía y fue a ocupar la Secretaría de Gobierno de la provincia. En abril de 2014, los legisladores albertista que componen el Consejo de la Magistratura, Arabela Carreras, Jorge Barragan y Adrian Casadei; así como la integrante del STJ Adriana Zaratiegui y el representante del colegio de abogados, Nestor Torres, lo eligieron como juez de la Cámara Civil de Viedma.

Gallinger preside actualmente el tribunal electoral de la provincia. Junto a Sandra Filipuzzi (!) y María Lujan Ignazi. Fueron ellos quienes decidieron a favor de la petición del candidato a la intendencia de Bariloche de Juntos Somos Río Negro, Gustavo Gennuso, para que las elecciones se realicen tan como estraban previstas, el próximo domingo 6 de septiembre.