El injurioso avance del gobierno nacional contra la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene su cara más oscura en el doble discurso que les plantea a millones de chicos y jóvenes del país. Para eso debemos encuadrar la operación política contra el juez Carlos Fayt en el marco de un conjunto de gestos y actos autoritarios con los que el Gobierno confunde a quienes, como es el caso de los alumnos en el cotidiano ámbito de la escuela, deben estudiar, comprender y apreciar el significado de nuestra Constitución, así como el valor individual y colectivo que tienen los derechos y garantías constitucionales, y la importancia que la ley y el Estado de Derecho tienen para la libertad, la dignidad humana y el respeto irrestricto por los derechos humanos.
Es clave que analicemos el conflicto político, institucional y moral desatado por el acoso al juez Fayt desde la perspectiva de nuestros chicos y jóvenes. No poniéndonos en su lugar, pues no se trata de eso, sino afirmándonos en nuestro rol de adultos que debemos asumir el compromiso ético y la obligación legal de velar por su seguridad y salud física, psíquica y emocional.
Sin dudas, nuestros chicos y jóvenes deben estar desconcertados por los intentos vergonzosos del Gobierno de mutilar la independencia de la Corte. Ocurre que en sus colegios les enseñan todo lo contrario: que nuestro sistema republicano de gobierno se fundamenta en una división tripartita de poderes que mantienen gran independencia entre sí. Además, les enseñamos que la Constitución es la ley suprema, que los derechos, deberes y garantías constitucionales son iguales para todos los argentinos sin importar su condición social y que, según su artículo 18, ningún habitante del país puede ser juzgado por comisiones especiales, como los legisladores oficialistas en el Congreso intentan hacer con Fayt.
Me imagino que con estos gestos típicos del doble discurso habrá muchos chicos en muchas escuelas pensando que la Constitución tiene un valor meramente simbólico y muy poco práctico. O que deben estudiarla como parte de su formación regular, pero que en realidad sus contenidos no son aplicables en la vida real. Es decir, mirarán con escepticismo a nuestra Carta Magna o, lo que es peor, pensarán que no tiene ningún valor. Así de grave es el daño que podemos provocarles si aceptamos acciones autocráticas como el avance gubernamental sobre la Corte.
Los gestos autoritarios del Gobierno producen en nuestros chicos y jóvenes una enorme desconfianza en el sistema político argentino, en la calidad de nuestras instituciones y en la cualidad moral de nuestros representantes. Desde esta perspectiva, el acoso gubernamental al juez Fayt se inscribe en el marco de una grave crisis política, institucional y moral que también afecta al sistema educativo, especialmente en la castigada provincia de Buenos Aires, sumándose a otros flagelos que golpean a nuestros niños y jóvenes, como el avance del narcotráfico y la drogadicción, la violencia escolar y en la calle, el desempleo, el maltrato en el seno de sus hogares y en los ámbitos extrafamiliares.
Tampoco es menor el daño que les provocamos por el modo vergonzoso en que se agravia a Fayt debido a su longevidad. ¿Qué mensaje insensible y amargo les ofrecemos al decirles que sus abuelos y bisabuelos quizá no tengan la capacidad intelectual y emocional de llevar adelante una vida honrosa basada en el trabajo que desarrollaron durante toda su vida? Es un mensaje que agravia la dignidad, que resulta carente de todo respeto y está vacío de la mesura y el decoro con el que merecen ser tratadas todas las personas sin importar su edad.
Los políticos no podemos mantenernos indiferentes cuando vemos que el gobierno nacional afecta la vida de nuestros chicos y jóvenes. Todo lo contrario, debemos proteger sus intereses, anhelos y deseos más legítimos, y estamos obligados a denunciar y resolver de forma sensata, pacífica y madura todas aquellas cuestiones que los perjudican.
