Presentan amparo contra decreto que protege a directores del Estado

“El Estado nombra directores estatales desde 2008, cuando absorbió la participación accionaria que tenían las viejas AFJP en varias compañías. Hoy, ya se han designado directivos para 42 empresas nacionales”, explicaron.

La “indemnidad legal” que promueve la norma, implica que los gastos de la defensa y por los fallos en contra que puedan tener vinculados con su actuación en las empresas donde el Estado tenga participación accionaria, correrán por cuenta de la administración.

El decreto “incurre en reiteradas irregularidades y es abiertamente ilegítimo, violando principios y garantías constitucionales”, precisa el documento presentado y señala que es un claro “blindaje judicial y económico”, y que limita la responsabilidad de los funcionarios públicos excluyéndolos del orden “civil”.

También sostiene que el decreto transforma a “simples empresarios en funcionarios públicos para sustraerlos de la responsabilidad que les correspondería como hombres de negocios”. Asimismo, advierte que los directores son “cargos políticos”.

“Con la ley 26.944 dieron el primer paso, pero en este caso corren el alambre de tal modo que ningún director de las empresas ANSES responderán por impericia o negligencia en la actividad que desarrollen en las mismas”, manifestó D’Alessandro.

“Es virtualmente una autoamnistía, al estilo de la de Bignone, y está enmarcado en todo el proceso que iniciaron hace un par de años con el nuevo código civil, limitando la responsabilidad de los funcionarios públicos”, concluyó.