Semanas atrás, mientras el presidente del bloque de senadores de la UCR, Gerardo Morales, despotricaba contra el desorden moral que generaba la presencia en el recinto de Amado Boudou, a no más de dos o tres metros del jujeño se veía, vacía, la butaca del senador Juan Carlos Romero, que eligió no presenciar el acting opositor.
Tampoco tenía mucho margen para hacerlo: su situación ante la justicia salteña no es más confortable que la del vicepresidente, ya que el ex gobernador de Salta está cerca de ir a juicio por una maniobra inmobiliaria, ocurrida durante su gestión, en la que se utilizaron fondos del Estado para favorecer a una empresa de su clan familiar.
En la causa conocida como “El Hangar” lo que se investiga es la sospechosa sesión de un predio de Aviación Civil a la empresa Finca La Represa S.A., firma que preside Juan Esteban Romero, hijo del senador, y en cuya integración aparece como accionista mayoritario Avión Sur S.A., compañía que preside el propio Juan Carlos Romero. La transferencia se registró apenas días antes de que el ex gobernador abandone el poder en Salta, quedándose así con un hangar público para sus aeronaves privadas.
Aunque hay otras de mayor volumen político, esta es la causa que más preocupa a los Romero. ¿Por qué?, porque es la única de las ocho causas penales que pesan sobre el legislador que se inició luego de que Salta reforma su Código Procesal Penal. Esto permite ahora la elevación a juicio de un expediente sin que se requiera previamente la indagatoria y el procesamiento de los acusados, situación que Romero viene eludiendo en los restantes siete expedientes, regidos por el sistema anterior, lo que a través de infinitas dilaciones lo mantiene alejado del banquillo de los acusados.
En abril del año pasado, el juez de Garantías N°5, Héctor Martínez, confirmó la elevación a juicio de la causa que instruyó el fiscal de Delitos Económicos Complejos, Guillermo Akemeier, quien pidió iniciar juicio oral y público al ex gobernador, a su hijo, Juan Esteban; el ex Secretario General de la Gobernación, Raúl Romeo Medina y el ex director de Aviación Civil, Ricardo Funes. Los delitos de la acusación son los de negociación incompatible con el ejercicio de la función pública y defraudación.
Igualmente, Romero se jugó aquí su última carta para conseguir suspender el juicio y llegar a las próximas elecciones, en las que buscará ser nuevamente gobernador, sin pasar por la Justicia: a través de su abogado pidió que la causa pase al fuero federal.
La presentación se hizo en el juzgado federal 2, a cargo del juez Miguel Medina, y la elección de casual no tuvo nada: a Medina lo promovió el propio Romero durante su gobernación, cuando el ahora magistrado era asesor legal de la Cámara de Senadores. De allí lo sacó para ponerlo como apoderado del PJ para luego diseñarle el Juzgado Federal N°2, que tenía su dueño en Medina antes incluso de existir. Medina, obviamente, hizo lugar a pedido de la defensa de Romero.
El fiscal federal, Ricardo Toranzos, apeló y el caso fue a parar a la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, donde el expediente se congeló por otro año más.
De público a privado
La autocesión del hangar desde Aviación Civil a Finca La Represa S.A. se oficializó el 22 de noviembre de 2007, veinte días antes de que Romero dejara el gobierno para asumir como senador nacional.
Según la instrucción de la fiscalía, al momento de la transferencia la composición societaria de Finca La Represa S.A., el presidente de la compañía efectivamente era Juan Esteban Romero, pero su padre también tenía su parte: la firma estaba compuesta a su vez por otras dos accionistas: Blain Holding Corporation y Avión Sur S.A., siendo Juan Carlos Romero el propietario de ésta última con el 51% de las acciones.
Porcentaje que alcanzó en una asamblea, luego de aumentar su nivel de acciones con fondos procedentes de Horizontes S.A., la empresa con la que administra su arma mediática, el diario El Tribuno de Salta.
Otro de los aspectos que demostró el fiscal es que apenas se selló la transferencia, el hangar pasó a manos directamente de Avión Sur S.A. Es decir, la compañía que controlaba el propio Romero.
Para la fiscalía este es un aspecto central del expediente, ya que demostraría que el sentido final de la operación era favorecer desde la Gobernación directamente al gobernador saliente, quien nunca ocultó su pasión por las aeronaves. El año pasado, casualmente, puso en venta un Bombardier Lear Jet 45 modelo 1999, el avión privado que utilizó durante largos años.