El interventor de la Caja Popular de Ahorros, Armando Cortalezzi, explicó que el viernes habían notificado a los trabajadores para que retomaran sus labores en la Caja porque estaban “cumpliendo la resolución judicial” que ordenó su restitución.
La cesantía de los contratados había llegado al gremio de La Bancaria a plantear el caso ante la Justicia Federal, tras lo cual la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo hizo lugar a la medida cautelar del gremio y exigió a la CPA que “reponga de inmediato en sus puestos de trabajo al personal” afectado.
Los despidos en la Caja Popular de Ahorros ocasionaron un conflicto entre el gremio y las autoridades de la provincia de Tucumán. Con movilizaciones y huelgas nacionales, los trabajadores presionaron por la reincorporación de sus compañeros.
El punto de mayor tensión fue el pasado 13 de mayo, cuando las fuerzas de seguridad del distrito del gobernador José Alperovich dispararon con balas de goma a una manifestación de los afiliados del gremio. La virulenta represión dejó 22 heridos.
La última medida de fuerza de La Bancaria ocurrió el 8 de julio pasado, cuando se ejecutó un paro de 48 horas como respuesta a la represión que afectó la atención al público en todas las sucursales del país.