Así las cosas, la Cámara Nacional Electoral (CNE) alertó sobre las auditorias que se realizan en relación a los balances de la última campaña electoral presentados por los partidos políticos, que, la mayoría de los casos, están incompletos y difícilmente pasen el exhaustivo examen de la Justicia Electoral.
Según información oficial de la propia CNE, los 32 partidos de orden nacional presentan irregularidades de distinto tipo en relación con la ley de financiamiento. Las penas varían de acuerdo con la gravedad de la falta y, por lo general, van desde un porcentaje que se descuenta del Fondo Partidario Permanente (FPP), que el Estado le otorga a cada partido, hasta la pérdida total de aportes, ya sea los destinados a su funcionamiento cotidiano o a la campaña proselitista.
Recibieron por ello multas y sanciones, en su mayoría por falta de inversión en actividades de capacitación se aplicaron en Capital multas que en total suman 1.004.130 pesos; en Buenos Aires, 4.622.078 pesos, y a partidos nacionales, 1.863.521 pesos.
Ante esta situación, corre el rumor en el Congreso que señala a algunos partidos políticos, como el oficialismo y la UCR, que evaluarían la posibilidad de una amnistía general o parcial a través de una Ley.
La ley de financiamiento
El kirchnerismo impulsó la nueva ley de financiamiento de los partidos políticos (la 26.215, que reemplazó a la 25.600). La norma destina una partida presupuestaria para el desenvolvimiento de todas las fuerzas del país y para los gastos proselitistas de comicios como las presidenciales y las legislativas nacionales.
Para acceder a estos recursos, los partidos deben hacer una minuciosa rendición de egresos e ingresos, justificar cada uno de sus gastos, presentar los balances de acuerdo al plazo establecido y sin ningún tipo de error.
El control es estricto, ya que las agrupaciones políticas deben explicar al detalle en qué gastan los fondos de origen público, cuyas rendiciones son revisadas por un cuerpo de auditores que depende de la Cámara Nacional Electoral. Este Tribunal es el que aplica la sanción ante una infracción.