Según informó el diario oficial Granma, en el transcurso del año, las poco más de 2.800 empresas estatales podrán, luego de cumplir con el encargo estatal, “comercializar sus excedentes o inejecuciones al precio que fije la relación entre la oferta y la demanda”.
El salario, de 19 dólares mensuales en promedio y reconocido por el Gobierno como “insuficiente”, ahora será fijado por las empresas en función de su productividad y ganancias. Además, las compañías podrán “distribuir utilidades entre los trabajadores como estímulo” siempre que los resultados de las auditorías financieras sean aceptables y no se deteriore la productividad.
Las empresas podrán desarrollar sus propios sistemas de pago sin necesidad de consultar al ministerio correspondiente, como hasta el presente, y no tendrán que devolver al gobierno las reservas no utilizadas en años anteriores.
Igualmente, “podrán retener hasta el 50% de las utilidades después de impuesto al cierre del año”, 20% más de lo establecido hasta ahora.
“Este es un proceso gradual de descentralización” que “aumenta la responsabilidad de los directivos” de las empresas, subrayó el periódico. Las resoluciones ponen a las compañías “en condiciones de ocupar el verdadero papel que les corresponde”, agregó.
El gobierno de Raúl Castro ha iniciado una serie de reformas económicas para sacar del estancamiento a la economía de la isla, que creció en 2013 un 2,7%, por debajo de la meta de 3,6%.
Recientemente el gobierno aprobó una nueva ley de inversión extranjera, y ha flexibilizado el acceso a la vivienda y los automóviles.