Claudio Bonadio, hoy destinatario de la furia K, es el único de los jueces federales de primera instancia que tuvo la oportunidad de tener un encuentro a solas con Cristina Fernández de Kirchner. Fue en noviembre de 2012 en la residencia de Olivos.
La presidente había iniciado un pleito contra el diario italiano Corriere della Sera por entender que la cobertura del matutino sobre un viaje a Roma de la mandataria había incluido elementos de la real malicia, figura muy presente en el derecho italiano.
El caso avanzó y se hizo necesaria una declaración de Cristina por videoconferencia. La declaración la tomó la jueza romana Elena Scozzarella y el “garante local” obligado por una cuestión de procedimiento fue Claudio Bonadio que se acercó a Olivos para ver la declaración.
Antes de comenzar compartió algunos minutos de charla afable e intercambió algún recuerdo sobre Néstor Kirchner. El clima ameno era explicable: el Gobierno todavía no se había embarcado en la cruzada por la reforma judicial que llegaría en abril de 2013. Aún así Bonadio se quedó con ese recuerdo curioso, en el cual la presidente brindó detalles de su gira italiana y de sus gustos y protocolos cada vez que deja el país.
El ataque del kirchnerismo a Bonadio por el allanamiento a Hotesur, la firma que administra el hotel Alto Calafate de la familia Kirchner, encierra otras broncas más ocultas pero mucho más intensas dentro del kirchnerismo duro.
El Gobierno conoce que la tan denunciada llegada a Sergio Massa se originó en verdad por las gestiones de la familia Eskenazi, banqueros a los que Néstor tanto consideraba al punto de embarcarlos en YPF junto a Repsol. Desaparecidos de la escena, ausentes en cualquier coloquio, nunca dijeron nada sobre la estatización de la petrolera y se refugian, desde mediados del año pasado, en Tigre.
La relación de los dueños del Grupo Petersen con el juez se cimentó a raíz de una causa sensible para Repsol y terminó de fortalecerle luego de un encuentro en Madrid en el cual también aparecían ejecutivos de la petrolera española.
Desde las propias usinas del massismo se dejó trascender que Bonadio estaba dentro de la órbita del Frente Renovador. En abril de 2013 el juez invitó a Massa al debate que organizó bajo el paraguas de la Fundación de Estudios Políticos, Económicos y Sociales para una Nueva Argentina. Desde ese momento el juez no dejó de poner en aprietos a cualquier funcionario K, algo que antes no había hecho.
El acercamiento a Bonadio desde el sector empresario era necesario porque es un juez que nunca apreció demasiado a Darío Richarte, lobbysta del Frente Renovador en tribunales, y mucho menos a los hombres de la SIDE salvo a Francisco “Paco” Larcher con quien mantiene una relación desde 2004 cuando el Señor 8 ayudó al magistrado a sortear una denuncia del Gobierno Nacional por haber “protegido” a un imputado en una causa en la que investigaba una serie de contratos con el PAMI.
Bonadio de hecho, siempre se ha sentido más a gusto cenando en bodegones con Jorge “Fino” Palacios jefe fugaz de Policía Metropolitana de Mauricio Macri y dado de baja por su supuesta implicancia en la causa de las escuchas telefónicas ordenadas desde el clan Macri.
El Gobierno ahora busca debajo de cada piedra para apuntar contra el denominado “juez pistolero” de Comodoro Py. Por esta búsqueda desenfrenada además de las denuncias por su participación en las firmas MANSUE S.A. y Gas Lanús S.A. ahora estaría en la mira la empresa Records MCL SRL (CUIT 30-70968265-9) propiedad del joven Mariano Bonadio, hijo del juez federal Claudio Bonadio, quien no ha tenido ningún antecedente laboral en su trayectoria y está inscripto comercialmente ante la AFIP recién en enero del 2012. La empresa Records MCL SRL presta servicios de estudio de grabación por hora como también alquiler para el ensayo de bandas de música y cantantes en la calle Tronador 874, entre Fraga y Guevara, Capital Federal.
En las últimas horas el senador nacional del Frente para la Victoria, Marcelo Fuentes, presentó en los tribunales federales de Comodoro Py una denuncia por presunto enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público contra Bonadio, el juez enemigo del Gobierno Nacional.
Son esfuerzos inconducentes porque se ha reforzado en las últimas horas la defensa a Bonadio en el Consejo de la Magistratura. Fue una gestión muy cauta sobre los jueces que integran el organismo y se planificó en la vocalía de Juan Carlos Maqueda que ayer compartió un encuentro con el gobernador Juan Manuel De la Sota otro de los que circula por la galaxia tan variopinta del massismo.
Más allá de su cuestionada instrucción en la causa que investiga la tragedia ferroviaria en la estación Once, el Consejo de la Magistratura tramita seis expedientes por mal desempeño contra Bonadío, un juez afecto a hablar y expresarse políticamente a través de sus fallos que transita ahora la delgada línea que separa a veces el mundo judicial del político.