Sociedad

Ley de Medios: el Gobierno y el Grupo Clarín cara a cara en la Corte

Este 28 de agosto, la Corte Suprema llevará adelante la disputa entre el Gobierno y el Grupo Clarín en torno a la Ley de Medios aprobada durante la gestión de Néstor Kirchner. La audiencia pública por la causa se desarrollará durante dos mañanas consecutivas y será la última oportunidad que tendrán las partes para confrontar sus argumentos antes de que Corte dicte una sentencia.

Frente al Palacio de Justicia, agrupaciones cercanas al Gobierno convocaron a una jornada nacional en defensa de la ley. La Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) y la Coalición por una Comunicación Democrática, se reunirán para reclamar a la Justicia la aplicación total de la iniciativa.

 

Un afiche compartido firmado por el Afsca, aparece en las redes sociales y en varias paredes de la Capital Federal, y llama a una “Jornada Popular en defensa de la ley que el pueblo escribió” y convoca a reunirse “por la democracia y la libertad de expresión”.

 

Los siete jueces del caso escucharán los argumentos de los amigos del tribunal (a micus curiae), mientras que el jueves será el turno de los abogados de las partes.

 

El plato más fuerte, será cuando el tribunal interrogue a los abogados de Clarín y los del Gobierno, probablemente representado por Martín Sabbatella, titular del Afsca.

 

La ley 26.522, en su artículo 45, prohíbe que un mismo operador acumule licencias de TV, radio y cable. Además, prohíbe que un cable llegue a más del 35 por ciento del país y que un operador de cable, en una misma zona, tenga un canal de aire. En su artículo 161, obliga a desprenderse de las licencias que exceden esos límites.

 

Para el Grupo Clarín, la ley está vigente excepto los cuatro artículos que impugnó y argumenta que los límites del artículo 45 son irrazonables. La Cámara, en parte, le dio la razón: los cables no puede estar sujetos a ningún límite, porque no usan el espectro radioeléctrico. Además, el multimedio dice que el artículo 161 afecta derechos adquiridos, porque obliga a vender licencias cuyo plazo no venció.

 

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