En Atenas, los manifestantes salieron a las calles para protestar y se provocaron disturbios frente al Parlamento con bombas molotov contra la policía, que respondió con gas lacrimógeno y humo.
Las autoridades indicaron que hubo 20 efectivos heridos y que se detuvo a más de 100 personas temporalmente.
A pesar de las protestas, el Gobierno quiere acelerar las reformas y desde el Ministerio de Finanzas se señaló que es posible que para el fin de la semana se apruebe el programa de ahorro de 11.500 millones de euros.
Según informaciones, el primer ministro Antonis Samaras logró llegar a un acuerdo sobre el plan de austeridad con el ministro de Finanzas, Yannis Stournaras, del que informará a sus dos socios de coalición.
En la huelga participaron maestros, estatales y hasta los marineros, por lo que no partió ningún barco desde el principal puerto del país, El Pireo. En Atenas los conductores de ómnibus hicieron un paro de tres horas. Además cerraron sus puertas numerosos bancos y el servicio de correos.
También los ministerios y las oficinas de Hacienda permanecieron cerrados y hubo problemas en el tráfico aéreo, ya que los controladores del sector hicieron paro. Los médicos sólo atendieron los casos de urgencia mientras las farmacias permanecieron cerradas. Además, los periodistas hicieron un alto en su trabajo durante cuatro horas: entre las 11 y las 15 únicamente se dieron noticias de la huelga y manifestaciones.
Se trata de la mayor huelga desde febrero, convocada por los sindicatos del sector público y privado, que según sus propias cifras representan a más de 3 millones de trabajadores.
Algunos manifestantes portaron ataúdes en representación de la “Muerte del sistema social”. Tanto en Atenas como en Tesalónica, Creta y muchas más ciudades se llevaron a cabo manifestaciones. Los sindicatos estiman que habrá nuevos recortes de salarios y pensiones de entre el 6 y el 20 por ciento y aseguran haber perdido alrededor del 30 por ciento de sus ingresos.
Los partidos griegos intentan estos días ponerse de acuerdo sobre un nuevo paquete de ahorro de 11.500 millones de euros, reclamado por la troika de acreedores del FMI, la Unión Europea (UE) y el Banco Central Europeo (BCE) como condición para entregar a Atenas el nuevo tramo del paquete de ayudas.
