El dato surge de un documento que circula entre los legisladores de la oposición, al que accedió DIB, que fue la base del reclamo que el jueves realizaron a la ministra de Economía, Silvina Batakis, para que todas las comunas recuperen los 920 millones de pesos que dejaron de percibir tras la constitución del Fondo de Financiamiento Educativo en el Presupuesto 2012.
Según ese informe, a partir de la comparación de las pérdidas del fondo educativo con lo que recibirían los municipios de votarse la reforma impositiva, solo siete comunas tendrían un saldo positivo.
Entre ellas se encuentra Ensenada con un 65% más, Lanús, con el 20%, San Martín y Avellaned con 7%, Tres de Febrero, Zárate y Junín, el 3% , de este modo, recuperarían u obtendrían las mismas partidas.
Mientas que, 15 comunas, equipararían sus recursos al recibir un poco más del 90% de los fondos, y por lo tanto, 28 quedarían por debajo del 70%, lejos de los montos que hubieran recibido según las proyecciones realizadas a fines de 2011.
En ese sentido, explican que son muchos los municipios que deberán afrontar pérdidas millonarias como es el caso de La Matanza, que dejarán de percibir 13,2 millones de pesos; seguido por Malvinas Argentinas, con 9,8 millones; Merlo, con 8 millones; y La Plata, que resignará 5 millones.
Fue por esto que la oposición reclamó el jueves al Ejecutivo que garantizara la cobertura del 100% de los recursos perdidos, por lo que el debate pasó a un cuarto intermedio hasta el jueves.
Historia
Los reclamos de los municipios se iniciaron cuando el Gobierno nacional decidió incluir en el Presupuesto 2012 el Fondo de Financiamiento Educativo, que le restó a los municipios 920 millones de pesos.
En consecuencia, y para obtener una mayor cantidad de fondos propios, la Provincia envió al Senado una reforma impositiva que contempla aumentos en el impuesto a los Ingresos Brutos y a los Sellos y revalúo los campos, que impactarán en el Inmobiliario Rural.
Además, la iniciativa amplía en dos mil millones de pesos los límites de emisión de Letras del Tesoro (endeudamiento a corto plazo) y permite una apelación a los organismos internacionales de crédito por 200 millones de dólares.