El proyecto presentado por el oficialismo, prevé incorporar al Código Penal dos nuevos artículos que aumentarían las penas de todos los delitos que fueran cometidos con la “finalidad de aterrorizar a la población” o de “obligar a las autoridades públicas a realizar un acto o abstenerse de hacerlo”. De esta manera, incorpora un agravante genérico redactado en iguales términos que los contenidos en el artículo 213 ter. sobre asociaciones ilícitas terroristas.
La iniciativa sostiene que “cuando alguno de los artículos previstos en el Código Penal hubiese sido cometido con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o a una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, la escala se incrementará en el doble del mínimo y del máximo”.
En Diputados se le agregó un párrafo: “Las agravantes previstas en este artículo no se aplicarán cuando el o los hechos de que se traten tuvieren lugar en ocasión del ejercicio de derechos humanos y/o sociales o de cualquier otro derecho constitucional”.
En este sentido, organizaciones de derechos humanos, sociales y sindicales manifestaron su rechazo a la ley por la definición de terrorismo que posee la misma, ya que cualquier juez podría considerar como tal a las protestas sociales. De esta manera, habilitaría práctica y jurídicamente a los magistrados a criminalizar la protesta social, duplicar las posibles penas y encarcelar preventivamente a quienes reclamen por sus derechos bajo el calificativo de “terrorismo”.
Las Abuelas de Plaza de Mayo manifestaron su inquietud ante el proyecto de ley que impulsa el Poder Ejecutivo y que obedece las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el organismo internacional contra el lavado de dinero.
“Consideramos que el proyecto tiene algunas deficiencias legales e imprecisiones en sus definiciones que podrían generar un impacto muy distinto al que se proclama y derivar, así, en la criminalización de la protesta social”, indicó la organización.
Señalaron además, que “si bien el Gobierno nacional sostiene una política de no represión, los jueces, como poder independiente, serán quienes apliquen e interpreten esta ley” y ante la heterogénea composición de la magistratura, integrada en muchos casos por jueces de perfil conservador, no faltará quien la interprete en un sentido negativo”. La organización espera que el Senado pueda reevaluar el proyecto y discutir las objeciones que exponen.
Por su parte, Encuentro Memoria, Verdad y Justicia criticó al Gobierno por considerar que la ley “transforma en terrorista a cualquier movimiento de trabajadores, estudiantes, pueblos originarios, derechos humanos, vecino o ciudadano que intente reclamar por sus derechos”.
El espacio, integrado por la Asociación de ex detenidos y desaparecidos, Asociación de Profesionales en Lucha, Centro de Abogados por los Derechos Humanos, Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, Coordinadora Antirepresiva por los Derechos del Pueblo y Liberpueblo, denunció así el carácter “represivo” de la iniciativa del Ejecutivo.
Cómo votó Diputados
