Ocurre mientras los genocidas buscan cobrar sus favores y cumplir sus condenas en prisión domiciliaria, al amparo del gobierno negacionista de Javier Milei.
A 50 años del golpe de 1976 y en un escenario político atravesado por el permanente acecho negacionista y los intentos del gobierno de Javier Milei de reescribir la historia sobre el terrorismo de Estado en Argentina, los juicios por delitos de lesa humanidad siguen avanzando.
Esta semana comenzarán dos debates que pondrán bajo examen responsabilidades hasta ahora pendientes de juzgamiento: el funcionamiento del aparato represivo que actuó en Río Cuarto y el sur de Córdoba y la presunta complicidad civil de Mercedes-Benz Argentina en el secuestro de trabajadores de la automotriz durante la última dictadura.
Los nuevos juicios comenzarán mientras los lobistas proimpunidad siguen intentando obtener beneficios para los represores condenados. El Gobierno avanzó en el desfinanciamiento de las políticas públicas de Memoria, Verdad y Justicia y en el vaciamiento o eliminación de áreas estatales dedicadas a impulsar debates, profundizar investigaciones y sostener la memoria sobre los crímenes de lesa humanidad de la última dictadura.
Por estos días, además, llegó a la Corte Suprema de Justicia un protocolo que podría facilitar el otorgamiento de prisiones domiciliarias a represores investigados y condenados, cuando solo una minoría de los condenados cumple sus penas en establecimientos penitenciarios.
Sin embargo, no lograron frenar el avance, lento pero sin pausa, de las causas por delitos de lesa humanidad, que siguen sentando a los acusados frente a los tribunales para responder por sus responsabilidades durante el terrorismo de Estado.
No dan explicaciones. Muchos mantienen el pacto de silencio sobre el destino de las personas desaparecidas. Pero los tribunales federales continúan estableciendo responsabilidades penales por secuestros, torturas, asesinatos, desapariciones forzadas, apropiaciones de niños y niñas, delitos sexuales y robo de bienes.
En ese contexto, este martes comenzará en los tribunales federales de Córdoba el juicio oral contra una veintena de represores por crímenes cometidos contra más de 70 personas entre 1975 y 1978. Por primera vez, un debate oral reconstruirá de manera integral el funcionamiento de la estructura represiva que actuó en Río Cuarto, con participación del Ejército, la Policía Federal, la Policía provincial y los servicios de inteligencia.
Dos días después, el jueves, el Tribunal Oral Federal Nº 1 de San Martín comenzará a juzgar a comenzará a juzgar a Juan Ronaldo Tasselkraut, exgerente de Producción de Mercedes-Benz Argentina. Su presunta vinculación con las fuerzas represivas ya había sido expuesta durante el Juicio a las Juntas, hace más de cuarenta años. Ahora está acusado de haber colaborado en el secuestro de dos obreros de la planta de González Catán: Héctor Aníbal Ratto, sobreviviente del terrorismo de Estado, y Diego Núñez, quien permanece desaparecido.
La causa Gutiérrez/Di Santo es una de las investigaciones por delitos de lesa humanidad más importantes del sur cordobés. El proceso comenzará este martes en la capital provincial, con una veintena de exmilitares y expolicías imputados. Inicialmente eran 24 los acusados que llegarían al banquillo, pero el paso del tiempo y distintas circunstancias procesales redujeron esa cantidad. Se espera que declaren alrededor de un centenar de testigos.
La acusación comprende más de 70 víctimas de hechos ocurridos entre 1975 y finales de 1978. Entre los imputados hay ocho que, según la información de la causa, nunca habían sido juzgados por su participación en el aparato represivo de la dictadura.
El juicio buscará reconstruir el funcionamiento del aparato represivo que actuó en Río Cuarto y su zona de influencia. Allí intervinieron integrantes del Ejército, la Policía Federal Argentina, la Policía de Córdoba y los servicios de inteligencia, que utilizaron dependencias oficiales para mantener personas secuestradas, interrogarlas y someterlas a torturas.
Una de las novedades centrales es que se juzgarán por primera vez hechos atribuidos a integrantes de la delegación Río Cuarto de la Policía Federal y de la Unidad Regional Sur de la Policía provincial. Hasta ahora, buena parte de los juicios realizados en Córdoba se había concentrado en los grandes centros clandestinos de detención de la provincia, como La Perla, y en la actuación de las estructuras militares que los controlaban.
El juicio que comienza este martes -el vigésimo que se desarrolla en Córdoba dentro del proceso de juzgamiento de los crímenes de la última dictadura- permitirá reconstruir cómo funcionó la represión fuera de esos grandes centros clandestinos y cómo se articularon las fuerzas de seguridad con la estructura militar responsable del control territorial.
Entre los lugares investigados se encuentran la sede de la Policía Federal en Lamadrid 389 y la de la Unidad Regional Sur en Belgrano 50, ambas en Río Cuarto; el Batallón de Arsenales José María Rojas, ubicado en Holmberg; el Departamento de Informaciones de la Policía de Córdoba, conocido como D2; la Unidad Penitenciaria Nº 1 y los centros clandestinos La Perla y Campo La Ribera.
Según el requerimiento fiscal, algunas de estas instalaciones funcionaban formalmente como dependencias estatales y, al mismo tiempo, eran utilizadas para la detención ilegal y la tortura de personas perseguidas por razones políticas. Una parte significativa de las víctimas incluidas en la causa principal pertenecía a la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC). La investigación documentó tareas de inteligencia sobre la actividad universitaria y la persecución de estudiantes, docentes y trabajadores no docentes.
Los testimonios reunidos durante la instrucción describieron incluso un operativo en el que fueron secuestrados entre 16 y 18 estudiantes vinculados con la Juventud Universitaria Peronista y el Peronismo de Base.
Entre los casos más significativos aparece el del profesor universitario Ernesto Silber y su esposa, Juana Josefa Chessa, también docente. Ambos fueron secuestrados el 9 de agosto de 1976 por integrantes de la Policía de Córdoba. Silber fue detenido cuando se encontraba en la universidad, a partir de información que, según la acusación, habría proporcionado un funcionario de la propia institución. Luego fue trasladado junto con su esposa a la sede de la Unidad Regional Sur de la Policía provincial, donde fue torturado hasta morir. Según el requerimiento fiscal, los policías intentaron encubrir el asesinato mediante una falsa versión de suicidio.
La investigación también aborda el papel de la Justicia durante la dictadura. Numerosas víctimas fueron sometidas a procesos por supuestas infracciones a la Ley de Seguridad Nacional o quedaron bajo jurisdicción militar. A pesar de que algunas denunciaron las torturas sufridas, no se iniciaron investigaciones para esclarecerlas. La fiscalía considera que existieron maniobras de encubrimiento por parte de funcionarios judiciales que no pudieron ser acusados porque fallecieron.
A la investigación principal se acumularon otras causas por crímenes cometidos en Campo La Ribera y la Unidad Penitenciaria Nº 1, que incluyen hechos atribuidos al exmilitar Ernesto Guillermo Barreiro y a otros integrantes de las fuerzas represivas.
El jueves será el turno de Juan Ronaldo Tasselkraut, exgerente de Producción de Mercedes-Benz Argentina, quien comenzará a ser juzgado en los tribunales federales de San Martín por su presunta participación en los secuestros de Héctor Aníbal Ratto y Diego Núñez, dos trabajadores de la planta que la automotriz alemana tenía en González Catán, partido de La Matanza.
Ratto sobrevivió al terrorismo de Estado. Núñez permanece desaparecido. Tasselkraut está acusado de partícipe necesario de las privaciones ilegales de la libertad de ambos trabajadores, en el marco de una causa que también lo investigó por otros crímenes de lesa humanidad cometidos contra obreros de la planta durante la última dictadura.
Los dos secuestros por los que finalmente Tasselkraut será juzgado ocurrieron el 13 de agosto de 1977 y fueron parte de la persecución contra trabajadores de Mercedes-Benz durante el terrorismo de Estado. Hasta la fecha se conoce el secuestro de 18 obreros vinculados con la organización sindical interna de la automotriz; 15 continúan desaparecidos.
La actuación de Tasselkraut fue denunciada por Ratto, quien relató reiteradamente cómo se produjo su secuestro dentro de la planta. El obrero declaró ante la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), durante el Juicio a las Juntas de 1985 y en posteriores procesos judiciales por delitos de lesa humanidad. Volverá a hacerlo el próximo 29 de octubre, ante el tribunal que finalmente juzgará al exdirectivo al que acusa de haberlo entregado.
Según su testimonio, aquel 13 de agosto el gerente lo fue a buscar a su puesto de trabajo y le informó que dos personas de civil habían llegado para detenerlo. Tasselkraut lo llevó hasta su oficina, donde permaneció varias horas antes de ser retirado por militares.
Ratto también sostuvo que el gerente proporcionó a las fuerzas represivas los datos del domicilio de su compañero Diego Núñez, quien fue secuestrado esa misma noche y continúa desaparecido. Las declaraciones del sobreviviente constituyen uno de los elementos centrales de la acusación contra el exdirectivo, que deberá responder ante el tribunal por su presunta intervención en ambos delitos.
La causa contra Tasselkraut atravesó un extenso recorrido judicial. En octubre de 2023, la Justicia federal de San Martín dispuso su elevación a juicio oral, después de que instancias superiores revirtieran decisiones que habían impedido avanzar con la acusación. El exgerente es el único antiguo directivo de Mercedes-Benz Argentina que llega a juicio oral por su presunta participación en estos secuestros.
