La dirigencia leprosa comenzará el proceso de expulsión del expresidente que dejó una deuda de U$S 40 millones. La AFA se opone a pelear en los tribunales.
Los socios de Newell’s protagonizarán una asamblea donde se debatirá el futuro del club, pero también se revisará el pasado. Una discusión que estará atravesada por la inquietud del tipo de relación que se debe construir con Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
En el orden del día se incluyó el tratamiento de una posible suspensión a los exdirigentes de la institución, principalmente el expresidente Ignacio Astore, quien dejó tras su mandato una deuda de 40 millones de dólares en la institución.
Integrantes del oficialismo y miembros de la oposición acordaron postergar la denuncia judicial por la documentación reunida en la auditoría a pedido de la casa rectora del fútbol nacional.
El jueves 22, los socios de Newell’s deben debatir Memoria y Balance del último ejercicio, y las correcciones que quedaron pendientes en la anterior reunión societaria, donde los socios rechazaron aprobar la documentación que dejó Astore, correspondiente a sus últimos seis meses de gestión.
Además, se propone analizar la apertura de “sumarios administrativos” a los miembros de la anterior Comisión Directiva. Esa decisión se evalúa como una respuesta al oneroso rojo contable que identificó la auditoría realizada por el estudio Azum.
Tapia no quiere denuncia penal contra los exdirigentes rojinegros. Para el fútbol argentino, ningún planteo se hace en tribunales. Una máxima implícita en AFA permite pensar que si la dirigencia de Newell’s no respeta ese mandato, indefectiblemente dejará al club en la vereda de los enfrentados con la conducción del fútbol nacional.
La agrupación Fuerza Leprosa, que lidera Julián González, exige “las demandas legales correspondientes” hacia la gestión de Astore. En el mismo sentido se expresó el Movimiento Rojinegro Querido, de Cristian D’Amico, con presentación de petitorio días atrás por mesa de entrada en la institución.
Las autoridades leprosas, por el contrario, proponen abrir un sumario para la suspensión de Astore, la exsecretaria Sharon Romero y el extesorero Hernán Cardozo, instancia previa a una expulsión. A pesar de que no exista una condena judicial como respaldo, una eventual quita de la condición de socio tiene muchas posibilidades de ser revertida si los afectados recurren a la Justicia, tal como ocurrió tiempo atrás con el socio Ramiro Cattáneo, hijo del expresidente Wálter Cattáneo.
Para evitar una discusión sin control en la asamblea, la dirigencia de Newell’s logró persuadir a las agrupaciones políticas para que le bajen el tono al reclamo por las medidas judiciales contra el expresidente y quienes fueron sus compañeros de gestión. Un pedido que se expandió cuando Azum identificó un rojo cercano a los 40 millones de dólares. “Con Astore preso y peleados con AFA el club no va a estar mejor”, concluyó un dirigente, con resignación.
Los cónclaves del presidente Ignacio Boero con representantes de la oposición sirvieron para plantear sin eufemismos la situación que atraviesa la entidad con Tapia. Según pudo saber Letra P, en la última conversación se llegó a un arreglo entre todos los sectores políticos.
“Se va a suspender a los exdirigentes. Entendemos que para avanzar en la denuncia es importante primero tipificar con exactitud los delitos”, explicó un colaborador de la dirigencia rojinegra. De tal manera la Comisión Directiva gana tiempo y tiene resultados para mostrarle a Tapia.
El reclamo de González para llevar a la Justicia de Rosario a los responsables del descalabro financiero de la entidad es un denominador común del hincha leproso, frustrado por tantos años de degradación deportiva.
La agrupación de González comprendió el delicado planteo de la directiva y acompañará la moción de suspensión a ex dirigentes. El caso de D’Amico es distinto. El exvicepresidente segundo de Newell’s (2016-2021), que se apropió de la conducción en la comisión directiva en la que había sido electo presidente Eduardo Bermúdez, exige ahora la reacción política que no tuvo en el pasado.
Cuando Astore asumió como presidente, en septiembre de 2021, lo primero que hizo fue abrir una auditoría. En diciembre de aquel año, el auditor Andrés Vitta entregó un informe preliminar en conferencia de prensa. Un club que hacía tan sólo tres meses había salido del control judicial que ejercía el juez Fabián Bellizia –entre 2009 y 2021 el magistrado tuvo la tarea de gestionar las deudas de la gestión de Eduardo López que derivaron en un concurso preventivo de acreedores–, tenía un pasivo total de 11.577.386 dólares.
“¿Dónde están esos 12 millones de dólares? Está bueno preguntárselo a D’Amico”, planteó el entonces tesorero Hernán Cardozo.
El líder del Movimiento Rojinegro Querido en aquella ocasión no impulsó ningún pedido de justicia ni sanción. Logró que Astore no tome ninguna medida con los resultados de aquella auditoría, cuyos números finales jamás se dieron a conocer. La influencia de Tapia en esa decisión ya no está en duda. Quizá por eso D’Amico posó con una sonrisa en cada foto que le pidió al máximo responsable del fútbol argentino.
