Incluyen una negociación salarial atada a pérdida de beneficios y cambios en el convenio colectivo. El proceso preventivo de crisis, último recurso.
Tomando como argumento de base el rechazo social a los paros y las cancelaciones de vuelos, la administración de Javier Milei volvió a instalar como un tema central en la discusión con los gremios la reconfiguración de las condiciones y beneficios laborales que rigen en Aerolíneas Argentinas.
Tras la amenaza de cerrar la empresa si no aparece ninguna compañía interesada o si el personal no quieren hacerse cargo, la administración mileísta llevó a los sindicatos más combativos de la compañía de bandera a una nueva instancia de negociación en la que no habría medidas de fuerza que entorpezcan la operatividad de la empresa.
En la primera ronda de reuniones concretada el viernes con representantes de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), cuyo referente es Pablo Biró; de la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), conducida por Edgardo Llano; y de la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA), que comanda Juan Pablo Brey; las autoridades de Aerolíneas Argentinas dejaron en claro que, antes de volver a negociar aumentos salariales, se debe llegar a un acuerdo que permita implementar en los próximos meses “una readecuación y flexibilización de las actuales condiciones laborales destinadas a darle sustentabilidad a la empresa”.
Fabián Lombardo, a cargo de Aerolíneas Argentinas, puso nuevamente sobre la mesa una lista de cambios en las normas de trabajo que se elaboró a principios de año y que hasta ahora el Gobierno no pudo imponer a los gremios.
El ajuste laboral que la gestión libertaria pretende llevar adelante contempla ocho modificaciones que afectan principalmente a pilotos, tripulantes de cabina y supervisores de seguridad.
De acuerdo con los datos obtenidos por Letra P, las medidas comprenden:
Con la disputa en el campo gremial, ahora la empresa espera conocer la respuesta de los sindicalistas para ver hasta dónde estarían dispuestos a ceder y acordar un nuevo escenario laboral.
En el caso de que las negociaciones no prosperen, el Gobierno iría a fondo con la opción de avanzar con un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) para poder determinar si la empresa sigue en pie, reformular las condiciones laborales y despedir al personal que no resulte necesario por razones de fuerza mayor.
