Familiares y compañeros presentaron una nota pidiendo informes a los fiscales Schapiro y Miranda. Pasaron nueve años sin avances.
Mediante una carta dirigida al Ministerio Público Fiscal, familiares y compañeros de militancia y de trabajo de empleados de Propulsora Siderúrgica Ensenada que sufrieron represión y desaparición durante la última dictadura militar, piden que se informe y actualice sobre los avances en la investigación de las causas.
Los destinatarios de la nota que fue elevada este lunes está dirigida a los fiscales Hernán Schapiro y Gonzalo Miranda. El pedido se da cuando se cumplen 50 años de la realización de una toma de fábrica en esa empresa, ocurrido el 23 de mayo de 1974, en la que cientos de trabajadores presentaron diversas demandas hacia la patronal. Muchos de ellos fueron posteriormente reprimidos, desaparecidos o tuvieron que exiliarse.
La causa por la que se pide informes por su paralización es la que investiga las responsabilidades en los hechos sucedidos contra quienes eran empleados durante la dictadura de esa empresa que hoy se llama Siderar Planta Ensenada- Grupo Techint. El reclamo apunta -entre otras cosas- a la responsabilidad empresarial en esas desapariciones.
El caso de Propulsora no es el único en el que se pidió que se investiguen las responsabilidades empresariales cuando se emitió la sentencia de 2015 en la causa conocida como Fuertar 5. Debido a la gran cantidad de testimonios que indicaban participación no solo de las fuerzas armadas sino de las propias estructuras empresarias se planteó la posible responsabilidad de directores y jefes de las empresas Astilleros Río Santiago, YPF y Frigorífico Swift.
A principios de la década del ‘70 y hasta 1976, hubo un proceso de organización sindical dentro de la planta muy importante, mencionado con preocupación en varias ocasiones en documentos empresariales.
Tras el golpe, esta situación cambió rotundamente, algo que quedó expresado en la Memoria y Balance 1975/1976 en la que informaban que "la situación laboral de la empresa debe analizarse considerando la especial situación gremial interna y la influencia que sobre ella tuvieron los conocidos factores externos, ya sea que afectaron la zona de Ensenada, como también los del orden general".
"A partir de enero de 1976, la situación externa de la zona adquirió un mayor tinte de violencia que tuvo como saldo, para la empresa, la muerte de tres dependientes, en episodios ocurridos fuera de la planta, hecho que produjo movilizaciones y paros internos que afectaron seriamente la tranquilidad del personal y el nivel productivo. No obstante, tanto estos hechos como la persistente y coherente política adoptada por la empresa en este campo, produjeron hacia fines de febrero y principios de marzo, un cambio positivo en la actitud del personal como síntoma de una mayor madurez y un deseo manifiestos de normalizar las tareas. Producido el cambio de gobierno, esta actitud se afirmó aún más y facilitó la reimplantación de los sistemas de ordenamiento que han dado los primeros resultados positivos. Esta tendencia sigue desarrollándose satisfactoriamente, pese a que todavía subsiste la carencia de comisión interna”, se detalla en la nota.
"Muchos de los trabajadores y trabajadoras que habían participado activamente en la vida sindical de la empresa comenzaron a ser amenazados y perseguidos en 1975. Tres trabajadores fueron asesinados entre enero y febrero de 1976, (dos de ellos incorporados a la causa conocida como CNU). A partir del golpe de estado de 1976 muchos de ellos fueron secuestrados, encarcelados y posteriormente desaparecidos, al igual que pasó con centenares de trabajadores y trabajadoras de la región", dice la carta.
"Una de las empresas que debía ser investigadas es Propulsora Siderúrgica. Allí hubo secuestros desde el interior de la planta, entrega de información, despidos por 'abandono de trabajo' de obreros que se encontraban secuestrados, indicación por parte de gerentes de no volver a trabajar si no querían volver a sufrir lo mismo, militarización de la planta, utilización de algunos sectores como espacios de retención de trabajadores, revisión a punta de fusil de las taquillas personales de los trabajadores, permisos para que personas de civil entraran a las oficinas del Grupo Techint y secuestraran de su interior a una trabajadora de la administración, entre otras. No se conoce en estos casi 50 años ningún acto de colaboración con la justicia por parte de la empresa, esclarecimiento de los hechos y menos aún colaboración con la entrega de toda la información disponible en los archivos empresariales", se agrega.
"Al menos 26 trabajadores fueron desaparecidos y/o asesinados. Decenas fueron secuestrados y permanecieron en cautiverio durante semanas, meses y/o años. Muchos de ellos eran delegados sindicales o habían participado en algunas de las medidas de fuerza. Testimonios indican que en los primeros días del golpe los trabajadores fueron secuestrados y 'apilados' en camiones que se encontraban dentro del predio de la empresa y donde había trabajadores y trabajadoras de otras empresas de la región. Muchos de ellos se encontraban vigilados por parte de la Dirección de Inteligencia de la policía de la provincia de Buenos Aires. Decenas de familias y la comunidad en general fue afectada por estos hechos que pretendieron eliminar no sólo a aquellos y aquellas trabajadoras sino desarticular, romper lazos de solidaridad, instalar el miedo durante décadas", continúa la carta.
"En 2015, la sentencia de la causa conocida como Fuertar 5, debido a la gran cantidad de testimonios que indicaban participación no solo de las fuerzas armadas sino de las propias estructuras empresarias en estos hechos, indicó la necesidad de investigar la responsabilidad y participación de las empresas en hechos represivos contra sus trabajadores. En ese sentido, se abrieron legajos a cargo de la Unidad Fiscal Federal creada por Resolución PGN 46/02, a fin de investigar la responsabilidad de la Empresa Propulsora Siderúrgica, entre otras", se detalla en el pedido.
A partir de ese recorrido histórico es que la nota presentada en los Tribunales Federales de La Plata concluye: "A nueve años de estas disposiciones, y entendiendo que los responsables de los hechos no pueden ser beneficiados por la 'impunidad biológica', solicitamos saber cuáles son los avances de la investigación, en el marco de las obligaciones que el Estado tiene para esclarecer y juzgar los crímenes contra la humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar".