La Libertad Avanza se impuso en comisiones y quiere prevalecer en el recinto. Biocombustibles y Presupuesto, monedas de cambio. Tucumán y Salta, en la lista.
La sesión del miércoles en Diputados podría durar más de un día y la mayor tensión será por los dos últimos proyectos de la convocatoria: emergencia en discapacidad y endeudamiento familiar. El Gobierno logró dictamen de mayoría en ambos temas, pero no tiene los votos garantizados para la aprobación.
Es por eso que este lunes hizo una maniobra para sumar votos: citó para este martes a las 15:30 al primer plenario de comisiones para tratar la reforma de la ley de biocombustibles. Es un reclamo de los gobiernos de las provincias de Santa Fe y Córdoba. La primera reúne dos votos en la Cámara baja; y la segunda, seis.
Sus representantes comparten el bloque Provincias Unidas (PU), uno de los árbitros de las votaciones. Consultados por Letra P, sus voceros confirmaron que no tienen definidos sus votos y que también influirán en sus decisiones las gestiones por el Presupuesto 2027. Córdoba reclama obras públicas y más fondos para las cajas previsionales.
La reforma de la ley de biocombustibles fue aprobada en el Senado y prorroga el corte obligatorio hasta 2036. Como explicó Letra P, reduce la participación de las Pymes, que compran la materia prima para elaborar biodiesel. En bioetanol hay un consenso mayoritario, pero el proyecto no tiene los votos asegurados para avanzar.
El inicio del debate fue un gesto de La Libertad Avanza (LLA) a las provincias productoras. La lista incluye a Salta, Jujuy y Tucumán, que suman votos determinantes en la Cámara baja. Fueron claves el último jueves para evitar la sesión que había convocado la oposición para derogar el DNU 70/23.
La sesión del miércoles comenzará a las 12 con el debate del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, que tiene como último agregado la reincorporación de la ley de tierras de 2011, que había sido derogada en el DNU 70/23.
El resto del dictamen conserva solamente tres capítulos de la versión original: restricciones a las expropiaciones (deben ser a valor real y con lucro cesante), juicios sumarísimos por desalojos y modernización del Registro de la Propiedad.
La conformación de una mayoría no presenta dificultades para LLA, que para todos los temas tendrá una base de propios y aliados cercana a 120 (UCR, PRO, MID y partidos provinciales afines), nueve menos que el cuórum. Para este tema se podrían sumar nueve de Argentina Federal (AF), que integran diputados de Salta y Misiones; Tucumán (tres), la dupla santafesina (Gisela Scaglia y José Núñez) y una parte de los cordobeses.
El temario continúa con el proyecto sobre trazabilidad de alto riesgo. La libertaria Silvana Giudici tiene consenso para aprobarlo casi por unanimidad. Se trata de un control de la ruta de sustancias como el fentanilo, el opioide que provocó muertes el año pasado porque estaba contaminado.
También hay mayoría para enviar al Senado el aumento de penas por vandalismo rural, una iniciativa promovida por el PRO. La sesión continuará con la transferencia a la provincia de Chaco del Centro de Acopio y Embarque Barranqueras.
Los debates sobre discapacidad y endeudamiento familiar fueron ubicados al final de la sesión. Si el oficialismo y sus aliados se retiraran podrían tratarse, pero no es la opción que privilegian los referentes de LLA. "Si sumamos a PU y a los partidos provinciales llegamos a una mayoría", confían.
En cuanto a discapacidad, el bloque libertario sorprendió hace un mes con un dictamen que ratifica el sistema de prestaciones básicas que rige hace tres décadas y su indexación por inflación, establecida hace un año con la ley de emergencia. Se trata de un contenido opuesto al proyecto que Javier Milei envió al Senado en abril y replicó en uno de los capítulos del Presupuesto 2027.
También mantiene las pensiones a personas con discapacidad en los montos actuales: 70% de la jubilación mínima. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) sólo tendrá un impacto fiscal de 0.04%. En Unión por la Patria (UP) sostienen que hay una redacción tramposa para no otorgar beneficios, mediante auditorías cruzadas y análisis socioeconómicos, que están a discreción del Poder Ejecutivo.
Otra queja de la oposición es por la compensación que se adeuda a los prestadores por los retrasos de 2024 y nunca se pagó. El peronismo firmó un dictamen para prorrogar un año la emergencia, pero no sumó mayoría. A último momento, AF decidió suscribir con el Gobierno.
Si LLA consolida su alianza y suma los aliados que tuvo en el dictamen, está cerca de la mayoría para tener el dictamen de discapacidad. La negociación no está fácil porque los colectivos del sector reclamaron cambios a los aliados del Gobierno. Como no los tuvieron, exigen continuar con la emergencia. Algunos firmantes del proyecto, como AF y el MID, evalúan retacear su voto en el recinto. Los números finales no están claros.
Los principales reclamos de las organizaciones son garantizar la cobertura médica a los pensionados y establecer una fecha de pago para la compensación a prestadores. La definición de los diputados de Tucumán, Neuquén, Córdoba y Santa Fe será decisiva.
Estas dos últimas provincias integran el bloque PU, que tendrá una reunión el miércoles a las nueve de la mañana. Son 18 votos y el último jueves sólo diez ocuparon sus bancas para tratar el DNU 70/23.
El debate sobre endeudamiento familiar también está abierto. Salta y Misiones volvieron a marcar la cancha, con un dictamen más ambicioso que el del peronismo. Las principales diferencias son sobre el plazo de la emergencia y los sujetos alcanzados por el plan de refinanciación.
La alianza UP-PU propone una emergencia por 180 días. Durante ese lapso, crea un plan para regularizar deudas a quienes "registren una mora igual o superior a 60 días en obligaciones derivadas de operaciones de crédito al consumo" y "destinen al pago de cuotas de operaciones de crédito al consumo un importe superior al treinta por ciento de los ingresos mensuales del grupo familiar conviviente".
El de AF es ambicioso: pide un plan para regularizar deudas por un año que incluya a quienes ganen hasta diez salarios mínimos. LLA va por otro carril: propuso en su dictamen educación financiera en los colegios e incluye un proceso de consentimiento digital e informado, para que los deudores tengan información fidedigna.
El concepto del oficialismo es que el aumento de las deudas familiares fue por falta de información de la población y exceso de las entidades financieras. Las acusan de presupuestar el ingreso por punitorios en sus balances. Es por eso que el despacho exige a los oferentes de créditos informar a los usuarios todos los detalles durante la presentación de sus productos.
Deberán explicar "la publicidad, etapa precontractual, contratación y vigencia de las operaciones de crédito de consumo, información cierta, clara, suficiente, accesible, oportuna y fácilmente comprensible". También plantea la necesidad del deudor de acceder al riesgo crediticio accesible y transparente, derecho a la cancelación y trazabilidad de la deuda. Es el último tema de la sesión. El final es incierto.
