El juez federal Julián Ercolini citó a indagatoria a Abel Furlán, extitular de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), y a Soledad Calle por una presunta maniobra con fondos del gremio y su obra social. Furlán deberá presentarse el 17 de noviembre y Calle, el 24, ambos a las 10.30 en los tribunales de Comodoro Py.
En la resolución del 6 de noviembre, el juez también convocó a otras cuatro personas a declarar en diciembre y dictó la inhibición general de bienes de los seis imputados y del sindicato.
Además, ordenó bloquearles el acceso a las cajas de seguridad que pudieran tener a su nombre, una medida que también alcanza a la UOM y a la empresa USEM S.A.
Dos contratos por diez años
La causa gira alrededor de dos contratos que la UOM y su obra social firmaron con USEM el 27 de febrero de 2023. Los convenios, pactados por diez años, le encomendaron a la empresa la gestión operativa de fondos, cuentas bancarias y pagos. La hipótesis del juzgado es que la operatoria habría beneficiado a la firma o a sus accionistas en perjuicio de las dos entidades.
Furlán firmó ambos contratos cuando era secretario general. Calle, según la resolución, era empleada del sindicato y, al mismo tiempo, directora suplente y dueña del 50% de USEM. La firma se había constituido menos de tres meses antes. El juzgado señaló que no se acreditaron una comparación previa de ofertas ni mecanismos para prevenir ese conflicto de intereses.
El juez puso la lupa sobre los honorarios, que crecían con la recaudación administrada, y sobre una cláusula que permitía a USEM rescindir con 30 días de aviso, una facultad que el gremio y la obra social no tenían en los mismos términos.
Según la resolución, la empresa se habría dedicado principalmente a tramitar pagos ya autorizados. El juzgado no encontró evidencia suficiente de que cumpliera tareas de análisis, auditoría y validación, y obtuvo cotizaciones más bajas por servicios comparables. Esos elementos sostienen la sospecha de un sobrecosto. La defensa de Furlán había pedido su sobreseimiento semanas antes, según informó Infobae.
Ercolini también le pidió al Banco Nación que identifique a los titulares de una caja de seguridad y remita el registro de accesos. Según un acta aportada por la defensa, la seccional Campana-Zárate de la UOM habría entregado u$s 959.300 a USEM para que los guardara allí. El juzgado busca reconstruir el destino de los fondos y establecer quiénes pudieron beneficiarse con la operatoria.