La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) se sumó a la larga lista de distintos sectores del agro que critican la nueva edición del dólar agro que puso en marcha el Gobierno esta semana. “Este tipo de medidas coyunturales y de corto plazo dañan severamente a la actividad agroindustrial”, sostiene el comunicado que sienta posición, pero sin munición gruesa. Las críticas del sector agropecuario a la resolución de Sergio Massa llegan en un contexto en que el Círculo Rojo también le marca la cancha al ministro de Economía por las medidas fiscales.
Los cuestionamientos a una nueva edición estaban descontados desde que se rumoreaba como posible desde hace unas semanas. De hecho, el lanzamiento de la tercera versión implementada a fines de abril ya había generado rispideces y no lo habían acompañado ni las cerealeras, cerebro de las dos primeras ediciones. Según la Bolsa, estos mecanismos generan “pérdida de transparencia en el proceso de formación de precios, distorsiones y asimetrías hacia el interior de toda la cadena de producción y comercialización granaria”.
La institución se queja que el mecanismo terminó siendo un salvavidas permanente como adelantó Letra P en su momento. “Presentada en su primera edición como un mecanismo excepcional para recomponer divisas, se terminó transformando en una herramienta periódica de intervención de los mercados”, dice. Hace casi un año se implementaba el primer Programa de Incentivo Agroexportador (PIE) para la soja y fue todo un éxito por consistir en una devaluación controlada para incentivar la liquidación de divisas y reforzar el Banco Central.
La segunda versión de fines de 2022 fue aceptada a regañadientes y la tercera que agregó productos regionales directamente se criticó. Este lunes el Gobierno formalizó la decisión de aumentar de $300 a $340 el tipo de cambio diferencial para las exportaciones de economías regionales hasta el 31 de agosto, en lo que significa técnicamente una modificación de la tercera edición del Programa de Incremento Exportador (PIE).
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Esta vez queda afuera la soja pero se incorpora el maíz. Eso hizo mucho ruido en una actividad que no estuvo alcanzada anteriormente y es un cultivo que gana cada vez más volumen en la producción nacional. La Asociación de Maíz y Sorgo Argentino, Maizar, cuestionó también con dureza la decisión. “El gigantesco estado asistencialista genera desorden fiscal, endeudamiento público y emisión monetaria, es decir más distorsiones y menos previsibilidad”.
La implementación del mecanismo no pasó desapercibida en la feria La Rural que cerró este lunes. El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, tardó un minuto 20 segundos de su discurso en criticarlo. “Si algo no nos da previsibilidad son las medidas de anoche, porque se toman para cierto sector que va en detrimento de otros. Entendemos la necesidad ante la negociación con el FMI, pero necesitamos claridad y previsibilidad, y generar confianza con medidas acordes”.
En una línea similar cerró su comunicado la BCR: “Instamos a dejar de lado esta clase de disposiciones distorsivas y, por el contrario, establecer un marco general con reglas claras, simples y de largo plazo que den previsibilidad a la producción e inversión”.
