Piden plena equiparación con el fuero federal. Presentaron más de mil reclamos administrativos, primer paso de la vía formal. Sin oferta para judiciales.
Pese a la apertura de distintas instancias de negociación, no emerge todavía una salida nítida para el conflicto que atraviesa, desde hace más de un mes, a los distintos niveles que conforman el servicio de Justicia de Córdoba. La mesa de conciliación propuesta por el gobierno de Martín Llaryora para atender los reclamos del personal judicial se encuentra aún en instancias no resolutivas.
Hasta el momento los representantes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) no han acercado una oferta para los reclamos de recomposición salarial que sostienen los trabajadores. Se han limitado, en las dos primeras audiencias, a pedir precisiones sobre las propuestas que aquellos formularan hace semanas.
Tampoco hay propuestas específicas para los magistrados y funcionarios que, convocados por fuera de la representación formal de la Asociación de Magistrados, piden una mejora que se ajuste al cumplimiento de la ley de equivalencia de remuneraciones de jueces y miembros del Poder Judicial provincial con cargos de la Justicia federal.
El enojo de jueces y camaristas ocupaba un lugar subsidiario en la atención del Ejecutivo hasta hace algunas semanas. Su persistencia ha obligado a recalcular estrategias.
“No se trata de un pedido salarial”, se apresuran en aclarar los magistrados. Piden que se cumpla lo que aquella ley establece, compromiso refrendado por Domingo Sesín, titular del TSJ, en la apertura del año judicial.
Según los cálculos que manejan, los funcionarios judiciales perciben una cifra considerablemente inferior al 90% de referencia establecido por la norma. “Cobramos un 77%, pero ni siquiera del total que cobran los federales. Es un 77% sobre el 90% del total de los federales”, explican a Letra P.
A ello añaden otra iniquidad frente a sus pares de los tribunales del Parque Sarmiento, pulmón verde del centro de la capital cordobesa. “Trabajamos tres horas diarias más que ellos. En consecuencia, el valor de la hora de nuestro trabajo es muy inferior”, desmenuzan.
La queja tiene como destinatario al Ejecutivo provincial, pero en el trayecto esparce dardos hacia el máximo órgano jurídico de la provincia. A sus integrantes responsabilizan por la extensión de la pérdida de sus haberes: según calculan el deterioro lleva cuatro años.
Además, apuntan a la opacidad en el manejo de los números. “Le pedimos al TSJ que nos diga cuánto es exactamente lo que cobran nuestros pares federales. Esa es su responsabilidad, pero no nos responden lo que demandamos”, puntualizan.
Con tales cálculos como referencia más de mil magistrados han presentado recursos administrativos ante el TSJ. Aseguran que la cifra será mayor.
La dimensión a considerar no es matemática. Los recursos administrativos constituyen el primer paso para un camino que podría concluir en presentaciones litigiosas propiamente dichas.
Los magistrados aseguran esperar una “solución política”, comprendiendo las diversas dimensiones del conflicto. Pero no vacilan en sostener que, si así lo obligasen las circunstancias, acudirían a la vía judicial. Como antecedentes cercanos citan los recursos de amparo que circulan ya por Tribunales.
Uno de ellos ha derivado en la resolución con que se intenta enmarcar la puja de los funcionarios. El TSJ tomó un recurso de amparo para revertir una decisión de la Cámara Contencioso Administrativa de 2° Nominación y ordenar a la Caja de Jubilaciones de Córdoba limitar de 8 a 6 puntos porcentuales los aportes a retener a los pasivos y, luego, a los activos.
La propuesta de reducir dos puntos de aportes es la única que circula por los meandros judiciales. Desde ya, los magistrados la consideran insuficiente. Por tal razón, mantienen su cronograma de protestas, con reuniones en el edificio de Tribunales que incluyen aplausos y entonación del himno.
“Entre retenciones, aportes al Apross (la obra social estatal) y descuentos terminamos percibiendo un 33% menos de nuestro salario”, sintetizan desde las escalinatas.
El tono admonitorio va dirigido al gobierno provincial, que en su argumentación para sostener la ley de equidad jubilatoria presentó a los afectados por los recortes como receptores de sueldos de privilegio. “Nos levantamos todos los días a las siete para garantizar el servicio de justicia. Nuestro trabajo es calificado”, estampan.
Como contó Letra P, la norma que permitió una nueva reforma previsional logró una impensada unidad entre empleados y magistrados. Habitualmente en veredas opuestas, cuando no refractarios a reclamos de cada parte, este otoño los encontró expresando un rechazo conjunto a la suba de aportes personales.
Jueces y camaristas no protestan por lo que antes denominaban parálisis. Varias fuentes del sector destacan que les resulta imposible cumplir sus cometidos sin la presencia de empleados bien pagos.
Éstas desconfían del cambio de ánimo. Entienden los beneficios de una resistencia conjunta, pero no aceptan palabras de aliento. Mucho menos cuando aún no han tenido una contraoferta para sus propios pedidos de cumplimiento de la ley de equiparación tras las dos primeas audiencias convocadas por Trabajo, bajo figura de conciliación.
Según cuentan, hasta el momento los enviados del TSJ y del Ejecutivo han pedido precisiones sobre las propuestas que ya había elaborado la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (AGEPJ). En el horizonte prevalece la posibilidad de adelantar los tramos restantes del compromiso rubricado el pasado año para garantizar la equidad con sus pares federales.
“Nos habían dado cuatro puntos, pero nos subieron los aportes cuatro puntos. Les damos la opción de completar lo que falta. Necesitamos una mejora en nuestros salarios, que siguen deteriorándose”, afirman.
Además de la convergencia entre jueces y empleados otra rareza marca el tenor del conflicto. De las negociaciones con los magistrados forman parte tanto la Asociación de Magistrados propiamente dicha como voceros del colectivo de “autoconvocados”.
Desde este colectivo niegan cualquier tipo de enfrentamiento interno. También piden evitar clivajes de ocasión, como el supuesto mileísmo que encarnaría la mayoría de sus representados. “Esto no es político. No somos pro o anti Martín Llaryora, tampoco pro Javier Milei, como dicen por ahí. Peleamos por nuestros derechos”, enfatizan.
Sí piden considerar la superioridad numérica del colectivo. Según enumeran, cuentan con la venia de más de 2500 funcionarios de toda la provincia, casi el doble de aquellos que forman parte activa de la Asociación.
Desde esta entidad afirman sostener las vías institucionales que encauzan el conflicto. El próximo paso, publican, se concretará después de la feria de julio.
Unos y otros no pueden dejar de mirarse sobre el hombro. No hay muchos antecedentes de negociaciones en que se habilite la presencia de colectivos que se mueven por fuera de sus agremiaciones oficiales. Son menos aún cuando la discusión es salarial.
Tal extrañeza amerita lecturas sobre la verdadera intención del TSJ. “No les cuesta nada dar gestos porque no son quienes ponen la plata. Son formas sutiles de marcarle la cancha al Ejecutivo, sin necesidad de romper lanzas”, sentencia un viejo funcionario.
