Daniel Passerini desactivó la avanzada política derivada del caso Agostina Vega, la niña asesinada a manos de un becario municipal. Con el regreso de Raúl La Cava al Concejo Deliberante de Córdoba, el intendente bloqueó la continuidad de Ricardo Moreno en su banca.
La oposición en el recinto de la capital pidió la expulsión del abogado penalista y edil del cordobesismo, quien patrocinó a Claudio Barrelier en una causa por privación ilegítima de la libertad a una mujer. Hace un año, una mujer logró escaparse de la casa del ahora único imputado por la muerte de la adolescente de 14 años que conmocionó al país.
Funcionarios del gobernador Martín Llaryora evitaron poner el foco en Moreno, abogado penalista que recomendó a Barrelier para que ingrese al municipio en 2021. Si bien lo eximieron de las responsabilidades por los hechos del presunto asesino, no estaba clara la estrategia para contener la crisis y se manejaban opciones como habilitar la expulsión en el Concejo, un pedido de licencia o la renuncia. El dirigente se negaba a dejar su banca.
Cualquier escenario representaba un riesgo para el oficialismo, que podía quedar expuesto a una discusión de resultado incierto y con elevado costo institucional para la gestión municipal.
Sin embargo, la decisión drástica se conoció este martes, cuando La Cava anunció su renuncia a la Secretaría de Políticas Sociales de la Municipalidad de Córdoba para retomar su banca. El movimiento altera la composición del bloque de Hacemos Unidos por Córdoba y desplaza automáticamente a Moreno, quien ejercía como suplente.
La controversia se profundizó después de la gira mediática que encabezó Moreno este lunes. El concejal relativizó sus vínculos con Barrelier y las explicaciones que dio irritaron al intendente.
“No pensaba hablar, esperaba que la tormenta pasara... pero no puedo quedarme en el suelo para que me peguen patadas sin tener absolutamente nada que ver en hechos totalmente aberrantes”, dijo Moreno en la charla, quien además acusó de que los audios que circulaban eran generados con IA.
El abogado penalista compartía espacios de militancia sindical y partidaria con el acusado dentro de las 62 Organizaciones Peronistas. Además, distintas versiones señalaron que había participado en gestiones que facilitaron su incorporación a la estructura municipal en 2021.
En el oficialismo insistieron en que no existía ninguna relación entre la actividad política de Moreno y el crimen investigado por la Justicia. Sin embargo, la situación ganó espacio en la agenda pública y alimentó cuestionamientos de la oposición.
Los bloques opositores encontraron en el caso una oportunidad para interpelar al cordobesismo y exigir explicaciones sobre los vínculos políticos que rodeaban al acusado, pese a que el historial de Moreno era ampliamente conocido por todos.
La situación también resultó incómoda para Passerini, quien ya había intentado al inicio de su mandato impedir que Moreno asumiera una banca mediante reacomodamientos dentro del gabinete municipal.
Aquella alternativa no prosperó porque Marcelo Rodio, el propio La Cava y Juan Domingo Viola lograron su pase a los gabinetes cordobesista.
Esta vez, el retorno de La Cava al Concejo Deliberante ofreció una solución efectiva y sin necesidad de exponer al bloque oficialista a una confrontación abierta en el recinto. La votación iba a ser a mano alzada. La bancada compuesta por 16 ediles quería evitar esa exposición innecesaria.
La prioridad pasó por proteger a la administración municipal. La cartera que deja La Cava será ocupada por Andrea Ledesma, funcionaria del área, según informaron a este medio en el Ejecutivo municipal.
Como parte de la respuesta política a la crisis, Passerini decidió impulsar la extensión de los controles de antecedentes penales y narcotest a la totalidad del personal municipal, independientemente de su situación de revista, tal como ya ocurre con los funcionarios políticos de la administración.
La medida será instrumentada a través de un proyecto de ordenanza que ingresará para su tratamiento en la próxima sesión del Concejo Deliberante, prevista para este jueves. La iniciativa establecerá los plazos, alcances, procedimientos y demás disposiciones necesarias para su implementación.
“Estamos profundizando el proceso de ordenamiento y modernización del Estado municipal que iniciamos en 2019 durante la gestión de Martín Llaryora y que continuamos desde el comienzo de nuestra administración. Espero que la ordenanza tenga un rápido tratamiento para que comiencen a correr los plazos previstos. Los cordobeses merecemos una sociedad mejor y ese compromiso debe empezar por la casa de todos”, expresó Passerini, después de varios días de bajo perfil.
