La historia parece repetirse. Transcurrido casi un año de la resolución oficial que dispuso la suspensión por 180 días de la admisión de los trámites de nuevas ART, se volvió a desplegar un lobby feroz para garantizar la continuidad de la cartelización en el negocio de las aseguradoras de Riesgos de Trabajo que ahora recibió el respaldo del fuero comercial federal. La movida está impulsada por las prestadoras de mayor volumen, que siguen apelando al supuesto "estrés financiero" al que las sometió la pandemia de coronavirus para bloquear el ingreso de una media docena de nuevos jugadores ávidos de entrar al mercado.
Las principales empresas del seguro, en su mayoría agrupadas en la Unión de Aseguradoras de Riesgo de Trabajo (UART) presentaron ante la Justicia un pedido para extender la resolución dictada por la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT) que en enero de este año bloqueó la posibilidad de abrir paso a nuevas prestadoras, aduciendo que la situación de las empresas dieron cobertura durante la pandemia es mucho más débil que aquellas que pretenden entrar a disputar un mercado sin la "pesada mochila" de los siniestros que detonó la crisis sanitaria.
La pretensión de estas ART para que los recursos destinados al sector -que se calculan sobre un porcentaje de la masa salarial del empleo registrado- se reparta entre los "pocos de siempre" y que funcionan prácticamente de memoria, recibió un espaldarazo en el poderoso fuero Contencioso Administrativo Federal. Pese a la supuesta decisión oficial de abrir el mercado, el pedido de cautelar presentado ante el juzgado de Enrique Lavié Pico por la UART el 1 de agosto, apenas 14 días después del vencimiento de la resolución de la SRT, fue aprobado y dispuso suspender la inscripción de nuevos ingresos.
Al igual que a principios de año, la ofensiva judicial está encabezada por La Caja y también por Claudio Belocopitt, que en esta contienda juega de los dos lados del mostrador defendiendo su negocio como prestador de salud y también como asegurador a través de Swiss Medical ART.
El mapa de la disputa por el negocio de las aseguradoras de riesgos de trabajo se completa con Julio Fraomeni, que también juega el doble rol de empresario de la salud y ceo de Galeno ART; el Banco Provincia y las cooperativas de seguro santafesinas Sancor, San Cristóbal y La Segunda, que se mueven en bloque y se garantizan un volumen de negocios tal que les permite disputar porciones de la torta con las compañías más grandes.
Aún por fuera de ese negocio, entre quienes pujan por ingresar está el clan Pescarmona, una familia que tras su salida de la histórica IMPSA luego de su estatización parcial se recuesta en Mercantil Andina, una de las más afectadas, y también Paraná Seguros, otra tradicional compañía mediana que tiene un historial polémico en el pago de siniestros, que busca incursionar en ART.
Otro jugador que busca hacer pie es el misterioso Gonzalo Campici, un empresario ligado a Hugo Moyano que, tras comprar Boston Seguros, quiere ampliar el negocio de esta empresa hacia el rubro de las ART, pese a la fama que en el sector lo señala como un incumplidor serial a la hora de pagar sinestros. Del mundo sindical, también el poderoso gremio SMATA quiere mojar en el negocio de las aseguradoras de riesgo de trabajo, con el plan de Mutua, su propia ART.
Mientras tanto, las aseguradoras y prepagas conservan su músculo de influencia intacto. Demuestran querer y poder ante el Poder Ejecutivo y los tribunales, configurando un mundo asegurador con pocas opciones y casi ningún interés de mejora en el servicio que presta al sector trabajador y al empresariado.
