Santa Fe tiene, al igual que el Congreso, su proyecto de impuesto a las grandes fortunas. El jefe del bloque oficialista en Diputados, el kirchnerista Leandro Busatto, promoverá la creación de un tributo que afecte a los “grandes latifundios”. “Está en consonancia con lo que plantea el presidente Alberto Fernández, busca generar un adicional sobre los que más contribuciones pueden hacer” en época de crisis, le explicó el legislador a Letra P.
Por estas horas, Busatto le da la pincelada final a la inciativa que presentará este jueves. Ya lo consultó con sus compañeros de bloque y también con dirigentes de entidades rurales, como Federación Agraria.
El legislador, de los pocos del interior que se enroló en el Grupo Callao, y jugador del equipo que lidera Agustín Rossi, plantea que los destinos del llamado “impuesto a las grandes extensiones” vayan a parar a fondos para infraestructura y al fomento del desarrollo económico, que tengan una afectación específica. “Que la famosa plata del campo vuelva al campo en obras”, remarcó.
Dicho tributo estaría asociado al impuesto inmobiliario rural y se repartiría entre municipios y comunas, en una proporción de 30 por ciento para los primeros y 70 por ciento, para las segundas. Los montos que le corresponderían a cada localidad serían determinados bajo el Fondo de Obras Menores, aporte que el gobierno provincial hace a pueblos y ciudades.
Para medir lo que cada contribuyente deberá pagar, Busatto definió una unidad productiva, pero como la provincia de Santa Fe es tan disímil en su extensión, varían los valores en función de la zona. En el norte, por ejemplo, cada unidad fue determinada en 2.500 hectáreas. A partir de las cuatro unidades, diez mil hectáreas, empieza a correr el impuesto.
En otros puntos de la provincia, como la zona núcleo, la unidad productiva es de 120 hectáreas, por lo que el productor que disponga de 480 hectáreas va a quedar alcanzado por el impuesto. “Se regula en función de la productividad de la tierra”, explicó el diputado a este medio.
Hay también otros parámetros a la hora de definir el tributo, referidos a las afectaciones de la tierra. “Pagará menos el que explota una chacra, las personas físicas pagarán menos que las jurídicas, los extranjeros pagarán más”, enumeró Busatto.
El legislador entiende que hay que “cambiar de fondo” y aclara que el proyecto no solo obedece a la crisis que despertó la pandemia. Su impuesto no es excepcional y pretende que llegue para quedarse. “Es parte de los problemas que tienen las provincias, en lo que respecta a la masa de recursos cada vez hay menos propios y más nacionales y en épocas como la actual la cosa se complica”, señaló el diputado. Estimó que unos 2 mil contribuyentes se verían alcanzados por la medida.
