La Justicia porteña avanza por estas horas en la creación de un fondo solidario y voluntario integrado por los sueldos de los propios funcionarios judiciales. En rigor, se trata de una donación del 20% de los haberes básicos de las categorías más altas que se cedería al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta para que disponga de esa liquidez en caso de precisarla para la lucha contra el coronavirus en la Ciudad de Buenos Aires.
De acuerdo al texto que accedió Letra P, los funcionarios judiciales pueden adherirse o no a la propuesta que tejieron las autoridades del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), el Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público Fiscal. El aporte voluntario engloba tanto a los ministros de la Corte porteña (TSJ) como a un secretario de un juez porteño. También, incluye a fiscales, miembros de la Magistratura y asesores generales, por ejemplo.
Además, para la Justicia porteña la medida es una apuesta por frenar la guerra con la administración de Rodríguez Larreta por el incremento del 20% que se autorizó a todo el Poder Judicial capitalino, a excepción del TSJ.
El gobierno porteño, que es quien paga esos salarios con el presupuesto local, dice que esa medida fue unilateral e inconsulta. Los magistrados se defienden con el fallo Carzolio, que en diciembre de 2019 autorizó la equiparación de los sueldos judiciales porteños con los nacionales.
Por orden judicial, Larreta debió pagar ese aumento a regañadientes. El fallo ingresó al Consejo de la Magistratura y salió aprobado por un tubo gracias a los votos de los jueces y los consejeros que representan a Daniel “el Tano” Angelici. Esta jugada acentuó un poco más la guerra fría entre el expresidente de Boca y el jefe de Gobierno.
De todas formas, este aporte solidario no invalida el reclamo legítimo del aumento salarial que tiene guiño judicial. El mismo gobierno porteño sabe que debe cumplir con el fallo, por eso la riña con los magistrados no es por la naturaleza del reclamo sino por el contexto en que esta medida avanzó. El aumento se comenó a pagar cuando arrancaba el segundo mandato de Rodríguez Larreta, con una economía ya en recesión y una obvia falta de financiamiento producto del cambio de signo político en la Casa Rosada y el estado de saluda de la macroeconomía argentina.
Cuando la información llegó al despacho de Rodríguez Larreta, el alcalde envió al ministro Martín Mura (Economía) a Diego Santilli (vicejefe) y Felipe Miguel (jefe de Gabinete) a encontrar un punto de acuerdo con el Poder Judicial. Fue en vano porque, fallo judicial en mano, Angelici revalidó la partitura que entonaban los funcionarios judiciales hace tiempo. Tras años de reclamo de equiparación salarial, la Cámara de Apelaciones en lo Administrativo y Tributario les deba la razón y no había manera de apagar la sinfonía del derecho adquirido.
Esa plusvalía del 20%, que obligó a la jefatura de Gobierno a reasignar partidas pensadas para otras áreas, generó una herida que aún no terminó de cicatrizar. Con esta lucha de fondo, nace el aporte solidario destinado al Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires para que compre insumos para hacer frente a la emergencia sanitaria producto del coronavirus. Sin embargo, la figura del aporte no invalida el reclamo de equiparación.
El aporte voluntario durará hasta junio y contempla a todos los ministros de la Corte porteña, los nueve consejeros, el Fiscal General y sus adjuntos, los Defensores, los Asesores Tutelares, jueces, fiscales y secretarios judiciales, entre otros funcionarios de primera línea de la Justicia de la Ciudad.
