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Organismos defensores de DD.HH. opinan sobre la advertencia de la Cámara de Casación Penal sobre la “vulnerabilidad” de los detenidos. Población de riesgo y pedidos de prisión domiciliaria.

Por 24/03/2020 9:33

La Cámara Federal de Casación advirtió sobre la “vulnerabilidad” de los detenidos ante la emergencia penitenciaria declarada en el país ante la propagación del coronavirus y reclamó un protocolo “urgente” para presos en situación de riesgo. Detrás de este pedido, subyace algo que ya desató la polémica: que la mayoría de los condenados por delitos de lesa humanidad acceda al beneficio del arresto domiciliario. Dos organismos defensores de los derechos humanos, querellantes en decenas de juicios por delitos de lesa humanidad, encendieron las luces de alerta y pidieron que se analice caso por caso y que el eventual otorgamiento del beneficio corra solo mientras dure la emergencia sanitaria. Temen una “salida masiva de genocidas” amparada en la emergencia decretada por la pandemia.

Un gran porcentaje de los genocidas condenados integran la población de riesgo. No solo porque son mayores de 65 años de edad, sino porque muchos tienen enfermedades preexistentes.

En una acordada, el máximo tribunal penal del país, encomendó a las “autoridades competentes” la “adopción con carácter urgente y en forma conjunta del protocolo específico para la prevención y protección del coronavirus en contexto de encierro”, según el texto al que accedió Letra P.

 

 

El pedido se hizo en “resguardo del derecho a la salud de las personas privadas de la libertad, en especial aquellas consideradas dentro de algún grupo de riesgo”.

Casación aludió a las condiciones de detención “en el contexto de emergencia penitenciaria formalmente declarada” y advirtió que el derecho a la salud debe ser garantizado por el Estado “a las personas en condición de encierro, por tratarse de una específica situación de vulnerabilidad”.

“Constituye preocupación de este tribunal la situación de las personas privadas de la libertad en distintos establecimientos, en razón de las particulares características de propagación y contagio”, agregó la acordada.

 

 

La situación de emergencia penitenciaria “formalmente declarada en el país” permite “inferir las consecuencias sobre aquellas personas que, además, deban ser considerado dentro de un grupo de riesgo”, se lee en el texto.

Por ello, Casación encomendó la “urgente tramitación de cuestiones referidas a personas privadas de libertad que conformen el grupo de riesgo en razón de sus condiciones preexistentes”.

Por otro lado, solicitó “la adopción con carácter urgente y en forma conjunta de un protocolo específico para la prevención y protección del COVID-19 en contexto de encierro”.

 

 

Guadalupe Godoy es abogada querellante en representación de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH). Consultada por Letra P sobre esta resolución sostuvo: “Esperamos que las medidas que se tomen sean temporales y en función de la emergencia sanitaria, porque en los casos de lesa humanidad está comprometida la responsabilidad internacional del Estado”.

También solicitó que se atienda “prioritariamente” la situación de mujeres con niños encarcelados y aquellos que están por delitos menores en prisión preventiva. “Mientras haya superpoblación toda la población carcelaria sufre riesgos inmensos”, indicó. Y concluyó que “también debe priorizarse la libertad en los casos de reclusos que están en condiciones de obtener la libertad condicional y asistida”.

Organismos de defensa de Derechos Humanos consultados temen que se dé una “salida masiva de genocidas amparada en la emergencia”. Por eso hacen foco en que si es una cuestión de salud pública las posibles medidas de morigeración deben ser “temporales” y “acotadas a la emergencia”.

 

 

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Plata (APDH) consideró que “es deber del Estado tomar todas las medidas necesarias para garantizar el derecho a la salud” de todos los detenidos y detenidas “bajo la órbita del Servicio Penitenciario Federal y Provincial respectivamente”.

En ese camino, el organismo querellante en decenas de juicios por delitos de lesa humanidad expresó por Mesa Directiva que “se deberían extremar las medidas llevadas adelante en los diferentes protocolos de cuidado del coronavirus, con el agregado de que la situación de sanidad en los lugares de encierro no cumplen los requisitos mínimos exigidos para aislar y evitar la propagación de este y cualquier otro virus, atento la superpoblación y abandono en que se encuentran los lugares de encierro”.

 

 

“Pero, aun así” –aclararon- “creemos que el otorgamiento de arrestos domiciliarios debería ser analizado en cada caso particular y manteniendo la igualdad de todos y todas las personas privadas de su libertad”.

Ante la posibilidad de que la mayoría de los detenidos por delitos de lesa humanidad solicite arrestos domiciliarios, la APDH no cree que “una medida así pueda alcanzar a personas que ya cuentan con zonas de privilegio dentro del sistema de encierro, sin previo estudio pormenorizado por parte del Servicio Penitenciario y del Cuerpo Médico Forense, de las condiciones de salud, en cada caso en particular”.

Sobre el final del documento enviado a Letra P, indica: “Una vez más, pedimos que se extremen los cuidados y las medidas tendientes a garantizar el derecho a la salud a toda la población carcelaria, sin privilegios ni distinciones”.