El año pasado el Gobierno se solazó con la supuesta puesta en marcha de la Cobertura Universal de Salud (CUS), financiado con 8 mil millones del Fondo Solidario de Redistribución perteneciente a la seguridad social. Y ahora “relanza” esa estrategia nunca ejecutada, que es sólo un enunciado de atención, y que a la postre no tiene contenido.
La idea de un sistema nacional de cobertura igualitaria y universal se gestó con el peronismo a través de Ramón Carrillo. Un derecho que además quedó garantizado por la Constitución Nacional a partir de la reforma de 1994, que incluyó en su texto los pactos y convenciones que lo establecen en el nivel internacional.
Desde entonces, aún con todas sus falencias y fragmentación, en Argentina tenemos cobertura universal en salud, ya que todos los ciudadanos acceden o bien a la infraestructura y los servicios públicos, o bien al sistema de la seguridad social o bien al sistema privado. De manera que la universalidad de la cobertura es algo que ya existe, lo que debemos mejorar y mucho es el acceso, la calidad y la equidad de las prestaciones.
Una canasta básica de prestaciones, como la que pretende fijar el CUS, no puede ser establecida de manera arbitraria, sin contar previamente con información epidemiológica de la población y sin contar con una agencia de evaluación de tecnologías que permita tener información sobre la oferta prestacional basada en la evidencia científica. Hoy no existe dicha agencia más que en los enunciados de buenos propósitos; y, en algunos casos, tampoco no se dispone de información epidemiológica, como sucede con la tasa de mortalidad infantil, que sospechosamente sigue sin ser publicada por las autoridades sanitarias.
Lo único cierto y tangible es que hoy la ecuación gestión-costos le ha ganado por completo a la salud como derecho, y se han limitado y hasta eliminado prácticas y tratamientos que brindaba el sistema público, como: la reducción de la provisión y distribución del Plan Remediar, que son los medicamentos esenciales para la población con menores recursos económicos y con mayores problemas de salud; la casi desaparición de la fertilización asistida gratuita; la reducción de trasplantes (disminuyeron 10%), la falta de entrega de preservativos e insumos de Salud Sexual (aumentaron los casos de sífilis, 37% en hombres y 29% en mujeres); la falta de medicamentos para el tratamiento de pacientes con tuberculosis, VIH, hepatitis B y C, y fibrosis quística; la restricción de la prestación de medicamentos para los 5 millones de jubilados afiliados, y el aumento del costo de los medicamentos en un 95% promedio.
Por lo demás, no hay ninguna política para mejorar los recursos humanos, ni para fortalecer los hospitales y los servicios públicos de salud, cuestión clave si se tiene en cuenta que el propio ministro de Salud sostuvo en su presentación que el CUS se iba a “apoyar en la infraestructura hospitalaria”.
En suma, lejos de los postulados que le dieron vida, las señales emitidas hasta el momento hacen inferir que el CUS irá en detrimento de la financiación y fortalecimiento de la salud pública, y redundará en una mayor inequidad en el acceso y en los resultados sanitarios.
