Este lunes de formalizó con su publicación en el Boletín Oficial, la creación en el ámbito del Ministerio de Justicia bonaerense de la “Comisión para la elaboración del proyecto de ley de reforma y actualización integral del Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires”, la cual estará presidida por el titular de dicha cartera, Gustavo Ferrari, y estará integrada por un representante del Colegio de Abogados bonaerense, uno de la Asociación de Magistrados, otro de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia y un representante de la Procuración, además de cinco juristas invitados.
En los considerandos, se planteó la necesidad de contar con una legislación actualizada en materia procesal penal, “armonizando, racionalizando y sistematizando las múltiples reformas parciales que ha sufrido el actual Código”, sancionado originariamente mediante la Ley 11.922, el cual, desde su promulgación en el año 1997, ha sido objeto de treinta modificaciones. Ante eso, se postuló que será "un eje programático de esta reforma integral la de potenciar el rol de la víctima dentro del proceso penal, cumpliendo así con aquellos estándares y exigencias constitucionales e internacionales que exigen avanzar en el sentido propuesto".
Más allá de plantear el "eventual acierto de tales enmiendas", se marcó que "es evidente que su magnitud ha afectado, a lo largo del tiempo, la originaria coherencia interna del Código". Por esto, se hizo foco en la "necesaria e imperativa respuesta a la continua demanda de la sociedad acerca de la notoria necesidad de cambios en la administración de justicia".
Asimismo, en esta resolución se puso como "una preocupación central de este Gobierno el desarrollar una política criminal orientada a la protección y atención de las víctimas, la lucha contra la inseguridad, la corrupción y el crimen organizado, la efectividad de las investigaciones penales y la optimización de la administración de la justicia penal, sin perder de vista el pleno respeto de las garantías constitucionales".
En este sentido, se cuestionó que "ha sido una clara tendencia legislativa de los últimos tiempos la de dotar al imputado del máximo protagonismo dentro del proceso penal, dejando a un lado a la víctima del delito. Su activa participación y protección dentro de un proceso en el que se ve involuntariamente involucrada es igualmente objeto de una exigencia social que debe ser atendida, resultando imprescindible abrir el correspondiente debate en el marco de esta convocatoria".
INTEGRANTES. La comisión será presidida por el ministro de Justicia, Gustavo Ferrari, y será coordinada técnicamente por el subsecretario de Justicia, Adrián Patricio Grassi. Asimismo, se designó como secretario ‘ad–honorem’ al Doctor Ramiro Fernández Lorenzo.
Argumentando la “notoria importancia de su tarea, sumada a los destacados méritos, sobrada experiencia y vasta trayectoria en el estudio del Derecho Penal en su conjunto, y del Derecho Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires”, se han elegido como consultores técnicos a los Doctores Guillermo Yacobucci, Héctor Granillo Fernández y Pedro Bertolino, lo cual -se afirmó- "explica por sí mismo la inmensa valía de su incorporación a la Comisión en el carácter aludido".
Los representantes designados por los organismos convocados para esta comisión son:
-Por la Suprema Corte de Justicia bonaerense: Daniel Martínez Astorino (titular) y Marcela Alejandra Martínez (suplente).
-Por el Colegio de Abogados de la Provincia: Bienvenido Rodríguez Basalo (titular) y Darío Rodolfo De Ciervo (suplente).
-Por el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial bonaerense: Matías Rappazzo (titular) y Diego Efraín Martínez (suplente).
Miembros invitados por el ministro de Justicia:
-Humberto Bottini, Juez de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial Zárate – Campana.
-Ignacio José Gallo, Juez de la Cámara de Apelación y Garantías del Departamento Judicial Mercedes.
-Eduardo Alfredo D’ Empaire, Juez del Tribunal en lo Criminal Nº 3 del Departamento Judicial Bahía Blanca.
-Mariana Maldonado, Jueza del Tribunal en lo Criminal Nº 1 del Departamento Judicial Morón.
-Nicolás Ramón Ceballos, Juez del Juzgado de Garantías Nº 6 del Departamento Judicial San Isidro.
Consultores ‘ad-hoc’ invitados por el ministro de Justicia:
Guillermo Yacobucci, Héctor Granillo Fernández y Pedro Bertolino.
Por otra parte, y al marcar “la trascendencia de una reforma como la encomendada a la Comisión”, se definió “conveniente” una “activa participación el Poder Legislativo provincial, en tanto será él, obviamente, el encargado de aceptar el nuevo Código, y transformarlo en ley”. Por tal razón, se instó a ambas cámaras a designar representantes de cada una de ellas “para conformar una Comisión de Asesoramiento y Redacción a la Reforma Integral del Código Procesal Pena”.
Vale señalar que la comisión dictará su propio reglamento, se reunirá periódicamente y decidirá por mayoría.
