En el día en que el Tren Sarmiento, abandonado durante la gestión de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, descarriló en la estación de Liniers, la ex presidenta, el ex ministro de Planificación, encargado de administrar ese ferrocarril al momento de la tragedia de Once que se cobró 51 muertes debido a la falta de control estatal, y la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, fueron imputados por supuesta malversación y fraude con los fondos públicos que iban a ir destinados a la construcción de un tren turístico en la localidad de Río Turbio, provincia de Santa Cruz.
Este jueves al mediodía una formación del ferrocarril Sarmiento que se dirigía hacia Once descarriló este mediodía a la altura de Liniers. Cuarenta personas fueron atendidas en el lugar y doce trasladadas con golpes y crisis de nervios, incluyendo 4 menores de edad, según fuentes oficiales.
El fiscal federal Carlos Stornelli requirió que se investigue a la ex mandataria, así como a los otros dos imputados, según informó la agencia DyN. El requerimiento del funcionario del Ministerio Público fue elevado al juzgado federal 9, del magistrado Luis Rodríguez. El informe oficial "El estado del Estado" que el Gobierno nacional presentó en junio último en la Casa Rosada sacó a relucir algunos datos de la llamada "herencia" recibida del kirchnerismo.
En ese documento se consignó que en la localidad santacruceña de Río Turbio se iba a construir un tren turístico que circulara por la ciudad y llegara hasta la mina de carbón. Esa formación jamás se puso en pie y quedó la leyenda del “tren fantasma”.
En octubre de 2015, durante la campaña electoral de Daniel Scioli, hubo una inauguración formal del emprendimiento, con la presentación de dos locomotoras a vapor y cuatro vagones restauradas a su estado original en 1951. No obstante, nunca más se avanzó hacia la concreción del proyecto.
La denuncia original, hecha por el abogado Santiago Dupuy de Lome, consignó que “se destinó la suma de 700 millones de pesos para un tren que nunca funcionó, tiene las vías desgastadas y no son aptas para ningún paso de formación ferroviaria”. El denunciante había planteado que se debía investigar si la ex jefa de Estado, su cuñada y el exministro de Planificación incurrieron en los delitos de “malversación de caudales públicos”, “incumplimiento de los deberes de funcionario público” y “defraudación por administración fraudulenta”.
También, recalcó que para el proyecto ferroviario ni siquiera “se obtuvo el permiso de los dueños de las tierras” por donde iba a pasar la formación así como tampoco se consiguió “el permiso de vialidad nacional” para el cruce sobre la Ruta Nº3.
En mayo, el juez federal Claudio Bonadio firmó el procesamiento del ex ministro por los delitos de estrago culposo y administración fraudulenta y lo embargó por 600 millones de pesos. En paralelo, el diputado nacional atraviesa un frondoso periplo judicial: fue procesado por la renegociación de las concesiones de las líneas de trenes de los años noventa; prestó declaración indagatoria por el desvío de fondos por la causa Sueños Compartidos; está imputado por lavado de dinero y por sobreprecios en la obra pública.
Además, en junio, su “mano derecha”, como él mismo lo bautizó, fue encontrado infraganti arrojando bolsones con nueve millones de dólares en un convento. Se trata del ex secretario de Obras Públicas José López, que este jueves declaró ante el juez federal Daniel Rafecas y sostuvo que los millones de dólares eran “plata que venía de la política”.
