Cuando se perpetra un genocidio, el conteo de las víctimas tiene poca relevancia contra la barbarie más atroz que pueda cometer el ser humano. Los números poco agregan al simple hecho de que un pequeño grupo de personas respaldado en el Estado, ha decidido exterminar a un sector de la sociedad y ha implementado un plan sistemático para ello.
Pero si el debate pasa por los números, es cierto que la cifra de 30 mil detenidos-desaparecidos victimas del terrorismo de Estado proviene de una estimación, donde se han considerado variables tales como la cantidad de centros clandestinos de detención, el volumen de secuestrados en cada uno de ellos, la cantidad de efectivos de las fuerzas represoras afectados a la persecución. Incluso, comunicaciones internas entre el gobierno de facto y el de Pinochet, interceptados por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, donde se mencionaba que existían ya 22 mil víctimas para 1978, cinco años antes del fin de la dictadura.
No deja de ser cierto tampoco, que el número comprobado por la CONADEP en el año 1984 es de algo menos de 9 mil casos. Pero limitar los hechos a las denuncias efectuadas y comprobadas, es tan limitado como remitir los delitos sexuales o los de violencia de género, a los hechos que las víctimas denuncian. Todos sabemos que esos no son los números reales, y no podemos precisar a cuánto ascienden, aunque los especialistas en tales delitos aseguran que solo un tercio de las violaciones y un cuarto de los ataques contra mujeres, son denunciadas.
Seguramente el número final y real de detenidos-desaparecidos esté mucho más cerca de los 30 mil que de los casi 9 mil efectivamente comprobados para 1984, pero en todo caso es irrelevante, porque la magnitud de la existencia de un plan sistemático para el exterminio de personas opaca el necesario conteo. Por ello, es responsabilidad sustancial del Estado seguir investigando hasta las últimas consecuencias, para esclarecer y llevar Justicia a una sociedad que solamente con ella encontrará paz, consuelo y futuro.
No es política de nuestro espacio gobernar mirando hacia atrás, pero tampoco ignorar el pasado o poner en tela de juicio cuestiones que forman parte de nuestra Memoria o eludir la necesidad de Justicia, pieza esencial del Estado de derecho por el que tanto hemos trabajado.
Trabajamos para las generaciones futuras, sin dejar de tener presente la porción oprobiosa de nuestro pasado más o menos reciente, más allá de las cuestiones aritméticas, con los disparadores simbólicos necesarios para que la Memoria y la búsqueda de la Verdad siempre viva eviten repetir atrocidades, con la Justicia como meta ineludible.