El antecedente más próximo de intervención federal a una provincia se remonta al año 2004, cuando el ex presidente Néstor Kirchner envió al Congreso el proyecto de ley que determinó el fin del reinado del matrimonio Juárez en Santiago del Estero. El fundamento esgrimido en el texto fue el "grave deterioro institucional” al que se había llegado en la provincia. La iniciativa fue acompañada por todo el arco político.
“La situación (consiste en) una violación sistemática por parte del poder provincial en ejercicio, de derechos y garantías resguardados por la Constitución federal, afectando ineludiblemente la vida republicana en sus principios fundamentales", explicaba el proyecto de ley enviado al Congreso por el Poder Ejecutivo, a fines de marzo de 2004.
En pocas horas, el texto fue aprobado en la Cámara de Diputados, con 195 votos a favor, 15 en contra y dos abstenciones. Peronistas, radicales, socialistas y diputados del ARI aprobaron la iniciativa enviada por Kirchner, que describía “el grave deterioro institucional” de la provincia. Tanto los funcionarios del Poder Ejecutivo como la institución policial, el Poder Judicial y la Legislatura local fueron objeto de críticas en su accionar por parte del gobierno kirchnerista.
En el Senado la iniciativa también cosechó un amplio apoyo, salvo por la enfática oposición del puntano Adolfo Rodríguez Saá, quien defendió a los Juárez hasta último momento. “No se puede juzgar a quiénes no han tenido el debido proceso”, decía el ex gobernador de San Luis, sobre la situación de la entonces gobernadora Mercedes “Nina” Aragonés de Juárez y su marido, el ex gobernador Carlos Juárez, acusados de malversación de fondos y del homicidio de Leyla Bshier Azar y Patricia Villalba, conocido como el crimen de La Dársena.
En 2002 la Alianza Frente Justicialista, que llevaba a Carlos Díaz y “Nina” Juárez como candidatos a gobernador y vice, respectivamente, se había impuesto con casi el 70 por ciento de los votos. Los Juárez, dueños del poder santiagueño durante 50 años, apoyaron rápidamente a Kirchner. Después fueron acusados por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.
Los alcances del proyecto de intervención fueron explicados, en su momento, por Alberto Fernández, por entonces jefe de Gabinete y Aníbal Fernández, como ministro del Interior. “Cumplidas las formas que indican el artículo sexto de la Constitución, este gobierno no siente que esté violando la voluntad popular de los santiagueños”, explicaba el actual jefe de Gabinete.
En Diputados la iniciativa fue defendida por Juan Manuel Urtubey, por entonces a cargo de la Comisión de Asuntos Constitucionales. El gobernador salteño explicó que el Congreso tenía “el deber de intervenir para garantizar la forma republicana de gobierno". Por su parte el radical Mario Negri aseguraba que distintas razones justificaban desde hacía “meses” la intervención que garantizara “las reglas de juego democráticas en esta provincia y los derechos y garantías de los santiagueños".
Tan enfática fue la defensa de la medida por parte de la UCR que el Comité Nacional emitió un comunicado oficial en apoyo a la intervención. “La magnitud de los problemas institucionales que atraviesa la provincia, y que la UCR viene denunciando, producto de concepciones feudales en el ejercicio del poder, constituye una rémora que lastimosamente persiste en algunas provincias argentinas, la cual debemos superar consolidado una democracia abierta y participativa”, explicaba el texto, firmado por Mario Losada y Ángel Rozas.
La ley 25.881 dispuso la intervención por 180 días de la provincia (prorrogables por el mismo período) y la caducidad de los mandatos del Poder Ejecutivo y de los miembros del Poder Legislativo. Además declaró “en comisión a los miembros del Poder Judicial”. El interventor designado por el Poder Ejecutivo fue Pablo Lanusse, por entonces secretario de Justicia y Asuntos Penitenciarios, conocido por haber sido el fiscal que investigó la llamada “mafia del oro”.
Lanusse se hizo cargo del poder santiagueño un día después de que el Congreso aprobara la ley de intervención, el 1 de abril de 2004. Llegó a la provincia con promesas de cambios “en la calidad institucional”, la policía y los jueces de instrucción. A los pocos meses se desató una crisis en el gabinete provincial y Lanusse amagó con renunciar.
En febrero de 2005 los santiagueños volvieron a elegir a sus autoridades de manera democrática. En las elecciones, el radical Gerardo Zamora se impuso al candidato peronista, José Figueroa. Lanusse asistió a la ceremonia de juramento de Zamora y fue el encargado de entregarle el bastón de mando. Tiempo después, Lanusse se alejó del kirchnerismo y, en 2011, se mudó a las filas de Francisco de Narváez para ser candidato a diputado nacional por el frente Unión para el Desarrollo (UDESO), aunque después desistió. Luego tuvo un breve paso por el Frente Renovador, de Sergio Massa, de donde se alejó a mediados de 2014.
Zamora, que ganó en 2005 con el 46 por ciento de los votos, con el Frente Cívico, se convirtió luego en un radical K y en un aliado incondicional de los Kirchner. En 2009 asumió su segundo mandato y cuatro años después le entregó el mando a su esposa, Claudia Ledesma Abdala. Zamora fue electo senador y nombrado presidente provisional del Senado por la presidente Cristina Fernández de Kirchner.