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Los jueces Luis Lozano, Inés Weinberg, Ana María Conde y José Osvaldo Casás coincidieron en que “el demandante carecía de un derecho para cuestionar la licitación destinada a la compra de las mencionadas armas”, y que “los planteos resultaban conjeturales e hipotéticos, dado que las armas no habían sido adquiridas”.
Rápidamente, esta habilitación trajo aparejadas las quejas de dirigentes de la oposición porteña, principalmente del Frente para la Victoria.
Desde el Movimiento Evita, salieron a cruzar la decisión del máximo tribunal de la Ciudad de Buenos Aires y a expresar su preocupación y temor ante la posibilidad de que la Policía Metropolitana trabaje con ese armamento.
“Estamos azorados por el fallo tanto como ha expresado el Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad”, lanzó la diputada porteña María Rachid. Y agregó que “no nos parece que a la Policía Metropolitana, que reprimió a pacientes, médicxs, periodistas y trabajadorxs en el Hospital Borda, por citar un ejemplo, se les asigne un arma de estas características”.
Por su parte, la comunera de Recoleta Gabriela Castillo marcó que “el rechazo a las Taser que sostenemos no es caprichoso”. A su vez, la dirigente del Movimiento Evita recordó que “los órganos de aplicación de la Convención Contra la Tortura aprobada por la ONU y de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura habían recomendado a los Estados parte que no utilicen las pistolas Taser, calificadas como un elemento de tortura que potencialmente podía llevar a la muerte”.
“Esto lo dicen organismos internacionales. Imaginemos las Taser en poder de la Policía Metropolitana que actuó en el Borda”, concluyó Castillo.
Además, el kirchnerismo presentó en la Legislatura porteña un proyecto de ley para prohibir el uso de las pistolas paralizadoras.
La iniciativa propone introducir una modificación a la Ley N° 2894 de Seguridad Pública “con el objeto de establecer expresamente la prohibición de uso, por parte del personal de la Policía Metropolitana, de armas eléctricas o electrónicas tales como rifles electrónicos, pistolas electrónicas u otros dispositivos similares de descargas eléctricas, así como cualquier otra técnica o instrumento observado u objetado por el Comité Contra la Tortura de Naciones Unidas”.
Entre los fundamentos presentados en el proyecto, se resalta que “el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas dictaminó que la aplicación de este tipo de arma contra las personas constituye una forma de tortura, ya que dichas pistolas eléctricas provocan un dolor extremo y en algunos casos pueden provocar la muerte”.
Los autores del proyecto son los diputados porteños del FpV Gabriela Alegre, Paula Penacca, Lorena Pokoik y Jorge “Quito” Aragón.