La sala I del tribunal ratificó lo actuado por el magistrado Ariel Lijo y confirmó el procesamiento a Amado Boudou por los delitos de “cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública”, en el marco de la causa que investiga el levantamiento de la quiebra de la empresa perteneciente a la familia Ciccone.
Además, la Cámara confirmó los procesamientos del ex dueño de la imprenta, Nicolás Ciccone; del empresario y amigo de Boudou, José María Núñez Carmona; del abogado y titular de la firma The Old Fund, Alejandro Vandenbroele; del ex jefe de Gabinete del Ministerio de Economía, Guido Forcieri; y del funcionario de la AFIP, Rafael Resnick Brenner.
Quien fue desvinculado de la causa fue Guillermo Reinwick, el ex yerno de Nicolás Ciccone, cuyo testimonio fue clave al asegurar que el Vicepresidente participó en al menos dos encuentros mientras se decidía la venta de la empresa.
Por mayoría, la Cámara consideró que Lijo debe hacer lugar al pedido fiscal para citar a indagatoria a Pablo Amato y Jorge Capirone, ex directivos de Ciccone; a Máximo Lanusse, vicepresidente de la Compañía de Valores Sudamericanos y directivo del banco Macro; y a Sergio Gustavo Martínez, quien compró acciones de “The Old Fund”.
Con esta decisión, el Tribunal habilitó al juez Lijo para que eleve la causa contra Boudou a juicio oral y público, a la par que ese mismo magistrado está por encomendar una pericia contable a raíz de una investigación paralela sobre el Vicepresidente y su familia por presunto enriquecimiento ilícito.
Incluso, mientras que dos de los jueces pidieron profundizar la investigación, un tercero solicitó en su voto en minoría que el juez Lijo que disponga “el trámite para el avance del proceso a la etapa siguiente, en tanto su situación procesal se encuentra ya resuelta en ambas instancias”.
La decisión de los jueces Eduardo Freiler, Jorge Ballestero y Eduardo Farah, este último en disidencia parcial, se produjo a una semana de que el abogado Diego Pirota renunciara a la defensa de Boudou, por lo que éste sólo quedó patrocinado por el momento por Eduardo Durañona, con quien además tiene una relación de amistad.
Los jueces de la Cámara coincidieron con el juez Lijo en que el funcionario se interesó por el destino de la entonces quebrada Ciccone Calcográfica y así accedió a un plan de salvataje de su deuda moratoria cuando apenas asumió como Vicepresidente.
En primer término, los jueces desestimaron todas las nulidades de los abogados defensores, en especial aquellas que apuntaban al testimonio de Ciccone y Reinwick, ya que éstos primero declararon como testigos y luego Lijo los terminó convirtiendo en imputados.
Ambos ofrecieron un testimonio clave validado por la el juez y confirmado por la Cámara: que Boudou participó de un encuentro con ellos en las oficinas del canal Telefé el 29 de julio de 2010, y luego el 1 de septiembre del mismo año en el restaurante I Fresh Market, y mientras se definía la venta de la ex Ciccone Calcográfica.
El Vicepresidente siempre negó tener algún tipo de vínculo con la cara visible de The Old Fund, el abogado Vandenbroele, pero la Cámara replicó que si bien no hay pruebas de un “conocimiento directo” entre ambos, existen sí relaciones “construidas de manera encadenada y no de un modo estrechamente asociativo”.
En ese sentido, el Tribunal valoró un contrato de alquiler que los relaciona, a raíz que Boudou rentó su departamento de Puerto Madero al abogado Fabián Carosso Donatiello, aunque el mismo se sospecha fue habitado por Vandenbroele.
Si bien Boudou dijo que ese contrato de alquiler fue hecho “entre ausentes” y “le fue propuesto por su amigo Núñez Carmona”, para los camaristas es prueba “sobre el cercano conocimiento entre ambos” y “viene a reafirmar la cadena de relaciones que conducen” desde el Vicepresidente a Vandenbroele.
Ello “demuestra claramente la relación de amistad entre Boudou y Núñez Carmona y, de allí, a Vandenbroele”, dijeron los jueces Freiler y Ballestero, quienes realizaron el voto en mayoría.
“Cuando el obrar delictivo se estructura en base a una forma organizativa escalonada, la relación directa entre todos los participantes, distinta a la propia de cualquier acuerdo criminal básico, se suplanta por el conocimiento que liga a uno y otro de esos peldaños, garantizando que las directivas serán comunicadas hacia una única dirección, la del ejecutor, quien se limitará a acatar las órdenes que son recibidas”, añadieron.