La causa fue iniciada en 2010 por una denuncia hecha por el propio dirigente opositor y que, según el juez, la publicación de la información patrimonial tuvo la intención de afectarlo en el resultado de la elección.
La información que manejaba la AFIP fue presentada en el marco de una investigación penal en el juzgado federal 1 de Mar del Plata, sobre la actividad patrimonial e impositiva de De Narváez.
Previamente, la información fue publicada en el diario Página/12 en mayo de 2009 bajo los títulos “Los especialistas”, “Cajas Chinas”, y “Grupo de Familia”, y un cuadro con información similar al presentado luego por la AFIP ante el juzgado.
Rodríguez explicó que esos informar eran “documentos que debían mantenerse en secreto”, sobre el “contribuyente” De Narváez.
El juez decidió citar a tres funcionarios de la AFIP: Elvira Rey, del Departamento de Investigación, Diana Guterman, actual directora de la Dirección de Fiscalidad Internacional de la AFIP y quien al momento de los hechos trabajaba el área de Grandes Contribuyentes, y Juan Carlos Santos, asesor en la Subdirección General de Coordinación Técnico Institucional.
Rey fue citada para el 16, Guterman para el 17 y Santos para el 18 de diciembre, todos a las 10 de la mañana.
Los tres ya prestaron declaración testimonial en dos oportunidades. Para el juez, hay sospechas que participaron de la maniobra por la cual se filtró la información de una investigación interna que llevaba a cabo la AFIP y que terminó publicada en el diario.
Los funcionarios se excusaron en que los cuadros publicados en el matutino, y que luego fueron presentados por la AFIP en la causa, eran similares pero no iguales, y explicaron que la investigación sobre De Narváez que realizó el organismo se vio motivada ante información periodística del momento respecto al dirigente y sus actividades comerciales.
En la causa, están procesados Fernando Aparicio y María Luisa Ghiglione, inspector y supervisora del departamento de investigaciones de la AFIP, acusados de infringir el artículo 157 del Código Penal, el cual prevé penas prisión de un mes a dos años al “funcionario público que revelare hechos, actuaciones, documentos o datos, que por ley deben ser secretos”.