Municipios

Pinamar: graves denuncias contra funcionarios por trata de personas

A partir una denuncia penal a la Fiscalía de la ciudad costera, se investiga una posible “comisión de los delitos de asociación ilícita, trata de personas, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público eventualmente cometido por funcionarios públicos de la municipalidad de Pinamar”.

El 18 de enero, el abogado Lucas Ventoso presentó la denuncia donde mencionó a funcionarios administrativa y penalmente competentes y responsables de los hechos denunciados, como el intendente interino Hernán Muriale, el director de Fiscalización de Pinamar Roberto Baena y el coordinar de Playa Enrique Arias.

 

“Sin perjuicio de la responsabilidad penal de otros funcionarios municipales como inspectores municipales y policiales que han omitido de manera deliberada su deber legal de control para permitir la consumación de los hechos”, sostiene la denuncia.

 

El abogado apunta en su denuncia que los hechos se iniciaron en diciembre de 2012 con el reclutamiento de la mano de obra (vendedores ambulantes). Estos vendedores, “en su mayoría, provienen del Conurbano bonaerense, según los dichos de los mismos vendedores”.

 

“Este reclutamiento de vendedores ambulantes se efectuó con el propósito de explotarlos laboralmente en las playas del partido de Pinamar durante la presente temporada”, dijo Ventoso y comentó que los mismos trabajadores contaron que se encuentran hacinados en una casilla entre el parador UFO Point y Bacota de la ciudad.

 

“El mismo vendedor también me manifestó que fue traído hasta aquí mediante engaño, ya que ninguno de ellos sabía que iban a vivir en una casilla como ésa, ´yo soy un mulo´, -me dijo, ´tengo que dormir donde sea´”, describió en la denuncia.

 

Estos vendedores ambulantes, “sin permiso municipal, venden mercadería que les proveen a un precio de $15 por gaseosa, de los cuales $5 son para el vendedor y los restantes $10 se lo entregan a una tercera persona que no han podido identificar”, aclaró.

 

Las casillas donde duermen, fueron “construidas ilegalmente sin permiso del Honorable Concejo Deliberante de Pinamar, sobre el espacio público del frente marítimo, asentada directamente sobre el suelo de la playa, sin luz, ni agua, ni baño”, agregó además de explicar que “están expuestas públicamente a la vista de todos los que circulen por la avenida del Mar o por la playa”.

 

Una de ellas está sobre el sector más concurrido de las playas: Av. del Mar y de las Artes y la otra en la Av. Del Mar, frente al muelle, entre la Prefectura Naval Argentina y la Dirección de Seguridad en Playas de Pinamar. Aparentemente, los puestos “sacan luz” de la Dirección municipal para alimentar los freezers y contarían con el beneplácito de los funcionaros responsables.

 

Ventoso alertó a la Fiscalía que, “había una madre con un bebé de meses en un canasto dentro de la casilla” ubicada a metros de UFO Point.

 

Asimismo, otro hecho grave sería el reclutamiento de menores, “que implica la violación a los tratados internacionales que defienden los derechos de la infancia y de la Ley Nacional de Protección Integral de los Derechos de los Niños y los Adolecentes (Ley Nº 26.061) cuyo objeto es la promoción y protección integral de los derechos de los niños”.

 

“Los sitios en donde se han instalado las casillas ilegales no pueden pasar inadvertido para ningún funcionario público municipal del área de Fiscalización ni de Habilitaciones Comerciales. Tampoco a los funcionarios policiales que recorren la playa del partido de Pinamar controlando los permisos de los vendedores ambulantes, de manera que su dolosa inacción resulta indispensable para que los hechos denunciados se hayan consumado”, subrayó el abogado en la búsqueda por la responsabilidad de los funcionarios competentes.

 

Para Ventoso, “para que sean posibles los hechos aquí denunciados, se requirió la participación necesaria de varios funcionarios del Departamento Ejecutivo Municipal (Dirección de Fiscalización y Habilitaciones comerciales), a través de su conducta de omisión impropia”.

 

Si la Dirección de Fiscalización “hubiese actuado de manera legal, los hechos denunciados no hubiesen podido consumarse de ninguna manera. Y su responsabilidad penal surge de manera aún más evidente dado el carácter notoriamente público del lugar en donde son alojadas las personas explotadas que realizan su trabajo de manera ilegal a plena luz del día y en las zonas más expuestas del partido de Pinamar”.

 

Ventoso requiere al Ministerio Público Fiscal que “se adopten todas las medidas necesarias para preservar la integridad de las víctimas explotadas, se informe a la Procuración General de la SCBA y a la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las personas damnificadas por el delito de Trata de Personas”.

 

La denuncia penal se encuentra en la Fiscalía Nº 3 de Dolores a cargo del Fiscal Diego Torres. “Él es el responsable de la investigación pero, hasta hoy, todo sigue igual. El fiscal debería explicar por qué las casillas siguen habitadas con gente en condiciones de explotación laboral”, dijo el abogado.

 

El pasado 6 de febrero, Ventoso hizo una presentación administrativa ante el intendente Hernán Muriale, “para que se investigue y se determine la responsabilidad administrativa de los distintos funcionarios públicos competentes”, e instó a la Municipalidad a “preservar la integridad de las víctimas explotadas”.

 

Además, hará entrega en Presidencia del HCD de un documento en el cual insta a los concejales a llamar a una urgente sesión extraordinaria que obligue al Poder Ejecutivo a investigar los hechos denunciados y para que se inicie un sumario administrativo al intendente y los funcionarios nombrados.

 

Muriale asumió la intendencia después de que Blas Altieri fuera destituido de su cargo imputado por 31 casos de corrupción.

 

Puerto de Bahía Blanca.
Axel Kicillof y Julio Alak, oradores en un curso de formación política

También te puede interesar