El Gobierno oficializó el Consejo de la vía navegable. Sectores productivos, provincias y otros organismos tendrán representación durante toda la concesión.
La nueva etapa de la hidrovía tendrá un órgano de control con fuerte presencia de Santa Fe y, especialmente, de los sectores privados que desde hace tiempo reclamaban tener participación en las decisiones sobre la principal vía de salida de las exportaciones argentinas. El Gobierno oficializó este lunes la creación del Consejo de Control de la Vía Navegable Troncal.
La decisión fue recibida con conformidad en el entramado productivo santafesino. No sólo porque la provincia tendrá un representante propio, sino porque la integración recoge buena parte de los planteos que realizaban desde hace tiempo las entidades vinculadas al complejo agroexportador y portuario.
"Nos vamos a reunir periódicamente con el objetivo de evaluar los planes, las ejecuciones de todas las obras que se tienen que llevar a cabo, el valor de la tarifa y muchos otros aspectos", adelantaron a Letra P desde el sector.
La Resolución 47/2026 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), publicada el lunes en el Boletín Oficial, oficializó la conformación. Allí se establece que el Consejo será un órgano "colegiado de carácter institucional y consultivo" destinado al seguimiento, monitoreo y análisis del funcionamiento de la Vía Navegable Troncal. La resolución reconoce que la estructura del Consejo surgió luego de reuniones con privados, navieras y representantes provinciales.
Ese punto explica buena parte de la satisfacción que existe en Santa Fe. El órgano no apareció únicamente como una decisión vertical de la Nación sino que recoge propuestas que las provincias y las entidades de la región habían planteado. Entre ellas, entidades como la Cámara de la Industria Aceitera (CIARA) marcaron la necesidad de constituir un órgano de control independiente y autónomo con participación del Estado nacional, las provincias y representantes del sector privado.
En la mesa habrá representantes del sector agroindustrial como CIARA, la Bolsa de Comercio de Rosario, la Unión Industrial Argentina, la Sociedad Rural Argentina, las terminales portuarias, armadores y operadores del transporte fluvial de los tramos norte y sur, agentes marítimos de buques y un representante de la denominada "carga Brasil". "No podíamos dejar al agro afuera. Tiene que estar", había anticipado Arreseygor días atrás, en el Congreso de Aapresid en Rosario.
La representación territorial tampoco será menor. Además de Santa Fe estarán Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Formosa y Chaco. La vicepresidencia del Consejo, todavía vacante, deberá quedar justamente en manos de uno de esos representantes provinciales.
El Consejo estará presidido por Iñaki Arreseygor, director ejecutivo de la ANPYN, mientras que Carlos Alberto Ferrari será el secretario ejecutivo. A las provincias y usuarios se sumarán representantes del Sindicato del Personal de Dragado y Balizamiento, Prefectura Naval Argentina, la Cámara Argentina de Actividades de Practicaje y Pilotaje y el Servicio de Hidrografía Naval.
El objetivo será generar una instancia estable para analizar información sobre la operación, desarrollo y desempeño de la infraestructura. También podrá discutir mejoras en el sistema de navegación, incorporación de tecnologías e innovaciones que permitan aumentar la eficiencia, fortalecer la seguridad y reducir costos.
Entre otros elementos, se establece "una comisión específica de seguridad donde el Ministerio participe junto a Prefectura Naval, exigiendo a las terminales y al concesionario tecnología de monitoreo de bultos y cámaras conectadas para blindar la vía navegable”, según explicó días atrás el ministro de Producción santafesino, Gustavo Puccini. El Gobierno de Maximiliano Pullaro también empujaba la creación del organismo.
Hay, sin embargo, una frontera establecida por el Gobierno nacional. El Consejo tendrá carácter consultivo y sus recomendaciones no serán vinculantes. Las competencias regulatorias, técnicas y contractuales continuarán exclusivamente en manos de la ANPYN, que seguirá funcionando como autoridad de aplicación de la concesión.
Para los privados santafesinos, de todos modos, el valor está en la institucionalización de una mesa que permitirá seguir de cerca variables especialmente sensibles para la competitividad del complejo exportador. Obras, profundidad de navegación, dragado, balizamiento y tarifas podrán pasar periódicamente por un ámbito donde estarán sentados quienes utilizan cotidianamente la vía navegable.
Otro de los puntos destacados por el sector privado es la duración prevista para el esquema. El Consejo está concebido para acompañar la nueva etapa de la hidrovía en un horizonte de 25 años, en línea con el plazo de la concesión adjudicada a Jan De Nul-Servimagnus para la modernización, ampliación, operación y mantenimiento del corredor.
Como contó Letra P, el Gobierno adjudicó en junio la concesión después del proceso licitatorio llevado adelante por la ANPYN. El contrato contempla las tareas de dragado y balizamiento, la profundización progresiva del canal y la incorporación de tecnología con el objetivo oficial de reducir los costos logísticos y mejorar la competitividad del sistema.
La continuidad temporal del órgano aparece, por eso, como uno de los elementos valorados en Santa Fe: la representación de provincias y usuarios no quedaría circunscripta a la puesta en marcha del contrato, sino que podrá acompañar su desarrollo.
El primer movimiento se dará con la sesión inaugural del plenario. Allí cada uno de los sectores deberá presentar sus apoderados titulares y suplentes y las provincias elegirán entre sus representantes al vicepresidente. La ANPYN, además, presentará un primer informe bimestral sobre el estado general de la VNT, con datos de operatividad, tráfico, dragado y balizamiento. Después llegará el turno de las comisiones de trabajo, que tendrán carácter técnico y elaborarán informes, propuestas y recomendaciones para ser tratadas por el plenario.
Para Santa Fe, el esquema termina de completar una discusión que acompañó todo el proceso de privatización de la hidrovía: quién controla, quién participa y qué capacidad tendrán los usuarios para hacer escuchar sus planteos durante una concesión que atravesará varios gobiernos. La respuesta que empieza a ensayar la Nación conforma al círculo productivo de la provincia. Al menos, ahora tendrá un lugar formal en la mesa.
