Incluyó pedidos y logró el apoyo de UP y aliados. El texto garantiza pensiones y fecha máxima para pagar la compensación. Interna oficialista.
En una maniobra que expuso las internas del Gobierno, el bloque La Libertad Avanza de Diputados logró imponer un proyecto integral sobre discapacidad, que tuvo respaldo de todos los bloques y, de sancionarse en el Senado, terminará con la situación de emergencia. El texto fue negociado por los aliados, liderados por Oscar Herrera Ahuad, y tuvo el apoyo final de un sector de Unión por la Patria.
El proyecto fue aprobado con 237 votos a favor. Votaron en contra ocho representantes de Córdoba, por presión de las organizaciones de la provincia. Se plegaron los seis que responden al gobierno local, además de la monobloquista Natalia de la Sota y Gabriela Estévez (Unión por la Patria). También pulsó el botón rojo Lourdes Arrieta, de Provincias Unidas. Se abstuvieron los cuatro diputados del Frente de Izquierda.
Unión por la Patria había impulsado el debate en comisiones para aprobar la prórroga por un año de la emergencia, una alternativa que propone la ley sancionada hace un año por presión de la oposición, cuando Javier Milei había congelado los valores de las prestaciones y eliminaba pensiones a diario.
El oficialismo dobló la apuesta con un dictamen que presentó como superador, fue modificado hasta último momento y logró el aval de casi todas las fuerzas políticas. El peronismo definió su respaldo luego de que Herrera Ahuad (Argentina Federal) lograra el compromiso de La Libertad Avanza para tener las últimas modificaciones que había pedido. Consistían en garantizar el pago de compensaciones y delimitar las condiciones para el pago de pensiones, temas que no estaban claros en el dictamen mayoritario.
El exgobernador de Misiones fue el artífice del acuerdo: participó de la redacción, negoció con el Gobierno, representó a los aliados y se acercó a UP, a través de Victoria Tolosa Paz. Los diálogos llegaron luego de que el diputado también tomara el contacto con los colectivos de discapacidad.
La sorpresa fue que el bloque oficialista se mostró dispuesto a llegar a un acuerdo integral con un texto que difiere del que Javier Milei envió en marzo al Senado y replicó en un capítulo de la ley de Presupuesto. Martín Menem jugó su interna con el asesor Santiago Caputo, padrino de Mario Lugones, el ministro de Salud y artífice del ajuste en discapacidad.
El riojano también marcó un desafío a Toto Caputo, el ministro de Hacienda, que siempre se opuso a disponer fondos para el sector. Como prueba de su victoria interna, Menem recibió a Karina Milei antes de la votación, aunque no subió al palco.
Lugones, empresario de la salud, tuvo a cargo el área desde su arribo al Ministerio y jugó a fondo para eliminar la cobertura universal, indexada por inflación, como ocurre desde hace un año. Congeló por dos años las prestaciones y, cuando la Justicia lo obligó a indexarlas, intentó sin éxito eliminar el sistema que rige desde hace tres décadas.
Para evitarlo, Menem activó un acuerdo fue ejecutado por la diputada Gisele Castelnuovo, cercana a Lule Menem. La otra negociadora de La Libertad Avanza fue Laura Rodríguez Machado. Entre los aliados se destacó además Karina Banfi (Adelante Buenos Aires). "Independientemente del resultado de la votación, hemos hecho lo correcto. Escuchamos a todos, modificamos lo que teníamos que modificar. Buscamos la estabilidad, la sostenibilidad real y posible para las personas con discapacidad", dijo Castelnuovo.
La diputada intercambió borradores con Herrera Ahuad, habló con prestadores y antes de la sesión se reunió con referentes de Unión por la Patria. Al tener una votación con tanto respaldo, Milei queda condicionado a un eventual veto. El negociador de UP fue Juan Marino, promotor de la prórroga de la emergencia.
El jefe de la bancada peronista, Germán Martínez, reivindicó el acuerdo. "El 75% de la ley de emergencia es parte de este proyecto. Por eso reivindico el acuerdo, como también la intención de Marino de abrir este debate", destacó.
El consenso empezó a gestarse en la reunión de labor parlamentaria, donde se juntan las autoridades de bancadas. Herrera Ahuad propuso leer las modificaciones en el recinto ni bien comience la sesión, para no dejar dudas. El proyecto garantiza la continuidad del sistema de prestaciones básicas, con coberturas universales y un fondo compensador, compuesto con un porcentaje de los aportes a obras sociales y prepagas.
Con esa caja se financia las terapias, con la administración del Ministerio de Salud, que, además, debe cubrir a quienes no tienen cobertura, mediante el programa Incluir Salud. Uno de los cambios que impuso Ahuad fue el de incorporar de manera expresa una partida presupuestaria para financiar las obligaciones del sector.
Otra modificación: el texto final fijó los requisitos que rigen desde la emergencia, como el de no tener dos salarios mínimos y no aprobar otra pensión.
La oposición quitó un párrafo que permitía cambiar las condiciones en la reglamentación. Pero dejó la opción de revisarlas mediante un estudio socioeconómico. Un borrador oficial también causó rechazo porque permitía suspender las pensiones preventivamente. Sólo podrá hacerse si no responde a una notificación.
El Gobierno también aceptó garantizar la continuidad de la cobertura sanitaria de las personas beneficiarias con pensiones. El dictamen original era capcioso y habilitaba a cortar prestaciones de Incluir Salud a personas con discapacidad que tuvieran pensiones bajo la figura de "invalidez laboral", que seguirá vigente y tendrá su propio régimen.
La negociación más difícil fue por el pago de las compensaciones pendientes de pago a los prestadores. Se trata de un aporte que definió la ley de emergencia por los retrasos de 2024 y nunca se canceló. El proyecto aprobado señala que esas deudas deberán ser reconocidas dentro de los 30 días y los pagos efectuarse en un plazo máximo de 60 días, una vez que los prestadores hayan completado la documentación y los procedimientos requeridos.
Con apoyo de la iglesia, los colectivos de discapacidad de Córdoba se molestaron por la falta de participación en el debate. De la Sota buscó que el debate volviera a comisión y no tuvo consenso. El Frente de Izquierda se abstuvo, porque consideró que había cuestiones del sector que no estaban cumplidas.
Le respondió su coterránea Rodríguez Machado. "Estuvimos escuchando a todos los bloques. Tal vez a Córdoba le falten otros interlocutores", atacó. La diputada sostuvo que la votación "hizo historia" y agradeció a la mesa política del Gobierno "que respeta el Congreso". Dejó un mensaje para el Presupuesto. "Va a pasar lo que queramos nosotros", desafió.
